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Nevaco Global
30 de octubre de 2026

El uribismo se desmarca desde el primer momento de buena parte de la reforma tributaria de De la Espriella

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La mayor bancada oficialista del Congreso reacciona con un cuestionamiento masivo a las alzas impositivas

La reforma tributaria que el Gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado este jueves arranca con el viento político en contra. Más allá de las esperables críticas de la oposición, la mayor bancada oficialista del legislativo, la del partido uribista Centro Democrático, ha reaccionado en las primeras horas con una andanada de cuestionamientos, apoyos solo parciales o llamados a un ajuste pronto del proyecto de ley. Para un Gobierno que tiene una bancada propia minúscula, de tan solo 5 de los más de 270 congresistas, se trata de un campanazo de alerta de una fuerza que tiene 35 legisladores y es la segunda mayor de todo el Congreso.

El primer mensaje llegó desde la cúpula del partido. “Nuestro partido cree firmemente en un Estado pequeño, austero, limitado y con bajos impuestos. Los colombianos esperan una reducción o incluso eliminación de impuestos, no que se aumenten ni se creen nuevos”, escribió en X Gabriel Vallejo, el director nacional de la colectividad que fundó el expresidente Álvaro Uribe. “Es mejor un peso en el bolsillo de los trabajadores y ciudadanos colombianos que un peso de más impuestos en manos del Estado”. Vallejo es el mismo que en julio, tras la elección del senador uribista Honorio Henríquez como presidente del Congreso, ratificó que el Centro Democrático sería partido de gobierno, aunque advirtió que no funcionaría como una fuerza obediente.

En la misma línea se pronunció Andrés Forero, que encabezó la lista cerrada con la que el partido llegó al Senado en marzo, tras haber sido representante por Bogotá. “Sorprende la ‘Ley de Rescate Fiscal’”, escribió. “Apoyaré la reducción del gasto público, la disminución del estado y la eliminación y fusión de entidades. Pero los colombianos no aguantan más impuestos y no puedo acompañar la casi totalidad de las disposiciones tributarias”.

Más tajante fue el senador Juan Fernando Caicedo, un politólogo que trabajó con Uribe en el Congreso, fue coordinador político del partido y representa un relevo generacional. “¡A Colombia NO le cabe un impuesto más! No voy a apoyar ningún impuesto nuevo, ni alza de tarifas, ni ampliación de base gravable, ni nada que aumente los impuestos para Colombia”, publicó. Minutos después, editó su mensaje para dejar una puerta entreabierta: no apoyará alzas “mientras no se demuestre que se agotaron las medidas de austeridad y eficiencia del gasto público”.

La senadora María Clara Posada, abogada y columnista antioqueña que llegó al Congreso en el octavo renglón de esa lista, fue la que más se detuvo en el detalle. “No cuenten conmigo para aumentar impuestos a la clase media que los priva de su autonomía económica y, por tanto, de su libertad”, arrancó. Celebró los beneficios a la inversión, los recortes en nómina y contratistas y la rebaja de la renta para las empresas, pero enumeró siete puntos que rechaza: entre ellos, el aumento en los aportes a seguridad social de los empleados, el nuevo tramo del 9% en la renta de las personas, el fin de los beneficios por dependientes y el IVA pleno para productos como el café, el azúcar, las frutas, la medicina prepagada, los computadores y los celulares de bajo valor. “Las familias no aguantan un impuesto más y esta Ley les mete la mano en el bolsillo de forma descarada. Votaré en contra de cualquier medida que aumente su carga”.

Otros uribistas optaron por un tono más conciliador, aunque con condiciones. El representante Santiago Castro, que volvió este año a la Cámara por el Valle del Cauca tras 16 años por fuera y hace parte de la Comisión Tercera, de asuntos económicos, le aseguró al Gobierno su respaldo para recortar “una burocracia desbocada”, retirar exenciones innecesarias “e incluso gravar importaciones que depredan tramposamente el comercio y la producción nacional”. Pero puso dos límites: “Como lo dijimos en campaña, vamos a salvaguardar una clase media asediada, sobre todo en las ciudades afectadas por el terremoto, y a defender, a toda costa, la canasta familiar básica”, escribió en referencia a la ampliación del IVA o al aumento de las esperanzas que deberían declarar y pagar renta.

“Sabemos el gran daño que Petro le ha hecho a la economía del país. La verdadera reforma que necesita Colombia es reducir el tamaño del Estado y bajar los impuestos”, reiteró el senador bolivarense Enrique Cabrales, hermano de la neura del expresidente Uribe. “No más impuestos que asfixien a las familias, golpeen a las empresas y frenen la inversión. La prioridad debe ser aliviar la carga tributaria, incentivar la producción, aumentar la productividad y generar empleo.”

La voz más cercana al Gobierno fue la de Hilda Gutiérrez, representante por Cundinamarca, elegida en la lista conjunta del Centro Democrático y el partido cristiano MIRA. “Destacamos que la Ley de Rescate Económico presentada por el Gobierno Nacional contemple medidas concretas de austeridad, alivio tributario y protección a los hogares más vulnerables”, escribió. Su respaldo, sin embargo, también fue selectivo: enumeró los recortes al gasto y la rebaja de la renta de las empresas, y no dijo una palabra sobre el IVA ni sobre los cambios en el impuesto a las personas.

La posición del uribismo es fundamental para un Gobierno que depende de su apoyo para obtener mayorías en el Congreso. El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien fue ministro de Comercio y de Hacienda del expresidente uribista Iván Duque, presentó el proyecto de ley como una necesidad por el estado de las finanzas que recibió el Ejecutivo actual del izquierdista Gustavo Petro, pero el argumento no parece calar de entrada entre las fuerzas más cercanas, o no lo suficiente como para apoyar medidas como la reducción de productos exentos de IVA, el aumento de los impuestos saludables o el mayor pago de impuesto de renta para los trabajadores que ganan entre 5 y 9 millones de pesos, o a los de ingresos más altos.

Además, el Ministerio del Interior, encagrado de la política, está en plena transición entre el renunciado exsenador Rodrigo Lara, una de las voces más liberales del Gobierno, y el exprocurador Alejandro Ordoñez, quien no ha sido congresista y tiene posturas ultraconservadoras. Para sacar adelante el proyecto, probablemente deba negociar buena parte de su contenido en materia de impuestos, que es su corazón pues produce la mayoría del ajuste fiscal que busca el Ejecutivo.

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