Las novedades que se sucedieron en las últimas semanas permiten vislumbrar las vigas centrales del Movimiento por lo que Viene, que en poco tiempo logró romper vínculos con el histórico y desgastado liderazgo de Carlos Rovira, pero que ahora enfrenta un desafío todavía mayor: el de dar forma y contenido a un proyecto propio que vuelva a seducir a una sociedad desencantada y genere expectativas entre los actores de la economía.
Los hechos concretos dan cuenta de un Gobierno provincial que muestra decisión política de cambiar los aspectos más cuestionados de la Renovación, incluso aquellos que hasta hace apenas unos meses parecían inmutables, y revalorizar otros en una suerte de retorno a las fuentes.
Indicios que permiten vislumbrar un esquema que está en plena formación pero que por sí solos no alcanzan a definir un proyecto político en toda su dimensión.
Entre los cambios más significativos se encuentran los aplicados en materia fiscal. La suspensión de la “aduana paralela” para todas las empresas y del cobro anticipado de Ingresos Brutos para las Pymes, que abarcan más del 95% del padrón de empresas activas, es una clara muestra de la voluntad de corregir.
En el mismo sentido se puede interpretar la eliminación de las retenciones de IIBB para transferencias en billeteras virtuales y cuentas bancarias por montos que no excedan los 2.181.404 pesos mensuales.
La política tributaria que se aplica en Misiones fue diseñada hace más de dos décadas por el exdirector de Rentas de la Provincia, Miguel Thomas, y el exgobernador Carlos Rovira con el objetivo de recomponer las cuentas públicas después de una década de endeudamiento bajo la gestión de Ramón Puerta y de la hecatombe de 2001. Resultó efectiva para terminar con el déficit, pero se extendió más de lo debido y se terminó convirtiendo en un freno de mano para la actividad privada.
Dicho esquema fiscal no solo fue históricamente cuestionado desde el sector privado, sino que también expuso a la Provincia en el plano judicial. Esta semana la Corte Suprema emitió dos fallos: uno que avala un reclamo de la yerbatera correntina Las Marías que afirma que Misiones le cobró por adelantado el equivalente a 307 años de IIBB y otro de la perfumista Cannon Puntana SA que denunció que la provincia le efectúa retenciones y percepciones sobre operaciones desarrolladas fuera del territorio provincial.
Durante los más de 23 años en los que la provincia estuvo bajo la conducción política de Carlos Rovira, la política fiscal fue tema tabú. Los representantes de cámaras empresariales sabían que solo plantear la cuestión en mesas de diálogo o negociación con la Provincia era inconducente e incluso podía llevar al cierre de las conversaciones.
De allí que la decisión de Passalacqua de modificar ese esquema sea ambiciosa en el plano político, porque cambió algo que para Rovira era intocable y porque lo hizo cuando el liderazgo de El Conductor conservaba fuerza, pero además se asumió un costo fiscal en un contexto de caída de la recaudación propia y de la coparticipación.
Esa limitante económica es la que impide que los cambios en ese aspecto sean más profundos y más rápidos. Por ahora aportan un alivio necesario a Pymes, microempresas y cuentapropistas, los segmentos más golpeados por la crisis, pero resultan insuficientes para generar las condiciones que exigen las grandes inversiones privadas, como las que sí está recibiendo el sector forestoindustrial correntino.
Para eso hay que mejorar la calidad del gasto público a efectos de que cada peso que invierta el Estado tenga un sentido y un resultado. Revisar el contrato de la aplicación de telemedicina Alegramed y suspender las compras a la empaquetadora de bioinsumos Agro Sustentable son medidas que van en esa dirección.
Se trata de dos empresas vinculadas al entorno más cercano a Rovira que cobraban dinero del Estado a cambio de servicios o productos de dudosa calidad y utilidad.
Para reemplazar el servicio de Alegramed, se avanza en un desarrollo local que demandará un costo mucho menor y que debería funcionar bastante mejor.
Mientras que para continuar con la política de transición hacia los bioinsumos, se aprovechará la estructura y el trabajo de investigación de la Biofábrica, empresa que cuenta con desarrollos científicos propios certificados por las autoridades pertinentes y de probada eficacia.
Una de las novedades de la semana está justamente relacionada a esa política. En la sesión del jueves el bloque del Movimiento Misionero presentó un proyecto para derogar la prohibición al uso de glifosato.
