A principios del presente siglo, cuando las organizaciones progresistas, revolucionarias y de izquierda de la República Dominicana advertían sobre las consecuencias que tendría para la economía nacional la incorporación al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA), no faltaron quienes calificaron aquellas advertencias como expresiones de un pensamiento anclado en el pasado, contrario al progreso y a las supuestas bondades de la globalización.
Sin embargo, aquellas organizaciones no limitaron sus actuaciones a las protestas callejeras ni a las consignas. Procuraron encuentros con distintos sectores de la vida nacional, particularmente con los productores agropecuarios, entre ellos los arroceros, para explicar los riesgos de colocar una economía pequeña frente a la poderosa maquinaria productiva y comercial de Estados Unidos, sin las garantías suficientes para preservar su aparato productivo.
Se trataba de advertir que la competencia entre economías profundamente desiguales difícilmente podría producir resultados equitativos. Una cosa era hablar de libre comercio desde los grandes centros de poder económico y otra muy distinta aceptar sus consecuencias desde este pequeño país caribeño, situado, como inmortalizara el poeta nacional Pedro Mir, “en el mismo trayecto del sol”.
El DR-CAFTA, firmado en agosto de 2004, y puesto en vigencia en territorio dominicano el primero de marzo de 2007, fue presentado como una oportunidad histórica para el crecimiento, la inversión y el desarrollo. Sus defensores prometían mayores mercados, mejores precios y un futuro de prosperidad. Sus críticos advertían que semejante apertura, sin una transformación estructural de la producción nacional, terminaría favoreciendo a los sectores económicamente más poderosos.
Casi dos décadas después, aquellas advertencias encuentran un renovado motivo de preocupación ante una decisión del Gobierno dominicano que amenaza con modificar profundamente las condiciones de supervivencia del sector arrocero.
El presidente Luis Abinader Corona, mediante el Decreto 635-26, del 9 de septiembre de 2026, derogó el Decreto 693-24, emitido en diciembre de 2024, que establecía mecanismos arancelarios destinados a proteger la producción nacional de arroz frente a las importaciones.
La disposición derogada contemplaba un arancel del 20%, dentro de determinados contingentes y del 99%, fuera de estos, además de una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas de arroz estadounidense con arancel cero. No constituía una prohibición absoluta de importar, si no un mecanismo para regular el acceso al mercado y procurar condiciones de protección para los productores dominicanos. La decisión se produjo en medio de los reclamos de las autoridades comerciales estadounidenses, que consideraban aquellas medidas incompatibles con las obligaciones asumidas por la República Dominicana en el DR-CAFTA.
He aquí una contradicción que merece una profunda reflexión nacional: mientras Estados Unidos procura preservar sus intereses agrícolas y comerciales mediante los instrumentos de política económica que considera convenientes, exige a una nación considerablemente más pequeña retirar mecanismos que esta había establecido para defender su producción.
Por ello, resulta difícil comprender que un Gobierno elegido para administrar y defender los intereses de la nación dominicana termine suprimiendo una protección estratégica precisamente cuando sus productores necesitan mayores garantías para competir.
No se trata de desconocer los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano. Se trata de cuestionar las condiciones bajo las cuales fueron negociados, sus consecuencias y la capacidad del Gobierno para defender los intereses nacionales frente a las exigencias de una potencia económica.
El arroz no representa únicamente una mercancía sometida a las reglas del mercado. Constituye uno de los alimentos fundamentales de la dieta dominicana, una actividad económica que sostiene a miles de familias y un componente esencial de la seguridad alimentaria.
La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios ha advertido que la derogación compromete a un sector integrado por unos 30,000 productores y vinculado a más de 300,000 empleos directos e indirectos. Detrás de esas cifras existen comunidades, trabajadores, pequeños propietarios, comerciantes y familias cuya estabilidad depende de la continuidad de la actividad arrocera. Por ello, reducir el debate a una cuestión de aranceles constituye una peligrosa simplificación. Lo que está en discusión es la capacidad de la República Dominicana para producir una parte sustancial de sus propios alimentos, y evitar una dependencia creciente de las importaciones.
El libre comercio no puede transformarse en una doctrina incuestionable, mucho menos cuando sus resultados amenazan la subsistencia de sectores estratégicos. Tampoco puede presentarse como una relación de igualdad comercial aquella que se establece entre economías cuyas capacidades tecnológicas, financieras y productivas son extraordinariamente diferentes.
La historia económica demuestra que el desarrollo de las grandes potencias no estuvo desligado de políticas destinadas a fortalecer sus industrias y actividades agrícolas. Pretender que los países pequeños renuncien a toda protección mientras enfrentan competidores de enorme capacidad constituye, cuando menos, una contradicción del discurso globalizador.
Lo ocurrido obliga también a revisar la responsabilidad histórica de quienes promovieron el DR-CAFTA como si sus beneficios estuvieran garantizados. Las advertencias formuladas por las organizaciones progresistas y de izquierda no eran simples expresiones de oposición ideológica. Respondían a preocupaciones sobre la estructura productiva, la desigualdad económica y la soberanía nacional.
