Gobierno de Fujimori insistiría en derogar “tope” a tasas de interés en pedido de facultades

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, informó que se aprobó finalmente el proyecto del pedido de facultades legislativas delegadas el último jueves 27 de agosto y que hoy viernes 28 lo remitirán al Congreso de la República. Detalló que la iniciativa abarca 66 medidas divididas en ocho ámbitos.

Gestión tuvo acceso el último jueves, en exclusiva, al documento que se discutió en la sesión de PCM e identificó propuestas con ajustes significativos en rubros como el financiero, tributario, laboral, entre otros.

“[Para aprobar] lo hemos hecho de manera cuidadosa”, señaló Galarreta en declaraciones a la prensa.

El premier subrayó que, si bien “no hay una competencia” para presentar antes este pedido frente a anteriores administraciones, la actual lo hizo en un menor plazo.

“El mínimo de tiempo para presentar este pedido era de 40 días. Nosotros lo hicimos en menos de 30 días. A quienes decían que había una demora, no la hubo. Estamos en el tiempo que corresponde”, comentó.

En el primer borrador del proyecto de pedido de facultades legislativas delegadas, tal como informó Gestión, el Gobierno de Keiko Fujimori planteó derogar la Ley N° 31143 sobre topes a las tasas de interés.

Hoy, con un texto que finalmente fue aprobado en Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Poder Ejecutivo mantuvo la intención de hacer cambios al tope, aunque ahora se revelan más detalles.

En concreto, conoció Gestión, se busca modificar el artículo 6 de la Ley complementaria a la de protección al Consumidor en Materia de Servicios Financieros (N° 28587) y el artículo 9 de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (N° 26702), a fin de “eliminar las disposiciones vinculadas con los topes a las tasas de interés introducidas por la Ley que protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros (N° 31143)”.

En la misma línea, también se pretende establecer un marco normativo que perfeccione el acceso a la información financiera y la transparencia en la contratación de productos activos por parte de los clientes con las entidades del sistema financiero.

Ya a finales de julio, Jorge Delgado, presidente del Consejo Latinoamericano de Finanzas Inclusivas (Colafi), había dicho a Gestión que “[la eliminación de los límites] va a favorecer la colocación de crédito [a tasas más altas] a las microempresas, a los trabajadores independientes y, en general, a las personas sin historial crediticio”. En ese momento también aseguró que se reducirán los incentivos que tienen esos sectores para recurrir al crédito extorsivo o “gota a gota”.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya ha estimado que alrededor de medio millón de personas, a las que la banca habría tenido que asignarles una tasa de interés por encima del máximo legal por su nivel de riesgo, se quedaron sin acceso al crédito a causa del tope a las tasas desde el 2021.

En la primera versión revisada en el estreno del Consejo de Ministros, el capítulo de materia tributaria, aduanera, de facilitación del comercio e implementación de acuerdos del proyecto de delegación de facultades consideraba cuatro ejes. Ahora, en la edición que será enviada al Congreso para su debate, se contemplan cinco.

Una de las principales iniciativas apunta a la Ley N° 29230, que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado, un esquema donde se ha destacado el aporte de las Obras por Impuestos (OxI). Pero ahora, dada la coyuntura de peligro por el fenómeno de El Niño (FEN), se busca potenciar otra opción.

En detalle, el documento contempla efectuar ajustes normativos para ampliar el ámbito de aplicación de la modalidad de Servicios por Impuestos (SxI) en las materias de gestión del riesgo de desastres e infraestructura de defensa civil estratégica ante fenómenos climáticos adversos, como el FEN precisamente.

Además, se apunta a ampliar la aplicación del mecanismo, considerando las actividades de construcción de viviendas rurales para población damnificada por desastres de origen natural declaradas en emergencia por el Gobierno nacional.