Alerta máxima: la extrema derecha está conquistando los barrios obreros

El escenario político ha sufrido una mutación silenciosa pero devastadora en las callejuelas flanqueadas por bloques de hormigón de la periferia industrial, donde el humo de las fábricas ha sido sustituido por el silencio de la desindustrialización y los carteles de locales en alquiler.  Durante décadas, estos distritos obreros constituyeron el bastión inexpugnable de la socialdemocracia y la izquierda. Se trataba de un pacto no escrito pero sagrado: el voto de la clase trabajadora a cambio de la promesa de un Estado del bienestar sólido, empleo estable, salarios dignos y un horizonte de prosperidad para las siguientes generaciones.

Hoy, sin embargo, basta conversar con los vecinos en la barra de un bar de barrio o a las puertas de un pequeño comercio para comprobar que ese contrato social ha quedado completamente reducido a cenizas.

La gran contradicción de la política contemporánea radica en cómo los barrios obreros han dejado de identificarse con el discurso de las fuerzas progresistas. Pese a la profusión de leyes aprobadas en los parlamentos y las declaraciones solemnes sobre la protección social, la percepción en la calle es de un abandono sistemático.

Las medidas de urgencia promovidas por los gobiernos socialdemócratas y las alianzas de extrema izquierda apenas han logrado amortiguar el golpe de la inflación, la destrucción del poder adquisitivo o la precariedad de los empleos. Para millones de familias obreras, la brecha entre la retórica oficial que proclama avances históricos y la dura realidad de no llegar a fin de mes se ha vuelto sencillamente insostenible.

La alienación de la clase trabajadora hacia la extrema derecha no responde a un repentino cambio ideológico de la noche a la mañana, sino a una acumulación de frustraciones materiales. Cuando un trabajador comprueba que el alquiler devora más de la mitad de su sueldo, que los servicios públicos de su barrio se degradan día a día y que la seguridad en las calles ha pasado a ser una preocupación constante, las apelaciones ideológicas de la izquierda tradicional pierden toda su eficacia, sobre todo cuando las proclamas de los partidos progresistas se focalizan en cuestiones trasversales, en hablar de derechos, cuando lo que sus votantes están reclamando es pan, dignidad y prosperidad ganada con el trabajo.

La brecha se profundiza cuando los debates institucionales parecen girar en torno a batallas culturales abstractas que quedan a años luz de las urgencias domésticas: pagar la cesta de la compra, garantizar una tranquilidad tras la jubilación o evitar que los hijos tengan que emigrar por falta de oportunidades.

El caso francés representa el ejemplo perfecto de esta metamorfosis. Históricamente, el llamado cinturón rojo que rodeaba París y las cuencas mineras e industriales del norte y el este constituían la espina dorsal del Partido Comunista Francés y del Partido Socialista.

Sin embargo, a lo largo de las dos últimas décadas, el Rassemblement National de Marine Le Pen ha completado una hegemonía casi absoluta en estas regiones. Le Pen logró lo que parecía imposible: despojar al partido del estigma de la vieja extrema derecha burguesa para convertirlo en el "partido de los trabajadores". La estrategia fue sutil pero implacable. Mientras la izquierda urbana se centraba en las clases medias diplomadas de las grandes metrópolis, el RN se desplegó en la Francia periférica, compuesta por pequeñas ciudades y zonas rurales desindustrializadas.

Allí, donde los servicios públicos han echado el cierre y la movilidad depende del coche privado, la retórica del RN sobre la defensa de la capacidad adquisitiva y la protección de los trabajadores nacionales frente a la globalización desregulada caló de forma inmediata y ya ha rozado en varias ocasiones el poste a la hora de convertirse en la presidenta de la República mientras los partidos democráticos siguen en sus cuitas ideológicas, dogmáticas e ineficaces.

En la primera potencia económica europea, el avance de Alternativa para Alemania (AfD) en los estados federados del este y su paulatino desembarco en antiguos feudos industriales del oeste, como la cuenca del Ruhr, refleja un patrón idéntico.

En la antigua RDA, la reunificación dejó cicatrices profundas: privatizaciones aceleradas, pérdida de tejido industrial y un sentimiento persistente de ser "ciudadanos de segunda clase".

La socialdemocracia del SPD, el centro derecha de la CDU y la izquierda de Die Linke no lograron sanar esas heridas ni frenar la divergencia salarial con el oeste. La AfD explotó este agravio comparativo presentándose como el único defensor del trabajador alemán golpeado por la transición energética, la desindustrialización verde y los costes del combustible.

La clase obrera industrial, que antes veía en los sindicatos su única trinchera, deposita ahora su papeleta en una fuerza que promete blindar la industria del automóvil, abaratar la energía y primar las ayudas a los nacionales.

En España, aunque con dinámicas propias, el fenómeno ha comenzado a arañar de forma visible las bases tradicionales de la izquierda. Vox ha logrado penetrar en antiguos feudos obreros, barrios populares de las grandes periferias urbanas, como el cinturón sur de Madrid, y zonas agrícolas castigadas por la competencia de importaciones de terceros países.

A través de su pseudosindicato Solidaridad la formación ultra ha articulado un discurso enfocado en la "protección del trabajador nacional", cargando contra lo que denominan el "expolio fiscal" a las clases medias, la desregulación del mercado laboral y la precariedad habitacional.