Editorial de Gestión: Hay que negociar bien

Si bien Mercedes Aráoz, extitular del Mincetur, ya lo explicó en este diario (Gestión 25/05/2026), conviene recordar que el Acuerdo de Profundización Económico Comercial entre Perú y Brasil no versa sobre el comercio de bienes entre ambos países. Ese intercambio está cubierto por el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) que, desde inicios del 2006, el Perú tiene en vigencia con el Mercosur, el bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Salvo excepciones puntuales, nuestro comercio con ese grupo se realiza con arancel cero.

El Acuerdo de Profundización Económico Comercial contempla el comercio bilateral de servicios, inversiones entre empresas de ambos países y compras de parte de entidades públicas de ambos Estados. Fue suscrito el 29 de abril del 2016, cuando el Gobierno de Ollanta Humala estaba por finalizar. Han pasado diez años desde su suscripción, pero no ha entrado en vigencia, lo que a simple vista parecería inusual.

Sin embargo, esta demora tiene un argumento de peso: el Perú ha propuesto incluir protocolos específicos para prevenir la corrupción, pues el más grande escándalo de corrupción de la historia reciente –Lava Jato–, que salpicó a decenas de países (incluido el nuestro), surgió en Brasil. Hay que recordar que dos de los tres expresidentes peruanos presos, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, fueron condenados por recibir coimas de compañías brasileñas, en particular, por Odebrecht, que le obsequió a Alan García, un mes previo al término de su segundo mandato, una estatua monumental de Cristo. García se suicidó en abril del 2019, cuando la Policía fue a detenerlo por investigaciones relacionadas con Lava Jato. Con estos antecedentes, una rigurosa cláusula anticorrupción en el acuerdo está más que justificada.

Lo que llama la atención es el súbito interés del Congreso en el acuerdo, que decidió interpelar al entonces titular del Mincetur, José Reyes, quien renunció el 3 de junio (un día antes de su interpelación), argumentando lo que debería ser la misión de todo presidente, ministro y congresista: priorizar los intereses del Estado peruano y la reputación del país. Recién el martes último, juramentó el nuevo titular del Mincetur, Berthin Gómez. Sería interesante saber su posición al respecto.

Lo que sí sabemos es la postura de doce extitulares del Mincetur, quienes el 29 de mayo publicaron un comunicado conjunto respaldando la institucionalidad técnica de esta cartera. Fue un apoyo tácito a Reyes. Apresurarse en poner en vigencia el acuerdo, sin cláusula anticorrupción, sería un gravísimo error.

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