¿Sánchez quiere cambiar de rumbo a días de segunda vuelta? Las “nuevas” propuestas en economía

Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, está en la carrera contra Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por el sillón presidencial. A solo días de la segunda vuelta, el candidato de izquierda sorprendió, el 01 de junio, con la presentación de un nuevo plan de gobierno. Esto llega, justamente, después de los últimos dos debates (equipo técnico y de candidatos presidenciales) donde se observó un cambio de discurso, en algunos puntos, de parte de Sánchez.

Esta vez, Gestión le puso el foco a la dimensión económica. El análisis comparará el nuevo documento con el plan presentado antes de la primera vuelta de abril, así como con un texto del 31 de mayo, una suerte de versión previa al entregado finalmente.

En la dimensión mencionada, Juntos por el Perú plantea propuestas para la economía como tal, industrialización, minería, entre otros.

A lo largo del nuevo plan se observan algunos intentos por moderar aspectos del discurso radical con el que avanzó en las elecciones. Sin embargo, mantiene propuestas que preocupan.

Antes de desagregar las nuevas propuestas para la economía, industria y minería, es necesario recordar que el ideario de Juntos por el Perú publicado antes de la primera vuelta se sostenía en un punto central: contar con una Nueva Constitución con institucionalidad democrática, “fruto de la Asamblea Constituyente”. Propuesta sobre la cual entidades como el Bank of America (BofA) han mostrado preocupación.

Esto no ha cambiado, aunque ya no solo se apostaría por la asamblea como el único camino para ajustar la carta magna: “Como Juntos por el Perú, se impulsará una Constitución de consenso a través del diálogo nacional, que involucre a todos los sectores y a la sociedad en su conjunto, siguiendo las vías democráticas que la Carta Política y la ley contemplan”.

Agrega: “Liderar un proceso democrático y participativo de cambio constitucional que, a través del diálogo nacional y de la consulta a la ciudadanía, defina la vía —la reforma integral por el cauce del artículo 206 o la convocatoria a una asamblea constituyente— para dotar al país de una Constitución de consenso“.

El nuevo plan fue cuestionado por el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta:

Juntos por el Perú parece que nos va a traer varios “nuevos” planes de gobierno esta semana.Ellos lo llaman, pluralidad y democracia:Yo lo llamo improvisaciónEl “plan” nuestro de cada día…. https://t.co/1dPHUkc7EN

Sobre las propuestas que van vinculadas a la economía, en algunos casos no se tratan de acciones que se sumarán a lo realizado hasta ahora en el país, sino que son una suerte de intento de mostrar que se respetarían los fundamentos macroeconómicos para poner paños fríos, se entiende, a la incertidumbre que ocasiona hoy un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

Por ejemplo, para la economía, hoy Sánchez plantea el respeto a los Tratados de Libre Comercio (TLC), “con normas amigables a la inversión interna y externa, cuyos contratos estén protegidos por el Estado de derecho [...]”.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) también está en el radar: “Preservar la autonomía y capacidad técnica del BCRP, garantizando su mandato constitucional [...]".

Su suma una propuesta para el fortalecimiento del Consejo Fiscal, “preservando su autonomía y capacidad técnica, además de brindarle más facultades para contribuir con la estabilidad macroeconómica”.

El nuevo plan refiere que se establecería un marco “claro y transparente” para las Asociaciones Público-Privada (APP): “El Gobierno debe ser el promotor del desarrollo y la inversión, mas no el principal actor”.

Incluso, se autorizaría y fomentaría el ingreso de nuevos competidores en el mercado financiero nacional, con miras a brindar mejores servicios financieros, mejores condiciones de préstamos y un trato adecuado a los ciudadanos. Y, se daría una revisión profunda, en coordinación con los actores del sistema financiero, de la regulación y normativa vigente para eliminar procedimientos y pasos innecesarios para acceder a servicios y productos financieros por parte de los ciudadanos.