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Cali,
octubre 9 de 2026. Actualizado: jueves, octubre 8, 2026 20:09
El nuevo cobro establecido por la Alcaldía de Buenaventura para la movilización de mercancías hacia y desde las terminales portuarias desató una controversia entre empresarios, transportadores, congresistas y autoridades distritales.
El Decreto 0338 de 2026 fija un precio público de $4.235 por tonelada de carga.
Según la Alcaldía, los recursos serán destinados a la construcción, mantenimiento y reparación de vías, además de proyectos de movilidad sostenible, ante el deterioro generado por el tránsito de vehículos pesados.
El jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía, Edison Bioscar Ruiz, defendió la medida y aclaró que el pago corresponde al generador de la carga, es decir, importadores y exportadores, y no directamente a los transportadores.
También sostuvo que se trata de un precio público por circulación y no de un impuesto.
Los gremios tienen otra lectura. Colfecar pidió suspender la aplicación del decreto y revisar sus fundamentos técnicos, jurídicos y económicos.
Su presidenta, Nidia Hernández, advirtió que el costo terminaría impactando los fletes y podría incentivar el traslado de carga hacia los puertos del Caribe.
Fedetranscarga cuestionó, además, la naturaleza jurídica del cobro.
El Comité Intergremial y Empresarial del Valle pidió derogar la medida, mientras Fenavi advirtió sobre un impacto de $13.000 millones para el sector avícola.
El senador Christian Garcés señaló que el cobro podría aumentar entre 5% y 6% los costos logísticos y afectar la competitividad regional.
El representante Santiago Castro propuso una mesa técnica con autoridades, gremios y Gobierno Nacional.
El Ministerio de Transporte también manifestó su desacuerdo y pidió evitar mayores costos para el comercio exterior.
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