Gobierno prevé reducir el gasto con menos salarios, obras y sin subsidios

El programa de 36 meses del crédito con el FMI busca reducir el déficit fiscal al 3,8% del PIB hasta 2028.  El PGE de 2027 ya no contemplará recursos del TGN ni de empresas estatales para subsidiar los carburantes

El Gobierno prevé reducir el gasto de las cuentas públicas mediante un plan acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla principalmente el retiro gradual de la subvención a los combustibles, un menor crecimiento del gasto en salarios del sector público y una reducción o postergación de proyectos de inversión pública, considerados de baja prioridad.

En términos simples, el ajuste fiscal busca que el Estado gaste menos en relación con sus ingresos para reducir el déficit de las cuentas públicas. Como parte del acuerdo con el FMI, Bolivia se comprometió a reducir ese déficit hasta el 3,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2028.

“En el marco del programa (con el FMI), que es un programa de 36 meses, lo que se acuerda es llegar a 2028 con un déficit fiscal de 3,8, que es un déficit que te permite tener mayor movilidad respecto a tus finanzas públicas”, señaló el ministro de Economía, Christian Morales.

La medida que tendrá un efecto más directo en los consumidores será la eliminación de la subvención a los combustibles. El Gobierno plantea que el Presupuesto General del Estado (PGE) de 2027, ya no contemple recursos del Tesoro ni de las empresas estatales para cubrir el costo de esta subvención.

Al eliminarse esta subvención, los precios de los combustibles deberán reflejar en mayor medida sus costos, lo que puede tener efectos sobre el transporte y otros productos y servicios.

Para reducir el impacto sobre los hogares de menores ingresos, el Gobierno prevé fortalecer programas de protección social dirigidos específicamente a la población más vulnerable.

El segundo componente del plan estará en el gasto destinado a los salarios del sector público. El Gobierno se compromete a limitar las nuevas contrataciones y a mantener el crecimiento de la masa salarial —es decir, el monto total que el Estado destina al pago de sueldos— por debajo del crecimiento del PIB nominal durante los próximos años.

“Esta estrategia, con la que se proyecta reducir la masa salarial por encima del 1% del PIB a lo largo del periodo del programa, ayudaría a reducir la brecha de remuneración entre el sector público y el privado y revertiría parcialmente el incremento del 4% del PIB que tuvo lugar bajo el gobierno anterior”, señala el Memorando de Políticas Económicas y Financieras que Bolivia presentó al FMI.

El Gobierno también prevé reducir y reordenar la inversión pública. Para ello, plantea retrasar o cancelar proyectos considerados de baja prioridad y establecer límites obligatorios al gasto mediante una resolución ministerial que deberá emitirse antes de finalizar septiembre.

La intención es concentrar los recursos disponibles en proyectos que generen mayores beneficios económicos y sociales, principalmente en infraestructura pública y en el sector energético.

Además, el Gobierno prevé realizar una Evaluación de Gestión de la Inversión Pública con apoyo del FMI, con el objetivo de identificar medidas para mejorar la planificación, ejecución y eficiencia de los recursos destinados a obras públicas.

El programa también contempla cambios en la forma en que el Estado interviene en la economía. El Gobierno se compromete a eliminar progresivamente los controles generalizados sobre los precios y los límites a las exportaciones.

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