Vote por Cepeda: Paz y futuro climático de Colombia y el mundo

Las elecciones en Colombia este domingo 31 de marzo podrían convertirse en uno de los primeros grandes referendos climáticos de las Américas. Lo que está en juego no es simplemente la continuidad del Pacto Histórico de Gustavo Petro, sino la supervivencia de un experimento ambicioso: si una nación en vías de desarrollo, durante décadas dependiente del petróleo, la extracción, las carreteras y la desigualdad, puede reinventarse a través de ferrocarriles eléctricos, energías renovables, reforma agraria y la protección de la Amazonía. Para los seguidores del senador Iván Cepeda, el voto representa continuidad, pero también innovación.

El presidente Petro trajo una tecnología de la era industrial a un gran proyecto ambiental: el tren. Bajo su gobierno, Colombia ha dado un salto hacia la creación de la red de ferrocarriles eléctricos más avanzada de América Latina, utilizada tanto para transporte industrial como civil. Más de 1.800 kilómetros de vías reactivadas y nuevas líneas planeadas están en proceso de conectarse a través de la compleja geografía nacional, un paisaje atravesado por tres cordilleras, grandes ríos y dos océanos.

La recuperación de esta vieja tecnología es apenas una parte de los grandes cambios impulsados por este gobierno, conocido como el Pacto Histórico, que el candidato presidencial Iván Cepeda busca continuar. Otros aspectos clave de las políticas pro-Tierra de Petro incluyen romper la dependencia de las energías no renovables, reducir la exploración y explotación petrolera, y un gran esfuerzo por proteger la cuenca amazónica, también conocida como el pulmón del mundo y hogar de miles de especies animales y vegetales, además de ríos fundamentales para la supervivencia del planeta. Colombia también ha desempeñado un papel internacional destacado coordinando esfuerzos con otras naciones y organizando en 2025 la Conferencia Amazónica de Bogotá.

Lo que hace verdaderamente novedoso el historial ecológico de Petro es la forma en que conecta la justicia social directamente con la acción climática global. En lugar de tratar la conservación como un asunto secundario, su administración considera la salud ambiental como la base del futuro económico del país.

El núcleo de esta estrategia es un compromiso audaz de romper la “adicción” de Colombia a los combustibles fósiles. En una ruptura dramática con los modelos económicos tradicionales de América Latina, Petro detuvo todos los nuevos contratos de exploración de petróleo y gas. En su lugar, su política impulsa una transformación estructural hacia la energía eólica, solar e hidroeléctrica, pasando la página de décadas de dependencia de las materias primas.

Este cambio radical de paradigma ha provocado intensos debates sobre su impacto económico inmediato, enfrentando al gobierno con instituciones financieras tradicionales. Economistas del establishment y exfuncionarios financieros se oponen firmemente al enfoque, advirtiendo que cortar los nuevos contratos petroleros y gasíferos —que históricamente representan aproximadamente el 10% del PIB colombiano y más del 30% de las exportaciones del país— amenaza la seguridad energética y la estabilidad fiscal nacional. Los críticos señalan que la disminución de la inversión extranjera en energía, sumada a la degradación de la calificación crediticia soberana, ha presionado fuertemente las finanzas públicas y ampliado el déficit fiscal.

Sin embargo, la administración Petro y economistas favorables a la transición argumentan que continuar dependiendo de un mercado global de materias primas en declive expondría a Colombia a pérdidas futuras aún más catastróficas. Sostienen que la fricción financiera actual es un sacrificio necesario para financiar la diversificación verde, la agricultura y el ecoturismo a largo plazo.

Para contrarrestar el impacto de abandonar gradualmente los combustibles fósiles, el gobierno Petro ha apostado agresivamente por la agricultura regenerativa y el ecoturismo internacional como pilares gemelos de la nueva economía colombiana.

Al convertir el “pulmón del mundo” y el campo colombiano en activos económicos vivos, el gobierno busca demostrar que una nación puede generar riqueza a través de la vida y la conservación, y no únicamente mediante la extracción.

Simultáneamente, Petro ha defendido la protección de la Amazonía en el escenario global. Su gobierno trata a las redes criminales responsables de la deforestación como amenazas a la seguridad nacional, mientras financia a comunidades locales e indígenas para actuar como guardianes remunerados del ecosistema. Al cambiar los incentivos económicos de la destrucción hacia la preservación, Colombia ha luchado activamente para evitar que la Amazonía alcance un punto de no retorno ecológico.

Al modernizar el transporte mediante ferrocarriles eléctricos, rechazar nuevas dependencias petroleras, promover la agricultura regenerativa y convertir la Amazonía en un tema geopolítico central, el Pacto Histórico ha intentado algo poco común en el mundo en desarrollo: vincular simultáneamente la supervivencia ambiental con la modernización económica y la justicia social.

Las próximas elecciones, por tanto, representarán mucho más que una contienda política rutinaria. Determinarán si Colombia continúa por un camino difícil, polémico, pero profundamente ambicioso de transición verde, o si regresa al modelo extractivista que dominó gran parte de América Latina durante generaciones.