Noventa días

Han pasado algo más de noventa días de la invasión de Ceuta, tiempo suficiente para tomar la necesaria distancia de los acontecimientos que permita clarificar sus causas y empezar a vislumbrar sus consecuencias. A estas alturas, pocos dudan de la intencionalidad de Marruecos en esta crisis multidimensional, cuyo principal objetivo era desestabilizar a Ceuta y, por ende, a España. No cabe duda que lo ha conseguido, a costa de ciento cuarenta y un fallecidos y del sufrimiento de los ceutíes y de un número indeterminado de sus propios súbditos, muchos de los cuales llevan malviviendo en nuestra ciudad desde finales de julio.

Aunque resulte sorprendente, a estas alturas el gobierno de España no ha dado cifras concretas de cuántas personas entraron de manera ilegal en Ceuta y de cuántas permanecen en un territorio de poco más de diecinueve kilómetros cuadrados. La única cifra que ofrecen los representantes del gobierno central es la de los retornos voluntarios, una vez que son conducidos a los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE); y del número de expulsados por orden judicial tras haber cometido algún tipo de delito. Otros datos, como la devolución de inmigrantes tras el rechazo de las solicitudes de asilo, permanecen ocultos, seguramente para no indignar a la ciudadanía ceutí por la ineficacia del procedimiento administrativo para expulsar a aquellos que violentaron nuestra frontera.

El gobierno de España trabajó en la preparación de un decreto-ley, confirmado públicamente a finales de septiembre de 2026, orientado a reducir plazos y acelerar las devoluciones y retornos a Marruecos. De haber prosperado esta modificación normativa, los plazos de recursos judiciales se hubieran reducido a cinco días y se abría la puerta a archivar expedientes de asilo de forma exprés.

Sin embargo, esta iniciativa del gobierno encalló debido al bloque político de Sumar, a las serias dudas sobre su encaje jurídico y al rechazo de organizaciones de derechos humanos. Según diversas fuentes, colectivos como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) acudieron formalmente ante el Defensor del Pueblo para denunciar que acortar los plazos impedía realizar el examen obligatorio e individualizado de cada caso, vulnerando tratados internacionales.

La oposición de los partidos más a la izquierda del espectro político y de las entidades sociales y de derechos humanos surgió también en otros casos de guerra híbrida por parte de un país enemigo, como fue el caso de lo sucedido en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en el año 2021. La crisis se produjo cuando el régimen de Aleksandr Lukashenko facilitó la llegada masiva de migrantes, principalmente de Oriente Medio y África, hacia las fronteras exteriores de la Unión Europea, como represalia por las sanciones comunitarias.

La respuesta del gobierno de Polonia fue drástica e inmediata. El primer ministro Mateusz Morawiecki declaró el estado de emergencia, aprobó el despliegue del ejército y ordenó la construcción de un muro físico de ciento ochenta kilómetros para frenar las rutas de inmigración instrumentalizadas por Bielorrusia. Esta política de seguridad fronteriza la ha mantenido y ampliado su sucesor Donald Tusk, impulsando el macroproyecto militar “Escudo Oriental” y adoptando distintas medidas legislativas, entre ellas una ley que permite suspender o restringir temporalmente la admisión de solicitudes de asilo para quienes cruzan de manera ilegal desde Bielorrusia.

El argumento para adoptar este tipo de modificaciones legales son la instrumentalización y la explotación de las leyes tradicionales de asilo internacional por los adversarios de Polonia (Minsk y Moscú). En esta circunstancia, el Estado polaco ha tenido claro que la prioridad nacional debía ser recuperar el control de sus fronteras y garantizar la integridad de su territorio y la seguridad de sus ciudadanos.

La política migratoria de Polonia ha sido respaldada de manera contundente por la Unión Europea, ante lo que califica, sin ambages, como una “amenaza híbrida” orquestada por Bielorrusia y Rusia. Este apoyo se ha traducido en financiación multimillonaria de la UE para defensa y fronteras, la adopción de sanciones económicas y diplomáticas contra altos cargos de Bielorrusia, el despliegue directo sobre el terreno de las fuerzas de Frontex, así como la aprobación de reformas estructurales del Pacto sobre Migración y Asilo de la UE y de reglamentos de crisis diseñados precisamente para combatir “ataques híbridos” e instrumentalización geopolítica de personas.

Resultan evidentes las diferencias en las respuestas dadas por el gobierno de España ante los dos ataques híbridos, de tipo migratorio, perpetrados por Marruecos contra Ceuta en el año 2021 y el de hace tres meses.

Tras el primer ataque, reconocido por el propio gobierno de Marruecos en venganza por dar asistencia médica a un líder del frente Polisario, el gobierno presidido por Pedro Sánchez optó por una política de apaciguamiento que se tradujo en el apoyo del plan de autonomía para el Sahara propuesto por Marruecos y un aparente gesto de reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla consistente en la apertura de una aduana comercial en Ceuta y el restablecimiento de la que durante mucho tiempo funcionó en la ciudad hermana de Melilla.

Después de lo acontecido hace noventa días en Ceuta, está claro que el gobierno se equivocó en su estrategia de colaboración con Marruecos, ya que ha provocado la peor crisis de soberanía territorial en España en tiempos recientes. Lejos de reconocer su error y plantar cara a Marruecos, el gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido su discurso de tildar a Marruecos de país amigo y socio leal, cuando se van acumulando las evidencias de la implicación de nuestro país vecino en la planificación y ejecución de la invasión migratoria de Ceuta. Los gestos de amistad del gobierno de España han sido respondidos por Marruecos con un ataque contra la frontera de Ceuta y la ocupación de nuestro territorio con un número cercano a cien mil personas.

La falta de valentía y voluntad política para adoptar medidas que permitieran la inmediata devolución de las personas que accedieron a Ceuta a finales de julio, entre otras razones por la presión de sus socios de gobierno y determinadas entidades sociales, están provocando graves daños ambientales, económicos y sociales en nuestra ciudad. Hay que estar muy ciego para no reconocer que no estamos ante una crisis migratoria, sino ante un nuevo ataque híbrido contra la soberanía española de Ceuta. Es igualmente evidente que Marruecos se ha servido de la desesperanza de muchos de sus súbditos para utilizarlos como arma arrojadiza con el objetivo de minar el futuro de Ceuta y así lograr su manifestado propósito de anexionarla a su territorio.

Nadie duda de que los inmigrantes, como cualquier persona, merecen que se les respeten sus derechos humanos, sin embargo, muchos nos preguntamos: ¿Dónde quedan los derechos de los ceutíes a vivir en una ciudad limpia y segura? ¿Qué futuro les espera a las empresas que conforman el tejido económico de Ceuta? ¿Cómo restauramos la convivencia en nuestra ciudad cuando la confianza entre las distintas comunidades que la conforman se ha visto alterada? ¿De qué manera tratamos las heridas psicológicas que nos están dejando la invasión de Ceuta? ¿Quién nos garantiza que este tipo de ataques híbridos no se repetirán en el futuro? Preguntas sin respuestas inmediatas, nos tememos. El tiempo irá diciendo y también lo iremos haciendo los propios ceutíes, ya que, si algo ha quedado claro durante esta crisis, es el inmenso amor que la mayoría profesamos a esta tierra. Un amor que nos ha llevado a organizarnos y movilizarnos para que reclamar soluciones rápidas y eficaces para recuperar la normalidad arrebatada desde hace noventa días.

A estas alturas, nadie espera que las soluciones las aporte el actual gobierno. Confiemos en que sepa arbitrarlas el gobierno que salga de las próximas elecciones generales. Mientras tanto, tendremos que seguir luchando para que no nos olviden y preparando la estrategia de restauración ambiental, económica y social de Ceuta. Esperemos que para ello cuenten con la participación con la sociedad civil de nuestra ciudad.

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