Cargando análisis estratégico...
Ciudad de México, 2 jun (EFE).- Estados Unidos propuso aranceles adicionales del 10 % a bienes de México y otras 13 economías, y del 12,5 % a 46 países más, por importaciones vinculadas al trabajo forzoso.
Ante ello México trabajará con Estados Unidos y presentará argumentos para evitar esta imposición de aranceles propuestos por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), apuntó ese martes en un comunicado, la Secretaría de Economía (SE) de México.
La dependencia indicó que este 2 de junio, la USTR hizo pública, como parte de la investigación de la Sección 301 sobre países que realicen importaciones de bienes producidos bajo "trabajo forzoso", una propuesta para imponer medidas arancelarias adicionales a diversos países.
La medida propuesta, añadió la SE, "deriva de una investigación que señala la presunta falta de prohibición y aplicación efectiva de 60 países —incluyendo la Unión Europea, Reino Unido, Canadá y México— para impedir la importación de bienes producidos con trabajo forzoso en terceras naciones".
Como resultado de dicha investigación, la USTR propone un incremento del 10 % a las importaciones provenientes de México, así como de 13 economías adicionales, incluyendo a la Unión Europea, Canadá, Argentina y Reino Unido.
Mientras que para las 46 economías restantes sujetas a la investigación, Estados Unidos propone aranceles adicionales del 12,5 %.
Sobre la propuesta, la SE precisó que la investigación bajo la Sección 301 de USTR "está relacionada con una estrategia para substituir los aranceles impuestos en medidas previas como IEEPA (que fueron eliminados por la Suprema Corte) y la Sección 122 (cuyo vencimiento será el próximo 24 de julio)".
Añadió que "se trata de una propuesta, no de una medida definitiva" y que el proceso preliminar requiere la recepción de comentarios, consultas y discusiones que se llevarán a cabo durante los siguientes 45 días.
"México confía en que la propuesta arancelaria será modificada en función de los resultados de las mesas de discusión bilateral que México y Estados Unidos continuarán sosteniendo en las próximas semanas, como parte de la revisión del T-MEC", expuso Economía de México.
El Gobierno de México respaldó extender el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años más, al considerar que el acuerdo ha dado estabilidad económica, certeza jurídica y ha sido un motor para atraer inversión extranjera directa.
La postura aparece en una carta fechada el 1 de junio y firmada por el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, dirigida al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y al ministro canadiense responsable de Comercio, Dominic LeBlanc, como parte de los preparativos para la primera revisión conjunta del tratado.
El T-MEC entró en vigor en 2020 y prevé una primera revisión conjunta el 1 de julio de 2026, aunque las negociaciones ya han comenzado tras primeros acercamientos formales, en donde las tres partes evalúan su funcionamiento y, sobre todo, su integración en una relación trilateral aún más compleja por la postura arancelaria de Estados Unidos.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *
Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.
Recibir un correo electrónico con los siguientes comentarios a esta entrada.
Accede a la nota completa y mantente a la vanguardia de los movimientos financieros globales.
Leer artículo en Nevaco GlobalNevaco Report — Monitoreo en tiempo real de mercados globales y análisis macroeconómico.
Si El Representante Comercial de Estados Unidos propuso este martes la imposición de un arancel de 10% o más a decenas de socios comerciales, México incluido, tras una investigación sobre presuntos casos de trabajo forzoso. Un informe publicado por el representante comercial (USTR, por sus siglas en inglés) señala que Canadá, México, Taiwán y el [...]
Tegucigalpa, Honduras.- Honduras endurecerá el control y la fiscalización sobre los negocios de origen chino ante su rápido crecimiento tras la apertura de relaciones con Pekín en 2023, una medida que cuenta con el respaldo de la gran empresa pero despierta recelos entre las micro, pequeñas y medianas empresas ( Mipymes ). La iniciativa legislativa, aprobada la semana pasada tras ser presentada por el diputado oficialista Mario Pérez, instruye a las autoridades a auditar de inmediato la legalidad de estos comercios, el cumplimiento del pago de impuestos, el origen y control de sus importaciones, el estatus migratorio del personal y la posible fuga de divisas. Pérez, parlamentario del conservador Partido Nacional, dijo al presentar la moción que no se opone a la nación asiática, pero lamentó que, tras más de tres años de relaciones diplomáticas con China, el resultado visible sea la proliferación de comercios minoristas en lugar de inversiones industriales a gran escala que generen empleo. Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han precisado la cantidad de negocios de origen chino abiertos en el país centroamericano en los últimos años. La expansión de estos establecimientos coincide con un notable incremento del flujo migratorio desde el país asiático, que pasó de 403 personas en 2020 a más de 5.000 en 2025, según los registros oficiales La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, respaldó la fiscalización estatal, aunque enfatizó que el cumplimiento de la ley debe aplicarse a todos los actores económicos por igual, independientemente de su origen. "De cualquier actividad económica que realicemos en el país, debemos de cumplir leyes, debemos de cumplir reglas, reglamentos que hay, debemos de pagar impuestos", subrayó Gallardo a EFE. Aunque la líder patronal aclaró que el sector privado organizado no ha identificado directamente prácticas de competencia desleal por parte de los empresarios chinos, advirtió que la informalidad sigue siendo un problema para la economía nacional y reduce los ingresos del Estado para invertir en infraestructura, educación y salud. Gallardo indicó además que pequeños y medianos empresarios han expresado preocupación por una posible desventaja comercial, por lo que instó al Gobierno a garantizar que todos los negocios operen bajo el marco legal hondureño y abogó por proteger la producción nacional mediante campañas de consumo interno. Por su parte, el presidente de la Federación Hondureña de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Femise), José Castañeda, calificó la regulación de "irrisoria" y afirmó a EFE que las Mipymes difícilmente pueden competir con la capacidad productiva de China. "Cuando entra el producto chino se mueren empresas nacionales", aseguró Castañeda, quien atribuyó el problema a la falta de políticas públicas integrales para fortalecer la producción nacional. El representante de las Mipymes —sector que genera el 76 % del empleo en Honduras pero solo aporta el 34 % al Producto Interno Bruto (PIB)— señaló que las pequeñas empresas hondureñas operan en una "economía de subsistencia" y consideró prioritario impulsar la producción nacional, especialmente de alimentos. “Necesitamos comenzar a producir comida urgentemente en Honduras”, enfatizó, tras asegurar que este tipo de supervisiones impositivas en el mediano y largo plazo terminarán "afectando al consumidor hondureño". Castañeda también defendió que Honduras debería priorizar una estrategia de desarrollo basada en formación, producción y políticas económicas de largo plazo, en lugar de depender solo de medidas de control sobre los comercios extranjeros. La aprobación de esta iniciativa se produce en medio de un debate en Honduras sobre el balance económico y los beneficios concretos de la relación bilateral con China, establecida el 26 de marzo de 2023 tras la ruptura de vínculos diplomáticos con Taiwán. El tema cobra especial relevancia bajo el Gobierno del presidente hondureño, Nasry 'Tito' Asfura, cuya administración iniciada el pasado enero ha mostrado una mayor sintonía con Washington y ha recibido el respaldo abierto del mandatario estadounidense, Donald Trump, en momentos en que Estados Unidos impulsa una estrategia orientada a limitar la expansión de la influencia china en América Latina.