Cuba: Del despojo a las reformillas económicas-->

Desde 1959, la historia económica del régimen castrocomunista puede resumirse en una constante: destruir la propiedad privada cuando se siente fuerte, tolerarla parcialmente cuando se siente acorralado, y volver a estrangularla cuando le aparece algún sostén externo. En Cuba no ha habido verdaderas reformas económicas, sino concesiones tácticas, aperturas limitadas, retrocesos ideológicos y nuevos parches presentados como cambios estructurales.

La primera etapa fue la del asalto frontal contra la propiedad. En los primeros años de la revolución, el nuevo poder comenzó con medidas que muchos cubanos interpretaron como "justicia social": rebajas de alquileres, promesas de tierra para el campesino, intervención de monopolios extranjeros, discurso contra los abusos del viejo orden. Pero muy pronto quedó claro que no se trataba de democratizar la propiedad, sino de transferirla casi completamente al Estado "revolucionario".

La Primera Ley de Reforma Agraria, firmada el 17 de mayo de 1959, limitó la propiedad rural a 30 caballerías, unas 402 hectáreas, aunque contempló excepciones para determinadas explotaciones consideradas productivas. En teoría, buscaba acabar con el latifundio y beneficiar a campesinos sin tierra. En la práctica, creó el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA, que se convirtió en un instrumento político y económico decisivo para concentrar poder en manos del nuevo régimen. Muchos campesinos recibieron tierra, pero el Estado comenzó a dominar la planificación, el crédito, los insumos, la comercialización y los precios.

La Segunda Ley de Reforma Agraria, de octubre de 1963, terminó de cerrar el cerco. Redujo el límite de la propiedad privada rural a cinco caballerías, unas 67 hectáreas. Todo lo que excediera esa extensión pasó a manos del Estado. Con ello, el régimen liquidó no solo el latifundio, sino también buena parte de la mediana propiedad agrícola cubana. El resultado fue la expansión de las granjas estatales y de formas cooperativas subordinadas a la planificación central.

En el campo, el régimen ensayó varias fórmulas. Las Cooperativas de Créditos y Servicios permitían a pequeños agricultores mantener formalmente la propiedad de sus tierras, pero los ataban al sistema estatal de crédito, suministro y comercialización. Más tarde aparecieron las Cooperativas de Producción Agropecuaria, donde los campesinos entregaban sus tierras a una forma colectiva de producción. Luego, en los años 90, surgirían las UBPC, Unidades Básicas de Producción Cooperativa, creadas sobre antiguas granjas estatales. En el papel eran cooperativas; en la realidad, funcionaban bajo controles, cuotas, precios, impuestos y dependencia estatal. Era la versión cubana del modelo soviético: granjas sometidas al mando político, como los koljoses y sovjoses adaptados al trópico.

Mientras tanto, en las ciudades avanzó la cruzada contra la empresa privada. Primero fueron intervenidas grandes compañías, bancos, refinerías, centrales azucareros, empresas de servicios públicos, principalmente propiedades estadounidenses y cubanas. Las compensaciones, cuando fueron anunciadas, resultaron irreales, diferidas, condicionadas o directamente inexistentes para la mayoría de los afectados. Luego vino la nacionalización del comercio mayorista y de buena parte del aparato productivo. El Estado se hizo dueño de fábricas, almacenes, hoteles, cines, comercios y viviendas de renta.

Pero todavía quedaban pequeños negocios: bodegas, barberías, cafeterías, bares, talleres, zapaterías, puestos de comida, lavanderías, carpinterías, carnicerías, timbiriches familiares. Ese último espacio fue arrasado en 1968 con la llamada Ofensiva Revolucionaria. Fidel Castro la presentó como una batalla moral contra el egoísmo, el lucro y la "mentalidad pequeño burguesa". En realidad, fue la liquidación del último tejido empresarial independiente. Más de 55.000 pequeños negocios fueron nacionalizados o cerrados. La "Revolución" no solo confiscó a los grandes propietarios: también acabó con el bodeguero, el barbero, el zapatero, el vendedor de comida, el mecánico, el carpintero y el trabajador por cuenta propia.

¿Qué quedó permitido? Muy poco. Algunos pequeños agricultores conservaron tierras dentro de límites estrictos. Algunas actividades individuales sobrevivieron de manera residual o informal. Determinados oficios y servicios quedaron en zonas grises. Pero el principio general fue claro: el ciudadano no podía prosperar por sí mismo; debía depender del Estado.

En los años 60 también hubo un debate interno entre figuras del propio régimen. Ernesto "Che" Guevara defendía un modelo de centralización extrema, financiamiento presupuestario, estímulos morales y formación del "hombre nuevo", supuestamente desprendido del interés material. Frente a esa visión, Carlos Rafael Rodríguez y otros cuadros vinculados al viejo comunismo prosoviético defendían métodos más cercanos al cálculo económico soviético: empresas con contabilidad, cierta medición de costos, estímulos materiales y planificación más institucional. En términos prácticos, Fidel Castro osciló entre ambos modelos. Primero abrazó el voluntarismo guevarista, la movilización masiva y la ofensiva contra todo mercado. Tras el fracaso de la "Zafra de los Diez Millones" en 1970, se acercó más al modelo soviético clásico, dependiente del subsidio externo, la planificación central y la subordinación al bloque comunista.

La primera apertura económica de cierta importancia llegó en 1980 con los mercados libres campesinos. Se permitió que productores privados y cooperativas vendieran excedentes agrícolas a precios de oferta y demanda. Fue una pequeña abertura de mercado dentro de una economía estatizada. Y funcionó lo suficiente como para demostrar algo peligroso para el régimen: cuando el productor tiene incentivos, produce más; cuando puede vender, abastece mejor; cuando el precio refleja escasez y demanda, aparecen alimentos que el Estado no logra garantizar.

Pero el éxito relativo de esos mercados produjo desigualdades, enriquecimiento de algunos productores e intermediarios, y sobre todo una verdad insoportable para el castrismo: el mercado era más eficiente que la planificación comunista. En 1986, Fidel Castro lanzó el llamado Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Cerró los mercados libres campesinos, atacó los estímulos materiales, resucitó la retórica guevarista y volvió a demonizar el lucro. El régimen no rectificó sus errores; bloqueó la mínima libertad económica que había permitido a regañadientes.

La segunda gran apertura llegó en los años noventa, no por convicción sino por urgente necesidad. La caída de la Unión Soviética y del bloque socialista dejó a Cuba sin subsidios, sin petróleo suficiente, sin mercados preferenciales y sin crédito político. El "Período Especial" fue la confesión del fracaso estructural del modelo. Ante la amenaza de colapso, el régimen legalizó la tenencia de dólares, permitió el trabajo por cuenta propia en determinadas actividades, abrió mercados agropecuarios, autorizó los "paladares" con límites, impulsó el turismo internacional, aceptó inversión extranjera y aprobó la Ley de Inversión Extranjera de 1995.

Aquello tampoco fue una reforma integral. Fue una economía de emergencia. Se permitió al cubano sobrevivir, pero no ser plenamente libre. El cuentapropista podía trabajar, pero bajo licencias limitadas, impuestos asfixiantes, prohibiciones absurdas y persecución constante. El "paladar" podía existir, pero con restricciones de sillas, empleados, productos y abastecimiento. El campesino podía vender, pero después de cumplir cuotas y controles. La inversión extranjera podía entrar, pero asociada al Estado, sin seguridad jurídica plena y con trabajadores contratados a través de agencias estatales.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela y comenzó a subsidiar al régimen cubano con petróleo, créditos, contratos y compra de servicios profesionales, La Habana volvió a sentirse con margen para frenar la apertura. A partir de 2003 y 2004 se reforzó la recentralización, se prohibió nuevamente el dólar en las transacciones internas, se impusieron gravámenes, se fortaleció el control estatal sobre las divisas y se redujeron espacios al sector privado. La lógica fue la misma de siempre: cuando aparece un salvavidas externo, el régimen vuelve al mayor control.

Con Raúl Castro, desde 2008, llegó otra etapa de "actualización del modelo económico". Se habló de eliminar plantillas infladas, ampliar el trabajo por cuenta propia, entregar tierras ociosas en usufructo, permitir la compraventa de viviendas y autos, y reconocer ciertas formas no estatales. Pero tampoco se desmontó el sistema. El Partido siguió mandando, la empresa estatal siguió siendo declarada "principal actor", los militares conservaron áreas estratégicas de la economía y los emprendedores siguieron atrapados entre permisos, inspectores, policía corrupta, listas de actividades, falta de mercado mayorista, ausencia de propiedad plena y miedo a una marcha atrás.