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El Ministerio de la Agricultura de Cuba modificó las reglas para el sacrificio, consumo y comercialización de ganado bovino y équidos mediante la Resolución 162/2026.
La disposición permite a personas naturales y jurídicas propietarias de animales sacrificarlos para autoconsumo y comercializar posteriormente la carne y sus derivados en los destinos autorizados. Pero no supone libertad para sacrificar cualquier animal: deben cumplirse requisitos de registro, peso, sanidad y autorización veterinaria.
En el ganado bovino, los toros deberán alcanzar 370 kilogramos y los toretes 300 kilogramos. También se contempla el sacrificio de determinadas vacas y novillas que no sean aptas para la reproducción, dentro de los porcentajes y condiciones establecidos.
Para los équidos, la decisión corresponde al propietario y no está sometida a una tasa de extracción. Los caballos adultos deberán pesar al menos 280 kilogramos y determinadas hembras no aptas para reproducción, 250 kilogramos.
El sacrificio deberá efectuarse en instalaciones autorizadas, con la correspondiente certificación e inspección veterinaria. Los propietarios conservarán los productos derivados, incluidos carne, cuero, sangre, vísceras y otros subproductos.
La carne que no se destine al consumo propio podrá venderse a través de los mercados y destinos permitidos por las regulaciones vigentes, incluidos determinados canales vinculados con redes municipales, mataderos, turismo y establecimientos comerciales.
La reforma ha sido recibida con escepticismo en las redes sociales. Algunos productores y ciudadanos cuestionan que el cambio vaya acompañado de garantías suficientes frente al robo y sacrificio ilegal de animales.
"El Estado debe tomar acciones que garanticen la seguridad de los criadores y sus animales", reclamó un comentarista identificado como Eduardo Abreu. Otros usuarios alertaron sobre la disminución de los rebaños y el riesgo de que los hurtos se incrementen.
El economista Elías Amor considera que la Resolución 162 introduce cierta flexibilidad, pero mantiene el control estatal mediante el registro de los animales, las licencias sanitarias y las autorizaciones de sacrificio. Además, advierte de que la prioridad otorgada al balance municipal y a los llamados consumos sociales puede seguir limitando la capacidad de los ganaderos para decidir sobre su producción.
A su juicio, la simplificación de trámites y la apertura de nuevos canales de comercialización pueden contribuir a una mayor respuesta del sector, pero no está claro que por sí mismas sean capaces de revertir décadas de baja productividad.
La reforma ganadera llega en un contexto especialmente desfavorable. Amor recuerda que la agricultura y la ganadería concentran alrededor del 20% de la población laboral cubana y, pese a ello, la Isla necesita importar alimentos por más de 2.400 millones de dólares anuales.
La ganadería cubana vive uno de sus peores momentos en décadas, con una pérdida sostenida de cabezas de ganado y un impacto directo en la disponibilidad de leche y carne para la población. A finales de 2024, la masa ganadera nacional había disminuido en casi 400.000 animales.
Para el economista, ese resultado es la expresión de un problema que las nuevas normas no resuelven: un sector agropecuario "ineficiente, improductivo y desorganizado" sometido a un modelo de propiedad y gestión que, a su juicio, permanece esencialmente intacto.
Las nuevas reglas forman parte de un paquete mucho más amplio que incluye normas sobre tierra, recursos zoogenéticos y fitogenéticos, mecanización, riego, suelos y medicina veterinaria. El Gobierno también ha anunciado mayor participación de actores privados y no estatales en servicios de maquinaria, asistencia veterinaria, laboratorios, importaciones y exportaciones.
Sin embargo, para Amor, la ampliación de actividades y actores económicos no compensa la permanencia del elemento que considera central: "la ausencia de derechos de propiedad sobre la tierra capaces de dar estabilidad e incentivos de largo plazo a los productores".
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