Cepal, peste porcina y el costo de la inacción: la Meta RD 2036 en jaque

Dos señales casi simultáneas desde el exterior deberían preocupar a quien sigue la proyección internacional de República Dominicana.

La primera es el informe de la Cepal Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica, presentado a inicios de agosto de 2026 por una comisión copresidida por Michelle Bachelet e Iván Duque (según la Cepal). La segunda es la posición del Grupo de Prevención PPA Américas, impulsado desde Brasil, que mantiene al país bajo vigilancia máxima por la peste porcina africana y lo describe como un caso de “convivencia” con una enfermedad sin vacuna que actúa como bomba de tiempo continental (según declaraciones de Juan Luis Uccelli, coordinador del grupo, y Sula Alves, de la Asociación Brasileña de Proteína Animal, formuladas en el marco del Salón Internacional de Proteína Animal – SIAVS).

Por separado parecen crisis distintas: una geopolítica y estructural; la otra sanitaria y sectorial. Juntas apuntan al mismo problema de fondo: debilidad institucional, temor político a asumir costos inmediatos y una gobernanza incapaz de transformar activos reales en ventaja estratégica. En el mundo que describe la Cepal que deja atrás el multilateralismo basado en reglas y entra en una era de relaciones de poder, esa debilidad deja de ser solo un asunto interno. Se convierte en daño reputacional y pérdida de competitividad.

El informe parte de una constatación central: el mundo dejó de estar gobernado principalmente por reglas multilaterales (OMC, acuerdos internacionales y un comercio relativamente predecible). Hoy predominan la seguridad nacional, la competencia geopolítica, el control de tecnologías críticas, la relocalización de cadenas de suministro y las decisiones de poder entre Estados (según el informe de la CEPAL, agosto 2026).

Sobre esa base identifica ocho rupturas profundas: la globalización subordinada a la seguridad nacional, la erosión del multilateralismo, el declive del orden unipolar estadounidense frente a la rivalidad con China, el retroceso democrático, la desinformación masiva en la era de la inteligencia artificial, la regresión en igualdad de género y el fin del consenso climático, entre otras. Estas transformaciones golpean a una región atrapada en tres trampas de desarrollo: baja capacidad de crecimiento (apenas 1,2 % anual promedio entre 2016 y 2025), desigualdad persistente y gobernanza poco efectiva con limitadas capacidades institucionales (según la Cepal).

La Cepal no se detiene en el diagnóstico. Destaca que la región cuenta con activos estratégicos revalorizados: es la mayor exportadora neta de alimentos del mundo, alberga casi la mitad de la biodiversidad terrestre, concentra el 46 % de las reservas globales de litio y el 35 % de cobre, posee la matriz eléctrica más limpia del planeta, recibe remesas millonarias y se mantiene como zona de paz sin armas nucleares. El mensaje es directo: estos activos solo se convierten en poder de negociación si hay estrategia deliberada, cooperación regional y, sobre todo, fortalecimiento del Estado. La advertencia es clara: la ventana de oportunidad es limitada. Sin estrategia, la región aceptará pasivamente las condiciones que le impongan las potencias.

En este nuevo orden, los países que no demuestren instituciones capaces de gestionar riesgos, seguridad en las cadenas productivas y control sanitario confiable quedan fuera del radio competitivo. No se trata solo de crecer un poco más o de firmar acuerdos. Se trata de operar en un entorno donde la seguridad y la confiabilidad pesan más que la mera eficiencia. República Dominicana, si no avanza en esa dirección, corre el riesgo de quedar al margen de las oportunidades que el propio informe identifica para la región.

El llamado a “fortalecer la gobernanza geopolítica”, en palabras de Iván Duque, adquiere especial peso cuando se observa el manejo dominicano de la peste porcina.

Brasil no registra casos de peste porcina africana desde 1984. Su éxito se sostiene en controles fronterizos estrictos, monitoreo de rebaños y protocolos de bioseguridad del sector privado. A través del Grupo de Prevención PPA Américas, que agrupa entidades de 21 países, mantiene a República Dominicana bajo máxima alerta. Uccelli y Alves son explícitos: el país “convive” con la enfermedad. El proyecto de erradicación de 2022 financiado por Estados Unidos y que contemplaba el sacrificio total de la población porcina con compensación a los productores, seguido de repoblación fracasó por “miedo político” y falta de decisión del gobierno de entonces, en particular del ministro de Agricultura. Cuatro años después, ese financiamiento ya no está disponible. El costo de la persistencia es mayor: producción nacional severamente afectada, dependencia de importaciones (que en 2025 se situó entre el 67 % y el 75 % del consumo, según datos de DIGEGA, el Ministerio de Agricultura y Fedoporc), precios más altos para la población y riesgo permanente de que el virus se propague a territorios libres.

Las autoridades dominicanas responden que la enfermedad está “controlada”, que los focos son mínimos y que el Programa Nacional de Bioseguridad Porcina ha reducido el riesgo en un 70 % dentro del sistema productivo formal (granjas adheridas al programa) y ha certificado predios sin casos (según el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Ganadería y la FAO). Estos avances son reales y reconocidos. La distinción técnica, sin embargo, sigue siendo decisiva: controlar y convivir no equivale a erradicar. En un continente que trabaja para mantenerse libre de PPA, “convivir” se traduce en vigilancia máxima y en la percepción de que el país es un eslabón débil.

La reputación internacional no se construye solo con discursos de estabilidad. Se construye con la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando la evidencia técnica lo exige. El fracaso de 2022 y la persistencia de la enfermedad envían un mensaje claro a socios comerciales, inversionistas y organismos regionales: cuando el costo político es alto, la decisión se diluye. En un orden mundial donde la seguridad alimentaria, sanitaria y energética pesa más que la eficiencia, ese mensaje erosiona la credibilidad.

El efecto es concreto. La industria porcina ha sufrido pérdidas millonarias, cierre de granjas comerciales y una dependencia estructural de importaciones que debilita la seguridad alimentaria interna. Mientras la CEPAL invita a la región a ejercer “diplomacia alimentaria”, República Dominicana aparece en los foros continentales como el caso que exige vigilancia especial. Esto contamina la percepción de capacidad institucional en agricultura, sanidad animal y gestión de riesgos, y se traduce en peores términos de negociación, menor atracción de inversión de calidad y menor peso en coaliciones regionales.

Estas debilidades no son abstractas: comprometen de forma directa la viabilidad de la Meta RD 2036. Un país que no logra resolver un problema sanitario de cinco años, que depende de importaciones para entre el 67 % y el 75 % de su consumo de cerdo y que es mantenido bajo vigilancia continental no proyecta la confiabilidad ni la solidez institucional que exige una estrategia de duplicar el tamaño real de la economía, elevar la productividad e insertarse con mayor peso en las cadenas de valor globales. Sin corregir estas fallas de gobernanza, la Meta RD 2036 corre el riesgo de convertirse en un discurso ambicioso sin base real de ejecución.

La Cepal advierte que la ausencia de estrategia deliberada conduce a aceptar pasivamente las reglas que imponen otros. El episodio de la peste porcina es una ilustración doméstica de esa trampa: se tuvo una ventana en 2022, se priorizó el cálculo político de corto plazo y hoy se paga un costo mayor en reputación, precios internos y posicionamiento continental.

El informe de la Cepal no es un lamento. Es un llamado a la acción: movilizar activos, fortalecer instituciones y ejercer agencia regional mediante cooperación funcional, no mediante alineamientos rígidos. Para República Dominicana eso implica dejar de tratar la peste porcina únicamente como un problema de “control” gestionable y asumir, con transparencia y decisión, el debate sobre los caminos reales hacia la erradicación o, al menos, hacia un estatus sanitario que deje de generar alarma continental. Ese debate exige elementos concretos: una evaluación técnica independiente sobre la viabilidad de distintas estrategias (incluyendo la despoblación controlada donde sea necesaria), mayor transparencia de los datos epidemiológicos, refuerzo efectivo de los controles fronterizos especialmente con Haití y un plan de mediano plazo que combine bioseguridad, trazabilidad y eventual repoblación bajo estándares internacionales.