Cuba, una Gaza silenciosa

Detrás de los fuegos artificiales mediáticos de la atípica ceremonia de asunción del ultraderechista Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, el viernes en el auditorio Arena de la Universidad Santiago de Cali, ha pasado desapercibida la devastadora denuncia que realizaron expertos independientes y relatores del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la gravedad de la situación en Cuba. La víspera de la asunción de De la Espriella —que agrega un eslabón más al entramado geopolítico que Washington concibe como el “Escudo de las Américas”—, los expertos calificaron las recientes medidas contra la isla como un intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción, e instaron a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desate una “Gaza silenciosa” en ese país, citando a cuatro miembros demócratas del Congreso estadounidense luego de visitar Cuba.

Asimismo, señalaron que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando de manera simultánea, afectando de forma desproporcionada a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural. Advirtieron que la alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política, pues las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana.

Con relación al patético informe que presentó el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, el 20 de julio, titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, que describe a la isla como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica, los expertos deploran que las autoridades estadounidenses carezcan de pruebas concretas para afirmar que Cuba apoya el terrorismo o actividades subversivas. En dicho informe se acusa a La Habana de sostener una guerra de desgaste no convencional a través de la infiltración política, el ciberespionaje de alto nivel y el financiamiento encubierto a movimientos radicales de izquierda dentro de las fronteras de Estados Unidos. Antes, el pasado 29 de enero, un decreto de emergencia nacional emitido por el gobierno de Trump declaró a Cuba como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior”, por lo que prohibió el suministro de petróleo a la isla bajo pena de imponer aranceles a quienes lo hicieran. Para el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la “amenaza a la seguridad nacional” es un pretexto fabricado e infundado con el único propósito de justificar el severo bloqueo energético y el castigo colectivo a su población, y construir un andamiaje legal ante la opinión pública para una eventual agresión militar.

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