Dudo que hoy alguien saliera a marchar por el consejo electoral de Taddei. Podemos, sin embargo, cuidar en las urnas lo que queda del INE ciudadano
¿Usted saldría a la calle a marchar y defender la autonomía del INE actual? ¿Sigue siendo autónomo? ¿Cree que en 2027 garantizará elecciones transparentes?
Estas dudas no vienen de fuera, surgen desde su interior. El consejero electoral, Arturo Castillo, dijo el pasado 10 de septiembre, durante el arranque oficial del proceso electoral federal 2026-2027, que el “contexto en que comienza constituye el escenario perfecto para una elección cuestionada” y describió a un árbitro opaco que “claudica en su función de arbitrar la elección”.
En la misma sesión, el Consejero Martín Faz hizo un llamado, tan revelador como inquietante, a “resistir cualquier presión que pretenda acercar a la autoridad electoral a los intereses de quienes ejercen el poder”. Y la ciudadanía está percibiendo esto: según una encuesta encargada por el propio Instituto en febrero pasado, la confianza ciudadana en el INE cayó de 73% en 2022 a 59% en 2025.
El INE por el que cientos de miles de ciudadanos salimos a marchar entre 2022 e inicios de 2024 aún resistía frontalmente las presiones del gobierno. Hoy vemos lo contrario en el nuevo INE, encabezado por su presidenta Guadalupe Taddei y una mayoría de su Consejo General.
Vemos cómo Morena hace campaña adelantada, ilegal, abierta, sin enfrentar consecuencias. Más aún, el pasado 3 de septiembre la mayoría del Consejo aprobó disposiciones que abren la puerta a la intervención oficial en la elección. Por un lado, las “boletas planchadas”, las que aparecen sin dobleces (algo materialmente imposible dado el tamaño de las ranuras de las urnas) ya no se anularán en automático: cada consejo distrital decidirá si se cuentan.
Por otro lado, se eliminaron las verificaciones que garantizaban que los Observadores Electorales, Supervisores Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales no sean funcionarios públicos vinculados a los programas sociales oficialistas. Ahora bastará una “protesta de decir la verdad”.
Fue también este nuevo INE el que, en agosto de 2024, validó que el obradorismo obtuviera el 72.8% de las curules de la Cámara de Diputados con sólo el 54.7% de los votos: una mayoría calificada artificial para cambiar la Constitución, que desconoció el mandato que las urnas dieron a las oposiciones. Y también el que, en la elección judicial de 2025, dio por buena una elección plagada de “acordeones”, instrumentos de movilización y tutela oficialista de un voto supuestamente libre.
Hasta octubre de 2024, el Consejo del INE funcionaba de forma plenamente colegiada entre sus 11 integrantes. Gracias a ello los nombramientos eran más técnicos, las decisiones más legales, y se dificultaba la injerencia gubernamental o partidista. Los legisladores oficialistas cambiaron las reglas, y hoy la Consejera Presidenta puede nombrar unilateralmente a las cabezas de la estructura operativa.
Así, en las elecciones de 2027 habrá 12 titulares de Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas designados discrecionalmente -algunos sin cumplir los requisitos legales-, que tendrán a su cargo funciones tan sensibles como la logística de las boletas, la fiscalización de recursos o la administración del padrón electoral.
La víspera del arranque del proceso, además, renunció por “motivos de salud” la secretaria Ejecutiva, y el cargo lo ocupa ahora un encargado de despacho designado por la presidenta, sin pasar por el Consejo. Un INE más centralizado significa que, para temas como nombramientos clave, el gobierno sólo necesita capturar su presidencia para influir directa e indebidamente en el árbitro electoral, haciendo irrelevantes sus contrapesos internos.
A todo esto, se suman problemas estructurales agravados en años recientes. La misión central del INE es organizar elecciones, contar votos y garantizar que ello ocurra con legalidad, certeza y libertad. Sin embargo, poco a poco los partidos sobrecargaron al Instituto con otras funciones que hoy van desde regular el lenguaje hasta procesar quejas contra ciudadanos por lo que publican en X; basta recordar el caso “Dato Protegido”. Durante el obradorismo, en especial, se le han sumado dos enormes tareas: los ejercicios de supuesta “democracia directa” y las elecciones del Poder Judicial.
Simultáneamente, su presupuesto se ha reducido. Para 2027, tanto la presidenta Sheinbaum como Ricardo Monreal, coordinador de diputados de Morena, ya advirtieron al INE que no les darán el dinero que necesitan. Hablamos de una elección con más de 19 mil cargos en juego, incluyendo 17 gubernaturas, más de 176 mil casillas y 102 millones de potenciales votantes. Añadamos la pérdida de capacidades técnicas, debido a la salida de personal que contaba con lustros y hasta décadas de experiencia. Justo este año, previo a las elecciones, se han despedido al menos 836 personas.
Con todo, es justo reconocer que hoy conviven tres INEs. El primero, es el de su Consejo General, el que toma las decisiones cruciales y el que, en gran medida, ha sido capturado por el gobierno, aunque algunas voces, insuficientes, aún den muestras de independencia. El segundo, donde está el grueso de su personal técnico, donde hay mucha gente profesional, pero no son quienes definen su rumbo. Y hay un tercer INE que se activa cada elección: cuando la ciudadanía participa directamente como funcionarios y observadores de casilla, contando y cuidando el voto.
Este es el único espacio desde el que aún se puede incidir, para impedir abusos en lo posible, y en todo caso para exhibirlos y documentarlos. Dudo que hoy alguien saliera a marchar por el consejo electoral de Taddei. Podemos, sin embargo, cuidar en las urnas lo que queda del INE ciudadano.
