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El nombre de Sergio Carmona se ha convertido en sinónimo de huachicol, crimen organizado y dinero para campañas electorales de Morena. Su nombre aparece pegado a líderes de la 4T, gobernadores y exfuncionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como un sello de corrupción y punto de partida visible del acoso de Estados Unidos para que se lleve a juicio a políticos que fueron tocados por dinero criminal. Carmona, que fue asesinado en noviembre de 2021 por un sicario contratado por militares para ejecutado, no deja de ser una pesadilla después de muerto. Carmona no nació con la 4T. De ser abogado de Pemex en Ciudad Madero, dedicado al pago y negociación de pensiones, creció de la mano del entonces alcalde panista de Reynosa, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, su colaborador, Víctor Manuel Sáenz y Cuitláhuac Bardán, que había trabajado en el Gobierno de la Ciudad de México. Sáenz llevó a Carmona, quien financió la campaña de García Cabeza de Vaca para la gubernatura de Tamaulipas. Una vez en el poder, García Cabeza de Vaca nombró jefe de Oficina a Sáenz, y a Bardán, que había sido su jefe de campaña, lo nombró asesor general convirtiéndose en uno de sus principales operadores políticos. Carmona aumentó sus negocios con el gobierno de García Cabeza de Vaca. Pero antes de la mitad del sexenio renunciaron Saénz y Bardán, mientras que Carmona terminó de romper con él cuando se negó a pagarle 200 millones de pesos invertidos en la construcción del hospital civil de Ciudad Madero. Bardán regresó a la Ciudad de México, y con sus viejos amigos en el gobierno capitalino, fundó una exitosa consultoría que da servicio a cuando menos un miembro del gabinete actual y a más de una decena de gobernadores de Morena, entre los que estaban Rubén Rocha Moya, de Sinaloa. Carmona también se fue a Morena. Quien le abrió la puerta fue el general Audomaro Martínez, muy cercano a López Obrador, que lo había nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia. El general, nacido en Tabasco pero con negocios y amplias relaciones en Tamaulipas, lo presentó con Mario Delgado, a quien con el impulso de Erasmo González, diputado por Ciudad Madero, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso en 2020 y publirrelacionista de Carmona, le financió su campaña para la presidencia de Morena. De esa relación surgió el financiamiento para ocho campañas a gubernaturas en 2021, que incluyeron las de Sinaloa y Tamaulipas. En esa estructura criminal, de acuerdo con una investigación de la DEA y la Marina a la que se tuvo acceso, figuraban prácticamente al mismo nivel de Carmona, su esposa -hoy viuda-, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y el director de Aduanas al principio del sexenio de López Obrador -donde nombró al frente de la Aduana de Reynosa a Julio Carmona, hermano del llamado “rey del huachicol”-, Ricardo Peralta, quien como subsecretario de Gobernación habló con líderes del crimen organizado para lograr un pacto con el Gobierno federal. González y Delgado, señala la investigación, también eran parte de la estructura. El financiamiento electoral de Carmona resultó en triunfos para Morena, salvo en Nuevo León, donde perdió Clara Luz Flores, que recientemente renunció a su cargo en la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, para aspirar una vez más a la gubernatura. Carmona, que trabajó en paralelo con el general Martínez, era el enlace de un sector del gobierno cercano a López Obrador con todos los cárteles, de acuerdo con la investigación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. A principios de noviembre de 2021, revelaron funcionarios estadounidenses, Martínez envió a Carmona a reunirse en Nayarit con Audías Flores Silva, el “Jardinero”, el número dos del Cártel Jalisco Nueva Generación debajo de Nemesio Oseguera, el “Mencho”, y a Sinaloa, para hablar con Los Chapitos. El motivo, agregaron, era agradecer el apoyo que les habían dado en las elecciones. Dos semanas después, la tarde del 22 de ese noviembre, Carmona fue asesinado en una barbería en San Pedro Garza García, un municipio conurbado de Monterrey. Un sicario, contratado en la Ciudad de México por militares, lo ejecutó. Carmona ya había tenido conversaciones informales con varias agencias estadounidenses. Primero fue con el FBI, en una oficina regional en el sur de Texas, y después con la DEA, en Washington. Estaban buscando la posibilidad de que fuera testigo cooperante, para que aportara detalles de la probable vinculación de políticos, funcionarios, legisladores y empresarios con la delincuencia organizada. Casi inmediatamente después de su asesinato, su hermano Julio cruzó la frontera para convertirse en testigo protegido. Información que ha trascendido de sus declaraciones ante los fiscales, es que ha señalado nombres de altos funcionarios federales involucrados en esa red criminal. Otras de las personas que han estado aportando información sobre esa red criminal es García Cabeza de Vaca, acusado en México por delincuencia organizada, huachicol y fraude. La solicitud mexicana de extradición ha sido infructuosa. Carmona estaba confiado que no iban a proceder penalmente contra él en México. “Yo le doy a todos, porque si un día me agarran, me los llevo a todos”, se ufanaba del poder que la información le daba. El empresario, convertido en criminal y mecenas de Morena, no parecía estar intranquilo ni pensaba en un desenlace fatal por ser él el eslabón más débil, por la forma como se movía, sin seguridad y con plena confianza, como fue el día en que lo mataron. Quienes lo mandaron a asesinar debían haber estado convencidos que la persona que era la llave de la puerta del entramado político-electoral-criminal que se había construido, no representaría ningún riesgo si era eliminado. El cálculo resultó equivocado. La acusación de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios estadounidenses, fue la primera prueba pública de ello. Esa locomotora ya arrancó sin punto de retorno. Nota: El Corporativo Kosmos envió una aclaración a esta columna sobre el texto publicado el viernes pasado. Dice que Kosmos no tuvo ninguna relación con Alex Saab, funcionario de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de corrupción y lavado de dinero a través de un programa de alimentos. Quien tuvo una relación con ese programa, agregó Kosmos, fue su empresa Serel. También señaló que no hay ninguna imputación en México o Estados Unidos contra Jack Landsmanas, cabeza de Kosmos. Raymundo Riva Palacio rrivapalacio2024@gmail.com X: @rivapa_oficial