Cuando el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, presentó la “Operación Marginado Económico”, amenazando con nuevas y perjudiciales sanciones a los países que se negaran a dejar de hacer negocios con Irán, no mencionó al único país que podría decidir su éxito o fracaso: China.
La segunda economía más grande del mundo ha sido durante mucho tiempo un salvavidas económico fundamental para Teherán, comprando la gran mayoría de sus exportaciones de petróleo, valoradas en decenas de miles de millones de dólares el año pasado, además de otros productos comerciales.
Sin embargo, lograr que se sume al último esfuerzo de la Casa Blanca para someter al Gobierno iraní, que se muestra obstinadamente desafiante tras casi seis meses de guerra, es una tarea extremadamente difícil.
Beijing rechaza categóricamente lo que denomina sanciones estadounidenses “unilaterales” y ha defendido durante mucho tiempo su derecho a mantener un comercio regular con socios como Irán y Rusia. Asimismo, considera que Washington sería reacio a desencadenar una confrontación económica más amplia que perjudicaría a ambos países, justo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.
El martes, tras la rueda de prensa de Bessent, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China prometió “tomar todas las medidas necesarias” para salvaguardar sus “derechos e intereses legítimos” ante las amenazas de sanciones estadounidenses.
“La guerra económica y la máxima presión no ayudarán a resolver el problema; solo intensificarán aún más las tensiones y los conflictos, crearán riesgos de contagio y perturbarán el orden económico y financiero mundial”, dijo el portavoz del ministerio, Lin Jian.
La amenaza de Bessent se produce además antes de la muy esperada visita del líder chino Xi Jinping a Estados Unidos el próximo mes, donde ambas partes podrían avanzar en la extensión de una tregua comercial crucial que expira a finales de este otoño.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró anteriormente que no le pidió a Xi “ningún favor” con respecto a Irán durante la reunión que mantuvieron en mayo; una afirmación que, de ser cierta, probablemente interpretará en Beijing como una señal de la desesperación estadounidense por poner fin al conflicto.
Lo que queda ahora es un cálculo cuidadoso por parte de ambos países sobre cómo afrontar lo que Bessent ha dicho que será un período de “diplomacia discreta”, o bien, emitir ultimátums en privado a los socios económicos de Irán, a los que el secretario del Tesoro no mencionó específicamente durante su conferencia de prensa.
Analistas chinos sugieren que las exigencias de Washington tienen poco margen de maniobra. “Es improbable que China acepte una situación en la que Washington determine con qué pueden comerciar legalmente las empresas chinas con terceros países”, afirmó Zhao Long, director del Instituto de Estudios Estratégicos y de Seguridad Internacionales de los Institutos de Estudios Internacionales de Shanghái.
“Eso sentaría un precedente que permitiría a Estados Unidos establecer sanciones secundarias que, en la práctica, pueden determinar las relaciones comerciales de China con terceros países.”
China importa petróleo iraní mediante un sistema opaco que, por diseño, está aislado del sistema del dólar estadounidense y de las sanciones.
Las refinerías privadas, conocidas como refinerías de barrio, compran y procesan crudo iraní sancionado por Estados Unidos, apoyándose en una red de puertos, instituciones financieras y buques cisterna que, a menudo, también están aislados de la exposición internacional. China no ha registrado oficialmente estas compras en años, desde que Estados Unidos reimpuso las sanciones a Irán cuando la primera administración Trump se retiró del acuerdo nuclear iraní de la era Obama.
“Si se analiza la estructura de propiedad de estas entidades, se observa que muchas están en manos, directa o indirectamente, de importantes empresas estatales chinas que están fuertemente integradas en el sistema del dólar estadounidense”, afirmó Max Meizlish, analista sénior de investigación del centro de estudios Foundation for Defense of Democracies en Washington.
“Al sancionar a sus filiales, Estados Unidos puede presionar a las empresas matrices para que se desinviertan, bajo el riesgo de ser consideradas como proveedoras de apoyo directo o indirecto a las entidades sancionadas”, afirmó.
