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“Lo que estamos tratando de enseñarles [al Gobierno cubano] es que no hay válvulas de escape”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio al periodista Marc Caputo en Axios. Con esta frase, Rubio dejó más clara aún, por si quedaban dudas, la doctrina que Washington aplica sobre Cuba desde principios de año. No se trata de castigar una conducta puntual, sino de clausurar, una por una, todas las salidas para la isla.
Al describir el resultado de la campaña de presiones, Caputo, por su parte, escribió que Cuba es hoy “una colonia renegada de facto de Estados Unidos”, un territorio que “depende ahora de Estados Unidos para la mayor parte de su comida, combustible, medicinas y divisas; todo lo cual escasea en la isla”.
Sin petróleo, sin banca internacional, sin navieras y con la industria detenida, Cuba obtiene de Estados Unidos —o de intermediarios que operan bajo licencia estadounidense— lo esencial para funcionar: alimentos y combustibles que importa el sector privado cubano, con muchos anclajes en el sur de la Florida.
En el reportaje se sugiere que la vuelta a la dependencia de Cuba de su antigua metrópoli de facto ya se consumó. Pero esta vez sin Tratados de París, sino por vía del estrangulamiento económico (petrolero, comercial y a través de amenazas de sanciones a terceros) y el desplazamiento de otros actores económicos extranjeros, como las mineras Sherritt (Canadá) o Melbana Energy (Australia), o las hoteleras españolas Meliá, Iberostar, entre otras muchas empresas que operaban en Cuba.
Mientras las empresas extranjeras se van, las estadounidenses empiezan a ocupar el vacío. En el primer semestre de 2026, las exportaciones de combustible de Estados Unidos a Cuba llegaron a 96 millones de dólares, más de la mitad concentrados en junio.
John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, considera que “Trump y Rubio han puesto en marcha el programa de sanciones más efectivo contra un país objetivo que ninguno de sus predecesores. Existimos desde 1994 y nunca vimos nada igual”. En apenas meses, el comercio bilateral pasó de ser agrícola a ser energético.
Al mismo tiempo, se multiplican las demandas al amparo del Título III de la Ley Helms-Burton, que permite a nacionales estadounidenses litigar contra empresas que “trafiquen” con propiedades nacionalizadas tras 1959. Esa misma ley codifica el embargo y condiciona su levantamiento a la liberación de presos políticos, garantías civiles y elecciones libres.
La política de máxima presión se ha ejecutado por capas, con un minucioso y detallado enfoque hacia los puntos clave para impedir el ingreso de divisas a la economía cubana y su magra inserción internacional (servicios médicos en el exterior, turismo), incluida la colaboración militar.
El saldo de esta escalada, según el recuento de Axios, es de más de dos docenas de acciones punitivas, 40 entidades sancionadas —desde compañías extranjeras hasta los conglomerados estatales de combustible, banca y minería—, al menos 38 personas alcanzadas por sanciones económicas, restricciones de visado o revocación de residencia, y una campaña diplomática para que terceros países abandonen el programa cubano de exportación de servicios médicos, que el Departamento de Estado califica de trata de personas.
A las presiones de Estados Unidos, aunque se niegue en el discurso oficial, La Habana ha respondido con el mayor paquete de transformaciones económicas en al menos quince años.
A mediados de junio fueron aprobadas 176 medidas en menos de una semana. Con ellas, entre otras cosas, se eliminó el techo de trabajadores para las empresas privadas, se reconoció legalmente la empresa privada como categoría, se abrió la inversión extranjera directa en mipymes y se autorizó a actores privados a gestionar hoteles y servicios turísticos.
Ya operan la primera casa de cambio privada y la primera empresa mixta entre una mipyme y una compañía extranjera. Esta semana el Gobierno abrió la gestión de tiendas estatales al sector privado.
Pero Rubio afirma exactamente lo contrario. Dice que Cuba “juega al tiempo, fingiendo reformas mientras busca formas de evadir las sanciones”.
“Cada vez que crean un nuevo mecanismo para salir del lazo, nosotros simplemente lo cerramos. Desde luego, no pueden esperar a que nos vayamos. Desde luego, esto no va a desaparecer en los próximos dos años y medio”.
Y sobre toda esta ingeniería de presión económica gravita la variable de “tomar” Cuba, a la que Trump califica de Estado fallido. Varias veces ha insistido en la posibilidad de una acción militar “similar a la de Venezuela”. También ha hablado de una “toma de control amistosa”. Cuba ha advertido que un ataque provocaría “un baño de sangre”.
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