La industria acerera mexicana tendrá una nueva fuente potencial de demanda en las grandes obras públicas, justo cuando enfrenta una mayor presión por las importaciones y los aranceles de Estados Unidos. La incorporación del acero producido en México al cálculo de contenido nacional puede ayudar a elevar la utilización de las plantas, sustituir compras externas y fortalecer las cadenas locales, aunque por sí sola difícilmente resolverá los problemas que enfrenta el sector.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) nuevas reglas para determinar, acreditar y verificar el contenido nacional en las contrataciones de obras públicas. La disposición incorpora los materiales de acero para la construcción de fabricación nacional dentro del cálculo que deberán cumplir las empresas que participen en grandes proyectos de infraestructura.
Gilberto Lozano, consultor especialista en sector industrial de Roland Berger, dijo que incorporar al acero producido en México al cálculo de contenido nacional puede contribuir a proteger a la industria local, aumentar la demanda, aprovechar la capacidad instalada que actualmente se mantiene subutilizada y ayudar a reducir las importaciones de productos que se pueden generar en el país.
Sin embargo, el especialista considera que la medida, por sí sola, no es suficiente para dar una protección definitiva y permanente al acero mexicano.
“Para lograr un efecto permanente se requieren medidas complementarias, como fortalecer la trazabilidad y verificación del origen, combatir prácticas desleales de comercio, mantener precios competitivos y promover mayor demanda en sectores como construcción, infraestructura, automotriz y energía”, dijo a Expansión.
La fórmula que puede ayudar al país a dar esa protección que requiere el sector acerero, dependerá de la capacidad de combinar una mayor utilización del acero nacional con una estrategia de negociación con Estados Unidos .
“La medida representa un avance, pero sus resultados estarán determinados por su implementación y por la evolución de la política comercial norteamericana”, aseguró Lozano
El DOF contempla que las empresas que participen en una licitación para la construcción de una gran obra pública, deberán cumplir con el porcentaje de contenido nacional determinado, incluido el acero, para construir.
Pero también deberán mostrar toda la información que acredite la calidad y la certificación de fabricación nacional de los productos de acero utilizados.
El documento no establece un porcentaje de utilización de acero específico por proyecto, pues será determinado por cada obra.
“La convocante requerirá contenido nacional, según las características del proyecto, en un porcentaje superior al 25% sin que exceda del 40% del valor total estimado del proyecto de que se trate, el cual estará conformado por materiales (diferentes a los de la construcción), maquinaria y equipo de instalación permanente, así como por materiales de acero para la construcción de fabricación nacional”, expone el texto.
El cambio se alinea con uno de los objetivos planteados por el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030: elevar el contenido nacional y regional para que 50% de la proveeduría y el consumo nacional en sectores estratégicos correspondan a productos hechos en México, además de buscar que 50% de las compras públicas sean de producción nacional.
El documento también plantea fortalecer las cadenas de proveeduría, incrementar el contenido nacional en distintas fases productivas y ampliar la presencia de productos mexicanos tanto en el mercado interno como en los mercados internacionales.
En este contexto, el acero puede convertirse en uno de los insumos mediante los cuales el gasto público genere un efecto de arrastre sobre la industria nacional.
Sumado a ello, el 29 de abril se firmó el Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, en que se reconoció la necesidad de tener mecanismos de coordinación entre instituciones y cámaras empresariales para apoyar a la industria.