¿Qué propone la ley para nacionalizar vehículos “chutos” y quiénes quedarían fuera?

El Proyecto de Ley 494 plantea una regularización extraordinaria, “por única vez”, para los vehículos indocumentados que ya circulan en Bolivia. Fija siete requisitos, cinco exclusiones y dispone que toda la recaudación vaya a carreteras. El sector automotor rechaza la iniciativa.

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados analiza el Proyecto de Ley 494/2025-2026, presentado por el diputado Reinaldo Seas, de Libre, para nacionalizar vehículos indocumentados que ya se encuentren en territorio boliviano.

La propuesta abre un proceso “extraordinario, único e improrrogable”, pero no define todavía cuánto costará la regularización ni cuánto tiempo estará vigente. Esos aspectos quedarían en manos del Órgano Ejecutivo mediante una reglamentación posterior.

El proyecto al que accedió EL DEBER incluye únicamente a los motorizados que estén dentro del país cuando la ley entre en vigencia. Quienes completen el procedimiento recibirán placa de circulación, registro en el RUAT y documentación legal.

“Hay dos caminos para estos vehículos: sacarlos de circulación porque son un peligro para la seguridad vial o buscar un mecanismo para nacionalizarlos”, explicó Seas a EL DEBER.

El legislador afirmó que su propuesta no busca beneficiar a quienes introdujeron los vehículos ilegalmente, sino a quienes los compraron y los utilizan como medio de transporte o herramienta de trabajo.

“No estoy hablando de los que han traído los vehículos; estoy hablando de quienes los han comprado”, sostuvo.

Si se valida la ley y para acogerse al proceso, el propietario deberá:

- Registrar digitalmente la documentación y características del motorizado.

- Contratar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

El pago será único y su monto dependerá del tipo, la antigüedad y las características del vehículo, además de multas y cargos. Algunos transportistas consideran que este proceso será costoso o fuera del alcance de las personas que estén interesadas en este proceso.

- Vehículos con denuncia de robo en Bolivia, Chile u otros países.

- Unidades que no aprueben la inspección técnica o los controles de emisiones.

- Motorizados que estén fuera del país cuando la ley sea publicada.

Para verificar la procedencia, se prevé cruzar datos con Interpol, Diprove, la Aduana Nacional, el RUAT y otras instituciones.