Inversión en hidrocarburos no “levanta cabeza”: señalan 4 prioridades para el nuevo Gobierno

A pesar de que el petróleo y el gas natural representan un 72.5% de la matriz energética del Perú, las inversiones en ese sector -salvo un repunte en 2024- mantienen una tendencia de declinación continua en la última década, que se ha agudizado en el primer trimestre del 2026.

En 2025, las inversiones del sector hidrocarburos totalizaron US$ 467.3 millones, una caída del 20.7% versus los US$ 525 millones del 2024, y se han reducido a menos de un tercio si se las compara con los más de US$ 1,800 millones que se llegó a invertir en 2012.

Este año, de enero a marzo, con solo US$ 72 millones, el gasto en esa actividad fue aún menor, en 27.6% con respecto a los tres primeros meses del 2025, según la última data de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

La consecuencia de esta declinación en esas inversiones se refleja en una reducción continua en la producción de petróleo y gas, la nula perforación de pozos exploratorios y en una dependencia cada vez mayor de importaciones de derivados a mayor costo. A esto se suma el riesgo de desabastecimiento, como ya ocurrió en marzo último.

Para conocer cuál es la razón de esta declinación continua, y las perspectivas del sector en esta coyuntura, Gestión conversó con María Julia Aybar, presidente del Comité Sectorial de Hidrocarburos de la SNMPE, y vicepresidente senior de Hunt Oil Company en Perú.

La ejecutiva consideró que las cifras son preocupantes y atribuyó la declinación de las inversiones, particularmente las destinadas a exploración, al cambio en las “reglas de juego” para el sector hidrocarburos. Estas, por ejemplo, llevan a que obtener un permiso para perforar un pozo hoy en el Perú pueda tomar entre seis a siete años.

Recordó que, tras la emisión de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en 1993 y cuando los permisos para el sector estaban centralizados en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Perú logró tener un régimen competitivo para invertir en esa actividad.

Sin embargo, anotó, luego se delegaron funciones que eran exclusivas del Minem a diferentes entes públicos, como la OEFA en el tema ambiental, al Osinergmin en el tema de seguridad, o el manejo laboral, social y permisos para el uso del agua a otras instituciones.

El problema, anotó la también country manager de Hunt Oil, es que, como todas estas otras instituciones tienen políticas distintas a las del Minem, se hace mucho más complejo hoy obtener licencias, frenando el dinamismo al sector y generándole mayores costos.

Remarcó que las inversiones en exploración, que pueden alcanzar los US$ 100 millones a US$ 200 millones para perforar un pozo, si tienen éxito, se recuperan después de 20 a 30 años de operación. Por esto, si se cambian las reglas de juego, simplemente se destinan a otros países.

En tal sentido, Aybar consideró que una de las prioridades del nuevo Gobierno que resulte electo debería ser generar un ambiente competitivo que vuelva a atraer a las inversiones, sobre todo en exploración, considerando que, de las 18 cuencas con potencial geológico que tiene el Perú, sólo cinco se han explorado.

Además, anotó, se podría actualizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, de forma que permita invertir en ese sector en condiciones más flexibles, y pensar en buscar nuevos yacimientos en zonas donde ya se ha descubierto gas, como en Madre de Dios, bajo condiciones que sean compatibles con la protección a las reservas naturales.

Lo que está faltando, remarcó, es que se planteen soluciones que permitan aumentar la producción de forma que disminuyan las importaciones de crudo y derivados, pues esto le resulta más costoso para el país.

En tal sentido, refirió que un tema a revisar es cómo reemplazamos parte de la demanda de GLP, que se ha venido incrementando al punto de tener que importarlo, con un mayor uso de gas natural, mediante su masificación en el interior del país, pero basado no sólo en el consumo doméstico, sino fundamentalmente el de grandes industrias.

Explicó que hoy la demanda de ese gas en provincias -sustentada sólo en el consumo residencial- no es suficiente como para justificar las inversiones que se están proponiendo para masificar dicho combustible, mediante el proyecto de ampliar la concesión de Cálidda a siete regiones del centro-sur, o el de TGP para extender un gasoducto por la costa sur.