Ocultó aumento patrimonial de más de 1.5 millones; inhabilitan a ex administrador de Aduana de Lázaro Cárdenas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso una sanción de un año de inhabilitación a Jaime N., ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tras acreditar que presentó información falsa en sus declaraciones de situación patrimonial para ocultar un incremento injustificado en sus bienes.

De acuerdo con la dependencia, la resolución fue resultado de una investigación realizada por la Unidad de Combate a la Impunidad, la cual permitió demostrar que el ex servidor público incurrió en una falta administrativa grave al omitir información relacionada con un aumento patrimonial de un millón 532 mil 452 pesos, recursos que, según la investigación, no pudieron ser explicados ni justificados.

La Secretaría precisó que la persona sancionada conserva el derecho de impugnar la resolución conforme a la ley. En caso de que lo haga, señaló que defenderá la legalidad de la sanción con la misma firmeza con la que se desarrolló la investigación.

Asimismo, la dependencia reiteró que el combate a la corrupción requiere la participación tanto de las autoridades como de la ciudadanía, por lo que exhortó a denunciar cualquier irregularidad en el servicio público mediante el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas.

Finalmente, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que quienes incurren en actos de corrupción durante el ejercicio de un cargo público vulneran la confianza de la sociedad y deben asumir las consecuencias legales correspondientes.

Añadió que continuará impulsando acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y una política de cero impunidad en la administración pública.

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Contexto: en octubre de 2025, la discusión sobre la reforma a la Ley Aduanera ocurrió en medio de un debate entre el gobierno federal y el gremio de agentes aduanales sobre el alcance de las nuevas medidas para combatir la corrupción y fortalecer la supervisión del comercio exterior.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, planteó modificar decenas de disposiciones legales para reforzar las facultades de las autoridades aduaneras, endurecer las sanciones por irregularidades y establecer nuevos mecanismos de control sobre quienes participan en el despacho de mercancías.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación del Consejo Aduanero, un órgano encargado de intervenir en decisiones relacionadas con el otorgamiento, suspensión y cancelación de patentes de agentes aduanales, así como la ampliación de la vigencia de estas patentes de 10 a 20 años, con posibilidad de prórroga.

La reforma también incorpora nuevas obligaciones de certificación, fortalece las atribuciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de actualizar diversos procedimientos para combatir el contrabando, la evasión fiscal y el llamado "huachicol fiscal".

En respuesta al proyecto, representantes de las asociaciones de agentes aduanales rechazaron que la corrupción sea una práctica generalizada dentro del sector y afirmaron que la mayoría de sus integrantes opera bajo estrictos controles legales y fiscales.

Si bien manifestaron disposición para colaborar con las autoridades en el fortalecimiento del sistema aduanero, advirtieron que algunas disposiciones podrían generar una sobrerregulación, aumentar la incertidumbre jurídica y afectar la competitividad del comercio exterior mexicano.