Entidades que contratan a personas con discapacidad tendrán beneficios fiscales en Cuba

Imagen de archivo de un taller con empleados con discapacidad, en la ciudad de Camagüey. Foto: Rolando Blanco Cué / ACN / Archivo.

Una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, que entró en vigor este miércoles, establece beneficios fiscales para los empleadores y las personas con discapacidad que trabajan contratados en entidades y talleres.

La normativa, publicada en la Gaceta Oficial, aprueba a las empresas de industrias locales y a los talleres que contratan a discapacitados la deducción del 150 % de los gastos por concepto de pago de salarios y contribuciones a la seguridad social, aplicable al impuesto sobre utilidades.

Otro de los beneficios expuestos es el de los empleados con discapacidad en esas entidades, para quienes se incrementa en un 50 % el mínimo exento para el cálculo y pago del impuesto sobre ingresos personales.

Asimismo, la resolución fija en un 30 % el tipo impositivo para el aporte por rendimiento de la inversión estatal en las entidades beneficiadas.

La norma también exime el pago del impuesto sobre las ventas y los servicios a los actores económicos, por las ventas mayoristas de insumos y materias primas que realicen a las empresas de Industrias Locales y los talleres donde trabajan las personas discapacitadas.

No obstante, dispone que esos actores económicos tendrán la responsabilidad de diferenciar en su contabilidad las ventas mayoristas de insumos y materias primas a las empresas de Industrias Locales y los talleres.

Al respecto, indica que la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) se encargará de establecer los mecanismos que correspondan “para garantizar el control de los beneficios otorgados”.

Además, señala que las 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno cubano el pasado junio “reconocen la necesidad de incrementar los beneficios fiscales específicos a los talleres donde laboren personas en situación de discapacidad”.

La implementación de esas reformas marcha al 91 % (160) y se han ratificado las 197 normas jurídicas que las respaldan, según el más reciente informe oficial.

El paquete de reformas busca liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda crisis por motivos internos y externos, y entre sus propuestas incluyen dinamizar la agricultura, el comercio exterior, la inversión privada y extranjera, así como dotar de mayor “autonomía” a empresas estatales y autorizar la participación del capital privado en la actividad financiera.

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