La investigación iniciada en Chile activó controles extraordinarios y paralizó despachos hacia distintos mercados. El sector forestal denuncia pérdidas económicas, cuestiona la actuación del fiscal de Arica y plantea nuevos protocolos de control
Durante casi 40 días, el sector forestal boliviano vivió una crisis que ningún laboratorio ha podido reparar. La acusación lanzada por la Fiscalía Regional de Arica sobre una supuesta carga de más de un centenar de toneladas de cocaína impregnada en madera boliviana activó alertas extraordinarias en la región, paralizó exportaciones, inmovilizó camiones en distintos pasos fronterizos y sembró dudas entre compradores internacionales. Cuando los análisis científicos descartaron la presencia de sustancias controladas, el daño económico y reputacional ya estaba hecho.
La denuncia provocó la retención de cargamentos desde Pisiga hasta Yacuiba y generó controles extraordinarios en Brasil, afectando una cadena logística que abastece a compradores en más de 50 países. Para las empresas forestales, la incertidumbre fue suficiente para frenar despachos, incumplir cronogramas y poner en riesgo operaciones construidas durante décadas.
El presidente de la Cámara Forestal de Bolivia, Pedro Colanzi, recordó que la actividad genera el sustento de cerca de 200.000 bolivianos, exporta más de $us 100 millones al año y mueve alrededor de $us 700 millones en el mercado interno. Añadió que los análisis terminaron confirmando lo que el sector sostuvo desde el inicio: la impregnación de cocaína en maderas duras era prácticamente imposible por sus características físico-químicas.
Las consecuencias económicas fueron inmediatas. Según Colanzi, durante mayo el sector proyectaba exportaciones por $us 5 millones, pero apenas alcanzó $us 800.000, un nivel comparable únicamente con los peores meses de la pandemia. Advirtió que junio mostrará resultados aún más bajos debido a la paralización de buena parte de la actividad.
El dirigente citó un estudio de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), según el cual el 95% de las empresas forestales tenía carga lista para exportar, pero decidió no despacharla por temor a nuevas retenciones. A ello se suma que 15 compañías contrataron abogados en Chile para recuperar sus cargamentos y solicitar nuevas pericias, ya que, según Colanzi, muchos de esos embarques representan el capital de trabajo de empresas que podrían enfrentar serias dificultades financieras si el proceso se prolonga.
Uno de los focos de mayor preocupación continúa en Arica, donde permanecen retenidos cargamentos pertenecientes a 15 empresas bolivianas que decidieron contratar abogados en Chile para defender sus intereses y solicitar nuevas pericias judiciales. Colanzi advirtió que muchos de esos embarques representan el capital de trabajo de las compañías y que prolongar su inmovilización podría comprometer seriamente su estabilidad financiera.
Colanzi fue especialmente crítico con la actuación del fiscal regional de Arica. Sostuvo que el caso se convirtió en un “show” mediático cuando se anunció la supuesta presencia de más de un centenar de toneladas de cocaína en madera boliviana antes de que existieran pericias concluyentes. Afirmó que esa exposición pública desencadenó controles extraordinarios, inmovilizó cargamentos y provocó pérdidas que ahora el sector intenta revertir.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, coincidió en que el episodio trascendió al sector forestal y terminó afectando la imagen comercial del país. Advirtió que la reputación constituye uno de los activos más valiosos para cualquier economía exportadora y recordó que recuperar la confianza de los mercados puede tomar años, incluso después de que las pruebas científicas hayan descartado las acusaciones iniciales.
En la misma línea, el presidente Rodrigo Paz lamentó que el caso hubiera sido utilizado políticamente y sostuvo que las empresas forestales no debieron soportar las consecuencias de una denuncia que finalmente perdió sustento. Consideró que corresponde restablecer la confianza de los compradores internacionales y fortalecer la coordinación entre autoridades para evitar que futuras investigaciones vuelvan a afectar a sectores que generan empleo, divisas y desarrollo para el país.
La madera boliviana quedó libre de sospecha. Pero para un sector que durante semanas vio frenadas sus exportaciones, inmovilizado su capital y cuestionada su credibilidad internacional, la verdadera recuperación apenas comienza.
Sector afectado. El 95% de las empresas forestales frenó sus despachos por temor a nuevas retenciones, según un estudio citado por la Cámara Forestal.
Daño económico. “En mayo debíamos exportar cinco millones de dólares y apenas llegamos a 800.000”, advirtió Pedro Colanzi.
Acciones legales. Quince empresas contrataron abogados en Chile para recuperar cargamentos retenidos y limpiar su nombre tras la denuncia.
Exfiscal Bravo cuestiona investigación chilena sobre la madera boliviana y denuncia perjuicios a exportadores
