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Cuando una potencia utiliza su poder para favorecer candidatos o presionar decisiones internas de otro país, la soberanía deja de ser una abstracción y se convierte en una disputa por quién manda.
Ninguna potencia tiene derecho a convertir las elecciones de otro país en una extensión de su política exterior. Tampoco a utilizar el costo de comerciar como palanca sobre las decisiones judiciales de otra nación. La injerencia política merece discutirse precisamente allí: donde el poder extranjero intenta condicionar quién gobierna, qué decisiones puede tomar y cuánto le costará apartarse de sus preferencias.
Hoy en día conviene definir el problema. La influencia diplomática, una declaración pública y un acuerdo de cooperación no tienen el mismo alcance que una operación para desestabilizar a un gobierno o una presión económica destinada a doblegar decisiones soberanas. En este análisis, el criterio es la conducta: qué decisión interna se pretende condicionar, mediante qué instrumento y con qué evidencia. La simpatía ideológica, por sí sola, no demuestra subordinación.
La política actual de Washington ofrece un punto de partida verificable. Su Estrategia de Seguridad Nacional, fechada en noviembre de 2025, propone recuperar la primacía estadounidense en el hemisferio mediante un corolario de Trump a la Doctrina Monroe. Anuncia, además, que premiará y alentará a gobiernos, partidos y movimientos alineados con sus principios y estrategia. El documento también admite cooperar con gobiernos de otras orientaciones cuando existan intereses compartidos.
Mi objeción se concentra en esa inclusión de partidos y movimientos. Una relación entre Estados debe sobrevivir a la alternancia democrática. Cuando el respaldo de una potencia se dirige a una corriente política, corresponde examinar si beneficia a una sociedad o procura inclinar su competencia interna. El documento acredita una preferencia estratégica; no prueba, por sí solo, una operación encubierta.
Honduras muestra cómo el respaldo extranjero puede entrar directamente en el debate electoral. En su informe final, presentado el 3 de marzo de 2026, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea documentó las publicaciones de Trump en apoyo a Nasry Asfura durante el proceso de 2025. Su monitoreo registró un fuerte aumento de la interacción digital y una amplia amplificación mediática, junto con percepciones de injerencia extranjera.
El alcance de esa evidencia debe quedar claro. El informe documenta el respaldo y su repercusión en la conversación pública; no establece cuántos votos modificó ni demuestra que decidiera el resultado. Esa distinción permite cuestionar la actuación política de un mandatario extranjero sin desconocer la voluntad de los electores hondureños. La percepción de injerencia tampoco equivale a una resolución jurídica que la declare.
Brasil permite observar otro instrumento. La Orden Ejecutiva 14323, firmada por Trump el 30 de julio de 2025, dispuso un arancel adicional del 40 % sobre determinadas importaciones brasileñas. Entre sus fundamentos incluyó lo que Washington calificó como persecución política contra Jair Bolsonaro, junto con alegaciones sobre libertad de expresión y afectación de empresas estadounidenses. Esas son las justificaciones del Gobierno estadounidense, no hechos judiciales que este artículo dé por probados.
La interpretación que sostengo es concreta: incorporar el proceso de un dirigente extranjero a la justificación de una penalización comercial convierte esa medida en presión política sobre asuntos internos. No toda sanción constituye automáticamente una violación del derecho internacional. Pero vincular comercio y justicia de esa manera exige explicar por qué la preferencia de una potencia debería pesar sobre las instituciones de otro país.
Los archivos históricos muestran hasta dónde puede llegar una intervención deliberada. Un memorando de la CIA del 12 de mayo de 1975 sobre su papel en el derrocamiento de Jacobo Árbenz en Guatemala describe la presión diplomática y económica, propaganda y acciones paramilitares en la operación de 1954. En Chile, los apuntes de Richard Helms de una reunión con Nixon del 15 de septiembre de 1970 registraron la instrucción de «hacer gritar la economía». Ambos documentos están publicados por el Departamento de Estado.
Son hechos de épocas distintas y mecanismos de diferente gravedad. Un respaldo electoral público no equivale a una operación clandestina de cambio de régimen; un arancel tampoco equivale a una invasión. La comparación válida reside en la pregunta que permiten formular: ¿se respeta la capacidad de una sociedad para decidir o se utiliza poder externo para condicionar sus decisiones? La respuesta exige pruebas para cada caso.
El marco interamericano es explícito. La Carta de la Organización de los Estados Americanos prohíbe en su artículo 19 la intervención directa o indirecta, incluida la injerencia que afecte los elementos políticos, económicos y culturales del Estado. Su artículo 20 rechaza las medidas coercitivas económicas y políticas dirigidas a forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener ventajas. Aplicar estas normas requiere examinar las circunstancias; no basta invocarlas como consigna.
Esta exigencia debe mantenerse al margen de la conveniencia partidaria. Una presión externa no se vuelve legítima porque perjudique a un adversario, ni deja de ser cuestionable porque favorezca al candidato preferido. La izquierda y la derecha tienen derecho a competir. Ninguna corriente debería aceptar que un respaldo extranjero sustituya el mandato de su ciudadanía.
Para los dominicanos, la discusión tiene una memoria verificable. El memorando de Robert McNamara a Lyndon Johnson del 26 de mayo de 1965 documenta el desembarco de marines estadounidenses en Santo Domingo el 28 de abril de aquel año. Recordar esa intervención no autoriza a llamar ocupación a cualquier relación actual; obliga a evaluar las relaciones exteriores con conocimiento de sus posibles consecuencias políticas.
La Presidencia informó el 22 de septiembre de 2026 que Luis Abinader participó en Nueva York en un encuentro de Escudo de las Américas encabezado por Trump. Presentó la iniciativa como cooperación contra el narcotráfico y el crimen organizado. Esa asistencia está documentada; no prueba una injerencia sobre decisiones dominicanas. Sí ofrece una ocasión legítima para exigir información sobre el alcance y los límites de los compromisos asumidos.
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Los seguidores de BTS habían instalado carpas en áreas verdes cerca del recinto. Las autoridades las retiraron como parte de las medidas de orden y seguridad.
El índice de precios de los alimentos subió un 1.5 % en septiembre hasta los 136 puntos, un 5.8 % más que hace un año, impulsado por las disrupciones en el estrecho de Ormuz y el mar Negro y por los shocks climáticos, según los datos publicados este viernes por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ). “Estamos viendo una acumulación persistente y cada vez más generalizada de los precios de los productos básicos, ya que las disrupciones en el estrecho de Ormuz y el mar Negro se combinan con los shocks climáticos, presionando la energía, el transporte y los productos alimentarios clave. Si se mantienen, estas presiones se trasladarán pronto a los precios al consumidor, especialmente en los países dependientes de las importaciones de alimentos y energía”, declaró el economista jefe de la FAO, Máximo Torero. El índice de precios de los cereales subió un 5.1 % respecto a agosto, situándose un 17.2 % por encima de su nivel de septiembre de 2025. Los precios mundiales del trigo aumentaron un 6.3 % por las limitaciones logísticas en el mar Negro y la sequía en partes de América del Norte antes de la siembra, mientras que los del maíz subieron un 5.6 % por las preocupaciones sobre los rendimientos en Estados Unidos, la menor disponibilidad exportable de Brasil y las disrupciones en el comercio del mar Negro. La incertidumbre sobre el transporte a través del estrecho de Ormuz dio un apoyo adicional a los precios de las materias primas para biocombustibles, como el maíz. El índice de precios de los aceites vegetales subió un 0.9 % por el aumento de los precios mundiales del aceite de palma, asociado a la fuerte demanda de importaciones y a las preocupaciones sobre el impacto de la sequía en el sudeste asiático. El índice de precios de la carne cayó un 1.1 %, mientras que el de los lácteos bajó un 0.1 %. El índice de precios del azúcar subió un 6.1 %, impulsado por las expectativas de una oferta mundial más ajustada en la temporada 2026/27. La producción mundial de cereales caerá un 2.1 % en 2026 En su nuevo informe sobre la oferta y la demanda de cereales, la FAO pronostica que la producción mundial de cereales en 2026 caerá un 2.1 % respecto a 2025, hasta 2979 millones de toneladas, lo que seguiría representando la segunda mayor cosecha registrada después del nivel del año pasado. El comercio mundial de cereales también se prevé que disminuya un 3.5 % desde el nivel récord de 2025/26, hasta 505.8 millones de toneladas, debido en gran medida a las restricciones en las rutas marítimas del mar Negro. El Sistema de Información sobre los Mercados Agrícolas (AMIS), alojado por la FAO, señaló en su boletín mensual que las elevadas tarifas de flete, los mercados de fertilizantes más firmes y las continuas disrupciones logísticas contribuyen a un entorno de mercado más incierto. El informe también incluye un artículo que señala que el fortalecimiento de El Niño añade más incertidumbre a las perspectivas de producción, especialmente para el arroz en el sur y el sudeste de Asia, donde los rendimientos suelen ser entre un 1.0 % y un 1.5 % inferiores a su tendencia esperada durante un episodio de El Niño.