Cámara de Diputados abre negociación de cuatro proyectos para construir una sola Ley de Inversiones

El proyecto del Ejecutivo tiene 103 artículos, plantea reemplazar la ley vigente desde 2014 y forma parte de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno. El arbitraje internacional aparece entre los primeros temas de debate.

La Cámara de Diputados abrió un proceso de negociación para construir una sola Ley de Inversiones a partir de cuatro proyectos que se encuentran en el Legislativo. El más reciente llegó el martes desde el Ejecutivo y contiene 103 artículos que plantean nuevas reglas para atraer capital nacional y extranjero, incentivos tributarios, alianzas público-privadas y mecanismos de solución de controversias.

El presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, confirmó este miércoles que las cuatro propuestas serán unificadas durante su tratamiento y anticipó acercamientos con las distintas fuerzas políticas para alcanzar acuerdos.

“Con esta ley que ha ingresado ayer, que es la ley más ambiciosa, serían alrededor de cuatro (proyectos) y por eso vamos a empezar a trabajar los consensos porque hay bastantes leyes y criterios que deben ser unificados”, explicó Castro.

El proyecto enviado por el Gobierno será remitido a la Comisión de Política Económica y Finanzas, que reglamentariamente dispone de 15 días para su análisis. Castro señaló que, debido a la extensión de la propuesta y a la existencia de otras tres iniciativas, se dará espacio al trabajo técnico antes de llevar un texto al pleno.

“Lo que se busca es generar los criterios de consenso para tener una sola ley que pueda ser aprobada en su mayoría o por dos tercios”, sostuvo el titular de Diputados durante una conferencia de prensa.

La Cámara todavía no detalló públicamente, en el anuncio realizado este miércoles, el contenido ni la autoría de los otros tres proyectos que serán considerados durante la unificación. Castro sí informó que comenzarán las conversaciones con las bancadas y que existe coordinación con el Ministerio de Economía para que sus autoridades expliquen la propuesta en comisión y, eventualmente, ante el pleno.

La propuesta del Ejecutivo se denomina Ley de Promoción, Protección y Facilitación de las Inversiones Productivas y plantea abrogar la Ley 516 de Promoción de Inversiones, vigente desde abril de 2014.

El proyecto incorpora incentivos para reducir los costos de nuevas inversiones. Entre ellos figura la posibilidad de importar determinados bienes de capital, maquinaria y equipos productivos sin pagar IVA ni Gravamen Arancelario, además de créditos tributarios imputables al Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE), sujetos al cumplimiento de metas relacionadas con empleo, exportaciones, industrialización, innovación y otros indicadores.

También propone crear una Agencia Nacional de Inversiones y una Ventanilla Única para centralizar y agilizar trámites. Los contratos de inversión podrían otorgar estabilidad sobre determinadas condiciones e incentivos por un periodo de hasta 10 años. La propuesta incorpora, además, un régimen de alianzas público-privadas (APP) para proyectos de infraestructura y servicios de interés público.

El Ejecutivo plantea asimismo elaborar cada cinco años un Plan Nacional de Inversiones y establece 19 sectores prioritarios, entre ellos agroindustria, energías renovables, litio, minerales estratégicos, logística, turismo, economía digital, inteligencia artificial y biotecnología.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, presentó la norma como parte de una nueva arquitectura para la inversión y señaló que busca generar previsibilidad, seguridad jurídica y reglas estables para capitales nacionales y extranjeros. En julio había explicado que la Ley de Inversiones funcionaría como un “paraguas” para otras reformas económicas vinculadas con hidrocarburos, minería y energía.

Uno de los primeros puntos de discusión será el arbitraje internacional. El proyecto establece que determinadas controversias podrán recurrir a ese mecanismo cuando exista consentimiento expreso del Estado mediante tratados, contratos de inversión, APP u otros instrumentos autorizados. También fija materias que quedarían excluidas.

Legisladores del sector de Libre próximo a Jorge “Tuto” Quiroga cuestionaron ese componente y sostienen que antes sería necesaria una reforma constitucional. El diputado José Manuel Ormachea anticipó que, tal como está redactado, no respaldarán el proyecto. El Gobierno sostiene una interpretación distinta: Espinoza afirmó que determinados arbitrajes internacionales son posibles dentro de los límites de la actual Constitución.

Castro evitó adelantar una posición sobre ese punto y señaló que los detalles y eventuales modificaciones deberán ser analizados durante el tratamiento.