¿Qué se ha dicho sobre la autonomía de las cooperativas agropecuarias?-->

Mucho se ha hablado por estos días sobre la autonomía empresarial como parte de las 176 medidas anunciadas por el castrismo con el objetivo de apuntalar la tambaleante economía cubana. Sin embargo, muy poco ha trascendido acerca de la posibilidad de otorgar una efectiva autonomía a las cooperativas agropecuarias. Máxime si tenemos en cuenta que han sido, precisamente, la falta de una autonomía real, más agudos problemas de índole financiera, las que han provocado el descenso en el número de esas entidades en los últimos tiempos.

Según datos aportados por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), en el año 2010 había en el país un total de 2.949 cooperativas de créditos y servicios (CCS) y 1.048 cooperativas de producción agropecuaria (CPA). Ya para el año 2020 las cifras eran de 2.468 CCS y 876 CPA. Y en el pasado 2024 —el último año en que aparecen estas estadísticas— se reportaban 2.429 CCS y 837 CPA.

Un aspecto muy importante en el grado de autonomía que posea una cooperativa agropecuaria es la posibilidad de poder contratar libremente sus producciones. En ese sentido no hay que olvidar que durante mucho tiempo algunos de los altos personajes del régimen (entre ellos, José Ramón Machado Ventura y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa) abogaban y hasta visitaban a cooperativistas y otros  productores agropecuarios para que contrataran con comercializadoras estatales todas sus producciones, en especial con la muy ineficiente Empresa de Acopio. El objetivo de esa gestión era desviar las producciones para los mercados estatales, casi siempre desabastecidos, y alejarlos de las entidades de oferta-demanda, en  los que regían las leyes del mercado, y contaban con un buen nivel de aceptación entre los consumidores.

Ahora, en el contexto de las transformaciones anunciadas se insiste en que se descentraliza la formación de precios y se reconoce el papel del mercado. Se dice que tanto las entidades estatales como como las cooperativas y otros productores podrán participar en la conformación de precios, superando esquemas centralizados que desestimulaban la producción.

Mas, ¿de qué valen esos precios de mercado si a las cooperativas se les obligara a contratar sus producciones con una comercializadora estatal, que con frecuencia afronta fallas en su trabajo: o le falta el transporte para recoger los productos, o carecen de combustible, o no tienen envases para trasladar los productos, o simplemente se ven envueltas en problemas burocráticos que les impiden un buen desempeño?

Por otra parte, ese reconocimiento de los precios de mercado pudiera chocar con recientes disposiciones que apuntan a topes de precios de ciertos productos, además de limitar hasta un 30% los márgenes comerciales por encima del costo de producción en determinados territorios, lo que en la práctica oficia también como un tope de precio. El sector de la agricultura no estaría exento de esas disposiciones administrativas.

Casi nada se ha dicho —si es que se ha dicho algo— acerca de una modificación gubernamental en lo referido a la política de contrataciones. En cambio, se adorna la situación con anuncios tales como que las cooperativas podrán realizar directamente exportaciones e importar insumos, equipos y tecnologías, así como gestionar financiamientos externos y abrir cuentas bancarias en Cuba y el exterior. De igual manera se reserva un papel importante para las cooperativas en el proceso de entrega de tierras ociosas a aquellos que deseen ponerlas a producir.

Sin libertad para contratar sus producciones, las cooperativas no gozarán de plena autonomía en su gestión, y tampoco podrán contribuir a poner más comida en la mesa de los cubanos, tal y como, al parecer, pretenden estas 176 medidas anunciadas por la jerarquía castrista.