Supremo Tribunal Federal revisa casos clave sobre Amazonía y tierras indígenas

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El Supremo Tribunal Federal de Brasil se dispone a analizar en los próximos días una serie de casos que podrían redefinir las protecciones de la selva amazónica y de las comunidades indígenas que dependen de ella.

Los casos abarcan desde los derechos territoriales indígenas, los recientes retrocesos en salvaguardas ambientales y proyectos de infraestructura. Pese a sus diferencias, comparten un mismo camino hasta el tribunal.

En los últimos años, un Congreso mayoritariamente conservador aprobó medidas que, según ambientalistas, vulneran derechos constitucionales. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuya administración ha impulsado una agenda más centrada en el medio ambiente, vetó total o parcialmente algunas medidas.

Pero los legisladores anularon esas objeciones, y las disputas finalmente llegaron al Supremo Tribunal Federal, que, para los defensores del medio ambiente, se ha convertido cada vez más en la última línea de defensa frente al debilitamiento de las protecciones ambientales en Brasil.

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Los casos ilustran las limitaciones que enfrenta la administración de Lula. Pese a logros notables en la reducción de la deforestación y en orientar recursos para fomentar inversiones ecológicas, el gobierno a menudo ha tenido dificultades para contrarrestar a un Congreso conservador en el que los intereses del agronegocio ejercen una gran influencia.

"El gobierno es muy débil en el ámbito legislativo", afirmó Suely Araújo, coordinadora de políticas del Observatorio del Clima, una red de organizaciones ambientalistas sin fines de lucro. "A menudo se opone a proyectos de ley antiambientales, pero le falta fuerza política para persuadir al Congreso de que vote con él".

El gobierno de Lula no solo es minoría en el Congreso, sino que además tiene menos margen de negociación que gobiernos brasileños anteriores. En los últimos años, los legisladores han adquirido mayor control sobre el presupuesto federal, una herramienta clave de la negociación política.

El agronegocio, uno de los sectores económicos más poderosos de Brasil, también tiene mayoría en el Congreso y ha impulsado medidas que debilitan las protecciones ambientales. Como resultado, el Supremo Tribunal Federal ha surgido como un contrapeso al Congreso, ayudando a preservar partes de la agenda ambiental de Lula cuando los legisladores presionan en la dirección opuesta.

La oficina del jefe de gabinete de la Presidencia, que coordina las relaciones del gobierno con el Congreso, indicó en un comunicado a The Associated Press que no comentaría sobre casos pendientes ante el Supremo Tribunal Federal.

Brasil es el mayor productor mundial de soya y carne de res. Si bien la mayor parte de la carne de res brasileña se consume en el mercado interno, la mayor parte de la soya se exporta. De enero a julio de 2026, China, el mayor socio comercial de Brasil, compró el 50% de sus exportaciones de carne de res y el 70% de sus exportaciones de soya, según datos oficiales de comercio.

La expansión de la frontera agrícola de Brasil, en particular para la ganadería y la producción de soya, es la principal causa de deforestación del país, gran parte de ella en Amazonía.

El Frente Parlamentario Agropecuario no respondió a una solicitud de comentarios. Los grupos del agronegocio han sostenido durante mucho tiempo que se oponen a la deforestación ilegal y señalan el aumento de la productividad agrícola aun cuando ha disminuido la tala de bosques.

Proteger la selva tropical es crucial para enfrentar el cambio climático. Amazonía ayuda a regular el clima y los patrones de lluvia y almacena enormes cantidades de carbono que, si se liberaran, podrían acelerar aún más el calentamiento global.