ANÁLISIS, HONDURAS / ¡DESCUBIERTA! UNA VERGÜENZA NACIONAL MÁS

El 17 de julio de 2026, el secretario de Desarrollo Económico del mandato nacionalista, Eddy Ordóñez Rubí (izq.), firmó un documento que reconoce a ZEDE Próspera como “subdivisión política” (delito contra el territorio, según la Constitución de Honduras); en este caso ahonda el exfuncionario y analista, Fernando García Rodríguez (der.).

La acción del funcionario Ordóñez Rubí, de inmediato generó controversia, después el gobierno afirmó que dicho acuerdo “no existe”, con los días la administración Asfura quedó en evidencia, aunque el instrumento no fue público en el país, se conoció porque Próspera lo presentó ante un tribunal federal de Estados Unidos para reclamar indemnizaciones en el futuro al Estado de Honduras.

El secretario de Desarrollo Económico del presidente designado Nasry Asfura, suscribió un “Acuerdo Intergubernamental” suscrito el 17 de julio de 2026, con el supuesto secretario técnico de la pretendida Prospera ZEDE. Este acuerdo, refleja un desacato total al mandato de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, la cual por unanimidad de votos declaro nula toda la normativa relacionada con las ZEDE, de fecha 20 de septiembre de 2024. De igual manera, pasa por alto los decretos 32 y 33 del año 2022 aprobados también por unanimidad de votos en el Congreso Nacional el 21 de abril de 2022.

Un Acuerdo intergubernamental, hace referencia a un entendimiento, convenio o compromiso formal celebrado entre dos o más gobiernos, generalmente por medio de sus representantes u órganos competentes, para establecer obligaciones, derechos, mecanismos de cooperación o reglas de actuación sobre una materia determinada. En diciembre de 2013 se efectuó una reforma a la Ley General de la Administración Pública, mediante la cual se autorizó al secretario de Estado de Desarrollo Económico, para mantener “la relación del gobierno nacional con las ZEDE de diciembre 2013, la cual perdió toda validez jurídica con las decisiones del Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia ya mencionadas.

De esta manera el secretario de Estado pretendió asumir unas atribuciones que dos poderes del Estado habían expulsado de la normativa jurídica nacional. Adicionalmente, cabe preguntarse ¿Mediante que instrumento jurídico se autorizó al secretario de Estado para suscribir dicho Acuerdo? La Constitución de la República, claramente establece en su Artículo 228 que la PGR tiene la Representación Legal del Estado. Y el Artículo 231 señala que todos los organismos de la Administración Pública colaboraran con el Procurador General en el cumplimiento de sus atribuciones. De mayor preocupación es el hecho que el Acuerdo suscrito con el supuesto secretario técnico de Prospera ZEDE, es de fecha 17 de julio 2026; es decir, cinco días después que la PGR presentara el Memorial de respuesta a la solicitud de Arbitraje de tres empresas de la denominada “Prospera ZEDE”, en la cual sostiene todos los argumentos de fondo y de forma que durante cuatro años, en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro mantuvimos la PGR y este servidor del pueblo en mi carácter de Comisionado Presidencial para la Derogación de las ZEDE.

Mediante ese Acuerdo, el secretario de Estado incumple el mandato constitucional establecido en los Artículos 321, 322, 323 y 324, relativos a las responsabilidades y atribuciones de los funcionarios públicos. El secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico mediante este acuerdo gubernamental reconoce a la pretendida Prospera ZEDE y a su secretario técnico, varias características y atribuciones totalmente improcedentes desde el punto de vista jurídico, así: 1. Reconoce a la pretendida “Prospera ZEDE” como una ZEDE sin que la misma haya sido autorizada por el Congreso Nacional y sin cumplir el requisito previo de realizar un plebiscito con la comunidad de Crawfish Rock. 2. Reconoce la Ley Orgánica y el Registro especial autorizado por el Instituto de la Propiedad (IP), aun y cuando la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, expulsó del Régimen jurídico nacional toda referencia a la ZEDE. 3. Se atreven a suscribir un “instrumento independiente de cooperación” con una figura jurídica inexistente para el Estado de Honduras. 4. El secretario de Estado de Desarrollo Económico, tiene el descaro de suscribir un Acuerdo para él con un nivel de validez jurídica con una entidad cuya empresa “Honduras Prospera Inc”, es la “promotora y organizadora” de esta supuesta ZEDE, denominada “Prospera ZEDE”, la cual está involucrada en un juicio arbitral contra el Estado de Honduras en el CIADI. 5. El Acuerdo plantea como objetivo establecer una alianza estratégica en carácter de socios, como si fueren de un mismo nivel de competencia y atribuciones (pares inter pares), para la promoción de inversiones, exportaciones y turismo.

En tal sentido, se comprometen a intercambiar información de manera regular sobre prioridades de desarrollo, políticas e instrumentos, en el marco de una aberrante supuesta delimitación de “áreas de competencia”. 6. El Acuerdo parte del supuesto que el secretario técnico de la pretendida “Prospera ZEDE”, va a actuar como “Gestor”, facultándole para promover, intermediar, representar y coordinar en nombre y representación de la secretaria de Desarrollo Económico. 7. En la cláusula tercera, se señala como compromiso de “el Gestor”, en su numeral 4, “otorgar a inversores extranjeros acceso al mercado hondureño en los diferentes sectores económicos y áreas con potencial de inversión”. Para todas estas actividades podrá utilizar la información, logotipos y marcas de la secretaria de Desarrollo Económico y “representar la misma” en reuniones, eventos, ferias y foros relacionados con inversión y comercio, a solicitud de la secretaria. 8. En dicho Acuerdo, el secretario de Desarrollo Económico, en la Cláusula quinta, numeral 1, se responsabiliza y acuerda compartir bases de datos contentivas de información sobre normativa jurídica, inversión, comercio y oportunidades de negocios. 9. En la cláusula sexta se atreve a reconocer que el “Gestor” (el secretario técnico de la pretendida “Prospera ZEDE”), es una subdivisión política y Zona de Régimen Especial del Gobierno de Honduras, establecida en la Isla de Roatán (municipios de Roatán y José Santos Guardiola), así como, en el Puerto de Satuyé, en La Ceiba, Atlántida, dentro de su supuesta jurisdicción; contradiciendo completamente las decisiones del Congreso Nacional de la República y la Corte Suprema de Justicia.

En esta misma cláusula al señalar las actividades de la ZEDE a realizar por el “Gestor”, señala la “facilitación de inversiones bajo marcos jurídico-especiales”. Adicionalmente reconoce a Prospera ZEDE como un interlocutor calificado ante la Comunidad Internacional. Asimismo, se compromete con el gestor a coordinar cualquier iniciativa de promoción de impacto en dicho territorios y sectores donde supuestamente Prospera ZEDE es la autoridad competente de todo lo que es inversión, comercio y todas las otras materias. 10. En la Cláusula séptima la Secretaría de Desarrollo Económico además de facilitar la coordinación interinstitucional requerida, incluirá la plataforma de Satuye y todos sus contactos en los materiales oficiales de promoción de inversiones del país. 11. La Cláusula octava la Secretaría de Desarrollo Económico se atreve afirmar que reconocerá públicamente a Prospera ZEDE como destino de inversión prioritario en turismo de alto valor economía creativa e industria ligera y lo incluirá en misiones comerciales y ferias internacionales. Y en esa misma cláusula octava se atreven afirmar que van a desarrollar conjuntamente un perfil denominado Honduras: destino de inversión en economía creativa y turismo de “nicho” para su distribución en foros internacionales especializados.

12. En la cláusula novena el gestor se atreve a comprometerse a que va a poyar a la Secretaría de Desarrollo Económico con su experiencia en estructuración de marcos jurídicos especiales para la atracción de inversiones incluyendo la arquitectura regulatoria de la ZEDE, mecanismos de arbitraje internacional y mejores prácticas de gobernanza de zonas económicas especiales. 13. Clausula decima primera, se atreven a decir que las partes podrán también “comunicarse a través de sus respectivas embajadas”. ¿Qué dice la Cancillería? ¿Qué dice el titular del ejecutivo, que él es el responsable de todo lo que son las relaciones internacionales? 14. Y la Cláusula decima cuarta establece que las partes mantendrán la confidencialidad de toda información sensible, estratégica o comercialmente relevante intercambiada en el marco del acuerdo suscrito. A demás ese acuerdo de confidencialidad incluye todos los datos relacionados a los proyectos futuros, a los inversores, a los financiamientos y permanecerá vigente durante la vigencia del acuerdo que es de un año y por un periodo de cinco años posteriores a la terminación por cualquier causa.

15. Agravando la situación en la Cláusula decimosexta la Secretaría de Desarrollo Económico a sexta que la terminación del acuerdo no afectara la valides de las acciones en curso como es el caso del arbitraje en el CIADI hasta su conclusión salvo acuerdo en contrario. 16. Y en la Cláusula decima séptima cualquiera diferencia será sometida a arbitraje internacional y el laudo arbitral será definitivo y vinculante sin respetar la Normativa Jurídica Nacional y el Sistema Judicial establecido en Honduras. Este Acuerdo, exige la verificación del mismo en todo su contenido y alcance por parte de los órganos competentes del Estado, particularmente de la Procuraduría General de la República (PGR), por ser la responsable de representar al Estado de Honduras ante el CIADI, en la solicitud de arbitraje internacional de tres empresas de la pretendida “Prospera ZEDE”; y por el Ministerio Público (MP / Fiscal General), con el propósito de identificar, calificar y en su caso, judicializar a cualquier persona involucrada en la comisión de un delito derivado de la suscripción de este acuerdo. “La Patria se cuida, se protege y se defiende; la patria no se presta, no se alquila ni se vende”.

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