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La crisis que atraviesa la planta de Granja Tres Arroyos en Concepción del Uruguay sumó un nuevo capítulo con la llegada masiva de telegramas de despido a sus trabajadores. Si bien la empresa había informado inicialmente la desvinculación de 250 empleados sobre una dotación de unos 900, desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) señalaron que las notificaciones ya superarían las 300 y podrían alcanzar las 400.
Julio Chamorro, integrante del gremio, expresó la preocupación de los trabajadores y cuestionó el argumento utilizado por la empresa para concretar las desvinculaciones.
La firma atribuyó la situación a una fuerte caída de la actividad, relacionada con el impacto de la gripe aviar y la disminución de las exportaciones. Para los despidos invocó el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla una reducción del 50% de la indemnización cuando existen razones de fuerza mayor o falta de trabajo que no sean atribuibles al empleador.
Desde el sindicato rechazaron esa interpretación. “Esto no es fuerza mayor. El sector avícola no está en crisis, está en crisis Tres Arroyos”, sostuvo Chamorro.
El dirigente también lamentó que la decisión empresarial haya interrumpido las gestiones que se venían desarrollando junto al Gobierno provincial y el Municipio para intentar recuperar la actividad de la planta.
La fábrica permanece paralizada desde hace aproximadamente tres meses y mantiene deudas salariales desde abril, además del aguinaldo.
Durante 2025, la empresa había atravesado un procedimiento preventivo de crisis que incluyó reducciones salariales y la desvinculación de más de 380 trabajadores mediante retiros voluntarios. Sin embargo, las medidas no lograron revertir la situación.
Desde el gremio señalaron que el endeudamiento de las familias se convirtió en una consecuencia directa de la paralización y la falta de pago. La situación obligó a numerosos trabajadores a recurrir a módulos alimentarios y asistencia estatal para afrontar sus necesidades básicas.
El impacto también alcanza a la economía de Concepción del Uruguay. Según estimaciones sindicales, la paralización de la planta representa unos $1.400 millones mensuales que dejan de circular en la ciudad, con consecuencias para comercios, proveedores y prestadores de servicios vinculados directa o indirectamente con la actividad.
Ante el avance de los despidos, el sindicato anticipó que denunciará la situación ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos y recurrirá a la Justicia para reclamar el pago de los salarios adeudados y de las indemnizaciones correspondientes al 100%.
Desde STIA también manifestaron preocupación ante la posibilidad de que la empresa ingrese en un concurso de acreedores, escenario que podría extender los tiempos para el cobro de las obligaciones laborales.
El gremio no descarta además la realización de medidas de fuerza y cortes de ruta, mientras continúa reclamando una salida que permita recuperar la actividad de la planta y preservar las fuentes de trabajo.
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