Estados Unidos incluyó a la Argentina y a México en una declaración conjunta para combatir el trabajo esclavo en las cadenas internacionales de suministro. El anuncio se realizó en Milwaukee, durante la reunión de ministros de Comercio del G20, y volvió a poner en primer plano una obligación asumida por el Gobierno en el marco del entendimiento bilateral.
El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, destacó la decisión de ambos países y planteó que el trabajo forzoso sigue siendo un problema global. “Felicito a mis colegas de México y la Argentina por ponerse del lado de la realidad moral y económica y reconocer que el trabajo forzoso sigue existiendo como un problema aberrante de derechos humanos que distorsiona las cadenas globales de suministro”, afirmó.
Greer también sostuvo que Washington continuará instando a los gobiernos a reforzar sus medidas para erradicar estas prácticas del comercio internacional. La declaración no anunció nuevas disposiciones argentinas, pero reavivó el reclamo por una tarea todavía inconclusa: el país aceptó restringir el ingreso de bienes producidos con trabajo esclavo, aunque aún no implementó una prohibición específica.
La exigencia está incluida en el artículo 2.9 del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, anunciado en noviembre pasado y firmado en febrero. Allí, la Argentina se comprometió a establecer y aplicar efectivamente una prohibición para importar bienes extraídos, producidos o fabricados, total o parcialmente, mediante trabajo esclavo u obligatorio. El documento, sin embargo, no estableció una fecha límite para hacerlo.
Si bien la legislación argentina sanciona el trabajo esclavo, el país todavía no dispone de mecanismos específicos para impedir que ingresen productos fabricados en esas condiciones en el exterior. Esa diferencia entre las normas vigentes y el compromiso comercial es uno de los puntos señalados por Estados Unidos, que considera insuficiente la falta de controles sobre las importaciones.
La discusión también tiene consecuencias para las ventas argentinas al mercado estadounidense. Desde el 24 de julio, Washington aplica aranceles adicionales a productos de 60 economías, tras una investigación bajo la Sección 301 de su legislación comercial. El informe concluyó que esos países no prohíben o no hacen cumplir de manera efectiva restricciones a bienes elaborados con trabajo forzoso.
Para la Argentina, el recargo quedó fijado en el 10%, el nivel más bajo del esquema, y algunos productos están exceptuados. La oficina comercial estadounidense vinculó ese tratamiento con los compromisos asumidos en el acuerdo; otras economías enfrentan una tasa del 12,5%, mientras que México comparte la situación argentina. Las excepciones, indicó Washington, buscan incentivar el cumplimiento.
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