El Ejecutivo fija un precio inicial de Bs 18 para determinados usuarios, mantiene Bs 9,80 para transporte y particulares y busca incentivar la importación privada. Santa Cruz pide cerrar la ANH, eliminar impuestos y trabas para el sector privado
Con la crisis de abastecimiento agravada y las filas nuevamente extendidas en los surtidores, el Gobierno mueve las reglas del mercado del diésel en busca de una salida.
La primera medida segmenta el precio. Particulares, transporte público y transporte pesado que carguen directamente en surtidores mantendrán los Bs 9,80 por litro, mientras determinados consumidores que adquieren diésel para trasladarlo a sus instalaciones pagarán un precio referencial que comienza en Bs 18 y posteriormente será variable.
La precisión fue realizada por el Ministerio de Hidrocarburos después de las dudas generadas por el DS 5676. Superar los 120 litros de consumo no significa, por sí solo, que un vehículo pase automáticamente al nuevo precio. Los Bs 18 son un valor inicial que después deberá actualizarse según costos de importación e impuestos.
El Gobierno justifica el cambio por el encarecimiento de las importaciones, la presión sobre las finanzas de YPFB y el contrabando. El ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, resumió el giro: “Lo único que estamos haciendo es sincerar el precio”.
El Ejecutivo espera además que el nuevo esquema atraiga importadores privados y aumente la oferta. Blanco dijo que, tras varias reuniones con ese sector, “ellos van a empezar a traer en cantidades importantes”, aunque reconoció que la solución atravesará un periodo de transición.
El cambio proyectado va más allá. Blanco confirmó que la intención es reducir progresivamente el papel de YPFB en la comercialización. “El privado tendrá que ser quien invierta, traiga y venda”, afirmó, aunque reconoció que existen “algunas trabas constitucionales”.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, sostiene que acercar el precio al costo internacional permitirá abrir el mercado. “Los privados van a tener incentivos para poder traer el diésel y poder venderlo”, señaló. El Ejecutivo considera que reducir la brecha de precios también disminuirá el incentivo para el contrabando.
Mientras el Gobierno apuesta por los privados, Santa Cruz sostiene que todavía existen obstáculos. Tras una reunión del Comité pro Santa Cruz con el presidente de YPFB, Sebastián Daroca se acordó impulsar la participación pública y privada en importación, almacenamiento, transporte, refinación, distribución y comercialización.
El documento plantea solicitar una normativa que elimine cargas tributarias, particulamente IVA e IT, y requisitos vinculados a Sustancias Controladas que obstaculizan la importación privada. También propone recuperar campos de producción de crudo subutilizados o paralizados, impulsar los biocombustibles y eliminar definitivamente la ANH.
Por su parte, el gobernador Juan Pablo Velasco ratificó que solicitará cambios normativos para abastecer al departamento mediante alianzas público-privadas y que los trámites de importación duren un máximo de cuatro días. “Esta burocracia actual desincentiva a los privados a importar”, sostuvo.
Velasco también plantea que todos los surtidores puedan vender combustible privado y eliminar la subvención excepto para el transporte público. “El gradualismo solo mantiene el sufrimiento”, afirmó.
Las medidas conocidas tampoco serían las últimas. Fernando Aramayo anunció que próximamente el Gobierno presentará un nuevo modelo de gobernanza del sector hidrocarburífero.
¿Por qué se levantó la subvención al diésel destinado al sector productivo? YPFB responde
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