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Los Ángeles— El consulado de México en Los Ángeles ayuda a miles de ciudadanos cada semana, asistiéndolos con el registro de nacimientos, la obtención de pasaportes y, cada vez más desde que comenzó el segundo mandato del presidente Donald Trump, con el acceso a ayuda legal para seres queridos que han entrado en conflicto con las políticas migratorias de su gobierno.
Aunque dicho consulado atiende a la mayor comunidad mexicana del país, los 53 consulados de México en Estados Unidos brindan servicios que facilitan la vida de los mexicanos, del mismo modo que los nueve consulados de Estados Unidos en México mejoran la vida de los estadounidenses al sur de la frontera.
Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha iniciado una revisión que podría provocar el cierre de un número desconocido de consulados mexicanos. Aunque la agencia no ha explicado los motivos, la revisión se produce en el contexto de la ofensiva contra la inmigración, algunos espinosos asuntos bilaterales y teorías de extrema derecha según las cuales los consulados han interferido en la política de Estados Unidos y alentado a los mexicanos a migrar hacia el norte.
Azucena Avilés, una madre de 33 años que condujo más de una hora hasta el consulado de Los Ángeles este mes para renovar su pasaporte mexicano y obtener uno para su hija, afirmó que los servicios consulares son invaluables, especialmente en California, donde viven casi 13,000,000 de personas de ascendencia mexicana, entre ellas se calcula que hay 1,700,000 que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular.
“No se me haría justo que se metieran con la gente mexicana, más que nada con nuestros apoyos que son del consulado mexicano y que, en algún aspecto, ayuda o protege a nuestros paisanos”, manifestó.
Trump ha ejercido una creciente presión sobre México en asuntos que incluyen derechos humanos, soberanía nacional y diplomacia regional. Su administración, no obstante, solo ha dado explicaciones muy generales para iniciar la revisión.
“El Departamento de Estado revisa constantemente todos los aspectos de las relaciones exteriores estadounidenses para garantizar que estén alineados con la agenda de política exterior de Estados Unidos Primero del presidente y que promuevan los intereses estadounidenses”, escribió en un correo electrónico Dylan Johnson, subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales.
Entre las posibles razones de la revisión está que podría encajar en los esfuerzos migratorios del gobierno de Trump para deportar a personas que se encuentran en Estados Unidos de manera irregular. El mayor contingente de ellas, unos 4,300,000 según el Pew Research Center, es mexicano.
Las relaciones entre ambos países también podrían influir, ya que Trump ha aumentado la presión sobre México en la antesala de negociaciones de libre comercio, que son importantes para las economías de ambas naciones, ha adoptado un enfoque más agresivo hacia el vecino del sur e incluso ha amenazado con emprender acciones militares contra los cárteles mexicanos.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha evitado choques frontales con Trump y ha recurrido en cambio a la diplomacia, incluido el envío de altos funcionarios a Washington y el intento de mantener una relación sólida con la administración Trump mediante una ofensiva contra los cárteles.
Sheinbaum y su antecesor también han sido aliados clave para frenar la migración hacia Estados Unidos y acelerar la deportación de otros migrantes latinoamericanos.
Sin embargo, la mandataria ha adoptado una postura más firme respecto de las muertes de mexicanos en centros de detención migratoria de Estados Unidos, un hecho que calificó de “inaceptable”, y afirmó que las condiciones en esos sitios eran “incompatibles con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas”. Ordenó a los consulados mexicanos que visiten los centros de detención a diario para ayudar a garantizar que los ciudadanos detenidos estén recluidos en condiciones seguras.
Las relaciones se deterioraron rápidamente en las últimas semanas después de que Estados Unidos imputó a varios funcionarios mexicanos por cargos de narcotráfico y tras la muerte de dos agentes de la CIA después de realizar una operación antidrogas en el norte de México, una participación estadounidense que, según Sheinbaum, su gobierno no había autorizado.
Ese operativo planteó preguntas incómodas en México sobre el alcance de la participación de Estados Unidos en operaciones de seguridad interna. Los aranceles de represalia entre ambos países también han añadido tensión.
