El pasado 25 de octubre, los brasileños decidieron renovar su confianza en Lula da Silva, que remontó en la segunda vuelta y frenó la ola conservadora que Washington había alentado en la región. Fue un resultado seguido con atención en la Casa Blanca.
El próximo martes, la mirada se invertirá y serán los estadounidenses quienes decidan si renuevan o retiran la suya a quienes hoy gobiernan, en unos comicios cuyo desenlace también se observará con interés desde América Latina.
En una democracia, las elecciones son un mecanismo de rendición de cuentas mediante el cual la ciudadanía premia o castiga a quienes están en el poder, renovándoles la confianza con su voto o retirándosela con el voto en contra o a favor del contrario.
Esto es particularmente visible en las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms) en Estados Unidos, en las que los actos del presidente tienen una fuerte influencia sobre los resultados que obtenga su partido. En estas elecciones, los republicanos se enfrentan a las consecuencias de las acciones del presidente Trump durante los dos primeros años de mandato y, por supuesto, la política exterior es parte del conjunto de esas acciones sometidas a escrutinio.
Cabe preguntarse, entonces, qué se puede esperar de estas midterms en política exterior y, particularmente, qué significan para Latinoamérica. Aunque la política exterior no cambie necesariamente con la reconfiguración de las fuerzas en el Congreso, lo que sí cambia es el coste de esta política en términos políticos.
Lo primero y muy importante es echar un ojo a las proyecciones. Todo parece indicar que la composición de las cámaras cambiará y los demócratas ganarán el control, al menos, de la Cámara de Representantes —si no también del Senado—. En esto hay que resaltar el giro en la intención de voto de la población latina.
Mientras en 2024, Trump obtuvo el 48 % del voto hispano, las encuestas de estos momentos muestran un apoyo que apenas llega al 35 % contra un 59 % decidido a votar por el Partido Demócrata. Esto está vinculado, sobre todo, a la situación económica, a las políticas migratorias y, en algunas comunidades, al manejo de la situación en Venezuela.
Ahora bien, este cambio en la composición del poder en Estados Unidos no implica un giro en la política exterior. Por más que pueda haber una ilusión de cambio, esto es muy difícil por dos cuestiones. En primer lugar, la política exterior estadounidense es sumamente estable y, si bien tendemos a concentrarnos en lo que cambia de gobierno a gobierno, esto no son más que cambios pequeños, mientras lo esencial de la política exterior se mantiene.
En segundo lugar, el control legislativo, en la práctica, es muy limitado y la mayoría de las decisiones en materia de política exterior no requieren pasar por el Congreso. De hecho, la mayoría de los presidentes ha eludido el control legislativo cuando de acción exterior se trata. Por lo tanto, lo que traerá el cambio en la composición del poder no será un nuevo rumbo, sino mayor desacuerdo entre el legislativo y el ejecutivo y, con ello, mayor confrontación.
Que la dirección no cambie, sin embargo, no significa que todo siga igual. La política exterior de Trump hacia la región llega a los votantes hispanos en forma de deportaciones, fin de protecciones migratorias y aranceles, y ese malestar se concentra en distritos competidos de Florida o Texas.
Un Congreso demócrata podría convertirlo en presión sobre el Ejecutivo mediante la fiscalización, el control del presupuesto migratorio y el comercio, ya que tras el fallo del Supremo sobre los aranceles el presidente depende más del aval del Congreso. Así, sin poder dictar el rumbo, el Congreso sí puede encarecer cada paso del camino.
Este cambio, en definitiva, significará una dificultad en la realización de la política interna del ejecutivo. Por ello, pese a lo que se podría creer, lo usual es que, ante estas dificultades en el plano interno, el ejecutivo se concentre más en la política exterior, que puede manejar sin demasiados obstáculos.
Esto último significa mucho para América Latina, en la que Trump ha puesto la vista desde el inicio de su mandato con su “Corolario Trump”, también conocido como “doctrina Donroe”.
La región ocupa un lugar prioritario en la estrategia de seguridad nacional de la Administración. Además, frente a una guerra en Irán cada vez más impopular, el hemisferio ofrece un terreno donde actuar con menor coste aparente.
No sería extraño, por tanto, un mayor activismo hemisférico justificado por la lucha contra el narcotráfico y el control migratorio, con Venezuela como precedente.
