Productos eléctricos falsificados “invaden” viviendas: cifra supera al nicho industrial

La falsificación de productos eléctricos en Perú no es “solo” comercio informal, es hoy una economía criminal: corrupción, explotación laboral y lavado de activos se vinculan con ella. Así lo recabó la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú (EPEI) en su segunda edición del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales (OPEI), compartido en exclusiva con Gestión.

En detalle, en el mundo de la construcción, las economías ilegales suman US$ 700 millones, de los cuales US$ 60 millones corresponden a productos eléctricos, arrojó el estudio.

Con la lupa sobre los US$ 60 millones, se detectó que US$ 20 millones se despliegan en el segmento industrial y US$ 40 millones en el residencial. Es decir, 33.33% del monto se mueve en plantas, almacenes y fábricas; mientras que el 66.67% se concentra en casas, departamentos y edificios.

Orlando Ardito, gerente general de EPEI, especificó que los productos adulterados protagonistas, sobre todo en la construcción informal, son el cable eléctrico, los dispositivos de protección termomagnéticos y diferenciales, los tomacorrientes y los sistemas de iluminación, principalmente focos, paneles, spots y downlights.

“[Esto ocurre] a pesar de que el sector eléctrico dentro del sector construcción representa entre un 5 y 8% de la partida, porque el gran volumen es infraestructura: cemento, fierros, ladrillos y todo el proceso”, sostuvo.

Además, explicó el hallazgo de una tendencia nociva durante la ejecución del estudio: “El ferretero, el comerciante o el ambulante le preguntan al comprador si vive en casa propia o alquilada. Porque la sugerencia es que, si vive en alquilada, compre lo “baratito”; pero si es casa propia, debe hacer un esfuerzo”.

De acuerdo con el informe, se trata de una cultura que premia la “viveza”, minimiza el riesgo y normaliza el consumo de imitaciones como parte cotidiana del mercado. No obstante, esta conducta plural ya se refleja en cifras lamentables: el Cuerpo General de Bomberos le informó al gremio que en Perú se producen 37 incendios al día y que 7 de cada 10 son a causa de una mala instalación eléctrica. La asociación de Ayuda al Niño Quemado (Aniquem) también se sumó a la estadística e indicó que en último año hubo 700 lesionados por quemaduras de origen eléctrico.

“Nosotros hemos venido permanentemente insistiendo en nuestro discurso que el Estado es responsable de asegurar que el usuario pueda elegir entre un producto bueno y un producto mejor, no entre un producto subestándar que no cumple especificaciones y uno falsificado, sin mínimos de seguridad y que además viola la propiedad intelectual”, comentó al respecto Ardito.

En esa línea, recordó que la comercialización de productos eléctricos falsificados, ilegales y de baja calidad genera pérdidas económicas equivalentes al 1 % del PBI.

El ingreso anual de 12 millones de productos eléctricos falsificados evidencia una estructura organizada que trasciende la simple evasión tributaria. Según el estudio, su comercialización involucra cadenas de distribución clandestinas, financiamiento prohibido y redes que conectan galerías comerciales, importadores y mafias. Los mismos grupos que participan en minería ilegal, narcotráficos o lavado de dinero han encontrado en este “nicho” una actividad rentable, de menos exposición y alta circulación.

Ardito puntualizó por qué: “Los productos eléctricos [adulterados], considerando que en Perú no existe una regulación que limite su ingreso como mercadería restringida, pasan por Aduanas y, a la vista de un funcionario, pueden ingresar. [...] En otros países es obligatoria una prueba interna para validar la muestra por lote, lo que se llama certificación por lote”.

En otras palabras, el artículo falsificado ingresa de manera natural y se distribuye sin la sospecha de que incumple una calidad óptima. “Difícilmente los productos ingresan por contrabando”, completó el vocero.

Lima se configura como la principal zona de acceso debido a la facilidad que brinda el puerto del Callao. En paralelo, el norte del país recibe mercancía a través del puerto de Paita; mientras que el sur, Tacna y Puno funcionan como otros puntos de entrada.

Asimismo en el estudio se remarcó que, pese a los allanamientos, la oferta ilegal se mantiene alta y las ventas en línea mediante webs y redes sociales continúan expandiéndose.

Desde el sector privado, Ardito advirtió que la lucha contra la falsificación y las economías ilegales no puede recaer únicamente en las empresas afectadas. Gremios como construcción, textiles e industrias, con los cuales el EPEI está en constante diálogo, sostienen que el Estado debe asumir un rol más activo en fiscalización, regulación y control.