La letra chica del RIGI: resigna casi u$s8.500 millones en recaudación de impuestos
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Mediante el Decreto 635-26, firmado por el presidente el 9 de septiembre de 2026, el Gobierno dominicano derogó íntegramente dicho decreto que ponía hasta a un 99 % al arroz importado desde Estados Unidos
Luis Abinader durante su discruso de rendición de cuentas en febrero del 2025.
El presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo el 27 de febrero de 2025 que la promulgación del hoy derogado Decreto 693-24 constituyó el cumplimiento de su promesa de salvaguardar al sector arrocero dominicano frente al inicio de la desgravación total contemplada en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
Durante su alocución presidencial, en aquella ocasión el mandatario recordó que un año atrás había asumido el compromiso público de no desproteger a los agricultores ante la apertura comercial prevista para el 1 de enero de 2025.
"En este mismo escenario, hace un año, dije que no dejaría solos a los productores de arroz frente a la amenaza que significaba su libre importación a partir del primero de enero del presente año en el marco del acuerdo de CAFTA y he cumplido", afirmó el jefe de Estado ante los asistentes, entre quienes se encontraban representantes del sector agropecuario.
Abinader dirigió unas palabras a trabajadores del campo que fueron invitados al acto de Rendición de Cuentas 2025.
"Quiero saludar aquí también a varios de los productores arroceros que están aquí presentes. Felicidades y vamos a seguir produciendo e impulsando el desarrollo", destacó.
Asimismo, el gobernante enfatizó la finalidad del decreto, la cual acumulaba poco más de dos meses de vigencia tras ser firmada a mediados de diciembre de 2024.
"Mediante el decreto 693-24, aseguramos que el arroz que consumimos los dominicanos siga siendo de producción nacional, de manera que este alimento nunca falte en la mesa de la familia dominicana y a los productores no les falte el trabajo", aseveró.
El Decreto 693-24 fue emitido por el Poder Ejecutivo el 17 de diciembre de 2024, sustentado en la Ley 589-16 sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y en recomendaciones del Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN).
La normativa fijó un arancel del 20 % ad valorem dentro de contingente y de 99 % fuera de este, otorgando además una cuota preferencial de 23,300 toneladas métricas con arancel cero para el grano procedente de Estados Unidos.
No obstante, la vigencia del mecanismo de protección arancelaria concluyó en septiembre de 2026.
Mediante el Decreto 635-26, firmado por el presidente Abinader el 9 de septiembre de 2026, el Gobierno dominicano derogó íntegramente el Decreto 693-24.
Posteriormente, el 11 de septiembre de 2026, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) hizo pública una solicitud formal al Gobierno dominicano para anular la medida arancelaria, argumentando la necesidad de restaurar el acceso al mercado según lo pactado en el marco del DR-CAFTA.
Dicha posición fue comunicada tras un encuentro diplomático virtual entre funcionarios del USTR y el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Víctor Bisonó.
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