El avance imparable de la inteligencia artificial ha desatado una batalla por el poder tecnológico que ya no se libra sólo en los mercados, sino también en las esferas políticas.
Lo que hace apenas unos años era una competición entre empresas privadas por desarrollar los modelos más avanzados es hoy un pulso en el que gobiernos, multimillonarios y grandes inversores buscan ganar influencia sobre la tecnología que marcará el futuro.
El debate ya no se limita a quién liderará el negocio de la inteligencia artificial. La verdadera pregunta es quién tendrá capacidad para influir en los modelos que millones de personas utilizan cada día y, con ello, en el acceso a la información.
La última muestra de este cambio llega desde Estados Unidos. OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT, habría planteado ceder un 5% de su capital al Gobierno estadounidense, una operación que, de materializarse, supondría un giro sin precedentes en la relación entre el poder político y la empresa que ha liderado la revolución de la IA.
Pero esto no es sólo cosa de Trump; Sam Altman lleva tiempo defendiendo que la IA generará una enorme creación de riqueza y que parte de ese valor debería llegar a la sociedad mediante mecanismos similares a un fondo soberano.
Ahora bien, expertos como Manuel Pinto, analista de mercados, son bastante escépticos con este tipo de propuestas. En este caso, el analista cree que el Estado debe establecer las reglas del juego, garantizar la competencia y velar por la seguridad nacional, pero no necesariamente convertirse en accionista de las empresas que regula.
«Cuando el regulador pasa a ser también propietario, pueden aparecer conflictos de interés difíciles de gestionar», añade Pinto.
Aunque una participación minoritaria del 5% probablemente no alteraría el control efectivo de estas compañías, el mensaje que transmite es muy relevante: la inteligencia artificial pasa de ser una industria privada a convertirse en un asunto de Estado.
Si un Gobierno es al mismo tiempo regulador y accionista, puede verse tentado a tomar decisiones pensando en proteger el valor de su inversión en lugar de fomentar la competencia.
Históricamente, la innovación ha surgido en entornos donde existen competencia y libertad empresarial. Cuanto mayor sea la influencia política en las decisiones corporativas, mayor es el riesgo de ralentizar la innovación o de priorizar objetivos políticos frente a criterios económicos.
«La mejor contribución que puede hacer el sector público es ofrecer un marco regulatorio claro y estable, no sustituir al capital privado», opina el analista.
Pero el caso de OpenAI no es el único. Trump mantiene desde 2025 el 10% del capital de Intel, equivalente a 433,3 millones de acciones, mediante una inversión cercana a los 9.000 millones de dólares.
Sin embargo, el poder sobre la IA no sólo se ejerce mediante acciones, sino también mediante regulación, y es ahí donde la influencia Trump se extiende a otras empresas más allá de OpenAI o Intel.
En este sentido, el Gobierno estadounidense también ha intensificado su influencia sobre NVIDIA y Apple a través de la política industrial. En el caso de NVIDIA, las restricciones a la exportación de chips de última generación buscan limitar el acceso de China a tecnología clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, convirtiendo a la compañía en una pieza central de la rivalidad tecnológica entre ambas potencias.
Apple, por su parte, ha estado en el centro de la política comercial de la Administración estadounidense, con presiones para reforzar la fabricación nacional, reducir su dependencia de China y adaptarse a una estrategia industrial marcada por aranceles e incentivos para relocalizar la producción.
