Las nuevas medidas económicas y sociales anunciadas por Cuba, explicadas

El 18 de junio, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunciaba un conjunto de medidas destinadas a reactivar la economía nacional y realizar transformaciones económicas y sociales durante su intervención en la tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

Periodismo de Barrio responde varias preguntas esenciales para comprender el alcance de los cambios que se implementarían en el país.

¿Cómo cambiaría la intervención del Estado en la economía cubana?

Las nuevas medidas incluyen una descentralización de las decisiones económicas en favor de mayor autonomía para las empresas estatales y el sector presupuestado. Así, se amplían las facultades del sistema empresarial estatal para que opere en condiciones similares al resto de los actores económicos; se les autoriza la aprobación de los precios mayoristas y minoristas; y se faculta a las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y a las empresas para decidir sobre la creación, fusión y liquidación de empresas y micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) estatales, sin depender de la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación.

Además, las entidades que participan en las cadenas de suministros tendrán acceso al mercado cambiario; las escalas salariales podrán ser negociadas con los trabajadores y el sindicato, en función de las capacidades económicas y financieras de las empresas; se permitirá que realicen inversiones y moneticen activos subutilizados mediante arrendamiento a largo plazo a diferentes actores de la economía y la inversión extranjera, así como transformarlas en sociedades mercantiles por acciones o participaciones y que puedan comprar acciones a otras empresas.

De igual forma, se plantea reducir la cantidad de ministerios y estructuras presupuestadas del Estado, eliminar la aprobación administrativa para el ejercicio del pluriempleo en algunos sectores, implementar incentivos para retener la fuerza de trabajo calificada, facultar a los empleadores para aprobar jornadas laborales reducidas, permitir el teletrabajo desde el exterior e incluir la superación en el extranjero por interés personal como causa justificada de la suspensión del cumplimiento del servicio social, con la conformidad del empleador.

También, realizar una reforma salarial en el sector, con un incremento del salario mínimo de 2.100 a 3.210 pesos cubanos (CUP) y la actualización en las demás escalas salariales a partir de julio, y evaluar la posibilidad de poner en práctica un incremento anual, en función de la inflación y las posibilidades del país.

¿Cuáles son los principales cambios en el sistema de planificación económica?

Marrero Cruz señaló que resulta vital transformar el sistema de planificación a partir de una transición a través de la cual el Estado abandona progresivamente la distribución física de recursos y le da mayor participación a las señales del mercado.

De este modo, las empresas estatales accederán de forma descentralizada a insumos, divisas, combustibles y otros recursos para su producción mediante mecanismos de mercado y se ampliarán los límites de aprobación de las inversiones.

En este contexto, se plantea una transformación digital como base de la gestión del gobierno. Las acciones incluyen crear un nodo tecnológico nacional de software y hardware e inteligencia artificial, con el fin de emplear esta última en la administración pública; aplicar un sistema de remuneración competitivo que tribute al impulso de la exportación de servicios profesionales en tecnologías digitales e inteligencia artificial; permitir la inversión extranjera en la ampliación de las capacidades de los centros de datos de Etecsa; además de autorizar al sector privado a brindar servicios de centros de datos que no alojen plataformas de gestión de infraestructuras críticas del país.

Por su parte, habrá cambios en la autonomía en la gestión de los municipios, con mayores responsabilidades en la planificación del desarrollo económico, la gestión presupuestaria y la prestación de servicios; la posibilidad de exportar e importar directamente y de estimular y gestionar la Inversión Extranjera Directa (IED); la creación de fondos municipales a partir del aporte de las utilidades del sistema empresarial; el establecimiento del pago de la recogida de desechos sólidos urbanos, mediante la aplicación de tarifas diferenciadas sin subsidios y subsidiadas para los hogares; así como el reconocimiento de las asociaciones entre municipios para proyectos y servicios compartidos.

Paralelamente, si bien en la Asamblea Nacional del Poder Popular se ratificó que se mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, se introducen cambios en las formas de propiedad, al permitir la compra de acciones de empresas y propiedades estatales por parte de personas naturales y jurídicas estatales, no estatales, nacionales y extranjeras; así como reconocer el crecimiento legítimo del patrimonio financiero y material de las personas jurídicas y naturales.

Al mismo tiempo, se amplían las posibilidades para las formas de gestión no estatal, con la autorización de la creación de MIPYMES y cooperativas no agropecuarias pendientes de aprobación en la plataforma de actores económicos, la reducción de trámites para la constitución y operación de negocios, el incremento del límite de contratación a más de 100 trabajadores en las MIPYMES, la autorización para que una persona natural pueda ser titular o poseer acciones de más de una empresa privada, y la ampliación de las formas societarias bajo las que pueden organizarse las empresas privadas.

De igual forma, se conceden derechos reales en usufructo y superficie a empresas privadas o cooperativas, con el fin de realizar inversiones para el desarrollo de sus actividades productivas o de servicios; se autorizan los depósitos de divisas en efectivo para actores no estatales y su acreditación en cuentas bancarias en la misma moneda depositada, además del derecho de extraerlo; y la reducción de la lista de actividades prohibidas para los actores económicos no estatales.