Denuncias por minería ilegal crecieron 53% lo que va del 2026

En 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron las 100 toneladas y prácticamente igualaron a las formales. Su valor, además, fue 55% mayor al de 2024. El crecimiento de esta economía ilegal también se observa en el aumento de denuncias y de operaciones financieras sospechosas asociadas a la actividad.

En ese contexto, el próximo gobierno enfrentará un problema ya consolidado, mientras que las propuestas electorales no solo son insuficientes, sino que algunas —como las de Juntos por el Perú— perjudicarán a la minería formal.

Entre enero y abril de 2026, las denuncias por minería ilegal llegaron a 1,025: 53% más que en el mismo periodo de 2025. Este salto ocurre en un contexto de precios del oro por encima de los US$ 4,500 por onza, lo que ha vuelto a esta actividad especialmente rentable. A ello se suma la débil capacidad del Estado para frenar economías ilegales que, en zonas como Pataz y Tambopata, incluso conviven con cultivos de hoja de coca.

La concentración regional también es clara. Madre de Dios concentró el 35% de las denuncias nacionales, con 359 casos en el primer cuatrimestre, más del triple que en el mismo periodo de 2025. Le siguieron Áncash y Ucayali, con 55 denuncias cada una, y Puno, con 47.

Además, varias regiones aceleraron con fuerza: Lambayeque y San Martín duplicaron sus denuncias, y Puno las triplicó. Esto confirma que la minería ilegal ya no se limita a corredores tradicionales como Pataz, La Pampa o el sur de Puno.

Según la UIF de la SBS, en 2025 los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a posibles delitos de minería ilegal alcanzaron US$6,036 millones, un máximo histórico que triplica el promedio anual de la última década (US$1,852 millones). La velocidad de expansión es lo más preocupante: entre 2016 y 2025, el monto reportado se multiplicó por ocho, mientras que los ROS asociados al resto de delitos se triplicaron en el mismo periodo.

Las plazas donde se mueven estos recursos están claramente identificadas. Lima y Callao encabezan con US$2,738 millones, seguida de Puno (US$1,984 millones) y La Libertad (US$727 millones). En conjunto, estas tres regiones concentran el 90% del monto total reportado en 2025.

Puno pasó de 64 ROS en 2024 a 465 en 2025 —su máximo histórico—, lo que la consolida como nodo financiero clave de la minería ilegal en el sur del país, mientras que, en La Libertad, donde opera el corredor de Pataz, los reportes se quintuplicaron.

Pese a la urgencia, las propuestas de los principales partidos con opción electoral resultan insuficientes. Ninguno plantea eliminar el REINFO ni establecer plazos improrrogables para la formalización, a pesar de que apenas el 2.4% de los inscritos ha logrado formalizarse en más de una década. Más aún, las bancadas de Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP) votaron a favor de la quinta prórroga consecutiva del REINFO en diciembre de 2025.

A ello se suman propuestas altamente contraproducentes en dos frentes. El primero es el tratamiento de las concesiones: FP propone imponer plazos obligatorios de exploración y producción, mientras que JPP va más lejos y plantea reducir la vigencia de las concesiones de 30 a 5 años.

Este último ignora que un proyecto minero formal tarda en promedio 40 años en iniciar producción, según cálculos del IPE. Lejos de acelerar la formalización, estas medidas generan incertidumbre jurídica, desincentivan la inversión y dejan territorios vacíos que la minería ilegal ocupará con facilidad.

El segundo frente es la comercialización del oro: JPP propone que el Estado tenga exclusividad en la compra y venta del mineral. En un mercado con baja trazabilidad, el Estado no podrá verificar el origen del oro y terminará legitimando la producción ilegal.

Por el contrario, el país necesita una estrategia integral para combatir la minería ilegal: formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida, presencia real del Estado y cooperación transfronteriza.