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La economía peruana podría crecer 3 % durante 2027, pero esa proyección se reduciría a 2 % si el fenómeno El Niño se prolonga hasta el tercer o cuarto trimestre del próximo año y coincide con un escenario internacional desfavorable, según un informe del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.
El estudio, denominado 100 días: perspectivas y retos económicos, fue presentado por los docentes José Luis Nolazco y Julio del Castillo y plantea dos escenarios relacionados con la duración del evento climático, la evolución de la economía mundial y la respuesta del Estado.
Para el cierre de 2026, los investigadores estiman una expansión del producto bruto interno (PBI) de 3,3 %. Sin embargo, advierten que el desempeño del próximo año estará condicionado por los efectos de las precipitaciones sobre las actividades productivas.
En el escenario menos adverso, el fenómeno El Niño extraordinario se mantendría hasta el segundo trimestre de 2027 y la economía internacional conservaría una evolución estable. Bajo esas condiciones, el PBI crecería 3 %.
En cambio, si las lluvias y sus efectos se prolongan durante la segunda mitad del año y se agravan las tensiones geopolíticas, la expansión económica se limitaría a 2 %.
Para esta segunda situación, el informe también proyecta una inflación de 3 % y una tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) de 3,50 %.
El estudio advierte que los efectos de El Niño no se limitarían a las regiones donde se registren las precipitaciones más intensas.
En la costa norte, las inundaciones podrían perjudicar la agricultura de exportación, la pesca y el transporte. En Lima y Callao, los huaicos, cierres de carreteras e interrupciones de servicios podrían afectar el abastecimiento y los precios de los alimentos.
En la sierra y el sur, los principales riesgos identificados incluyen pérdidas agrícolas y dificultades para la actividad turística. En la selva, el incremento del caudal de los ríos podría interrumpir el transporte fluvial y aislar comunidades.
Las consecuencias también podrían alcanzar a las micro y pequeñas empresas (mypes), especialmente aquellas ubicadas en zonas afectadas por desastres, debido a pérdidas de mercadería, daños a sus locales y suspensión de actividades.
El Observatorio advierte que una emergencia climática prolongada puede afectar la capacidad de pago de los negocios que dependen de créditos para financiar sus operaciones.
Este escenario podría elevar la morosidad en las entidades de microfinanzas, especialmente entre los clientes que desarrollan actividades agrícolas, comerciales y de servicios en localidades expuestas a inundaciones.
Por ello, el informe plantea vigilar la calidad de las carteras crediticias y evaluar mecanismos de reprogramación cuando las circunstancias lo justifiquen.
Más allá de los efectos climáticos, el reporte identifica la ejecución de la inversión pública como uno de los factores necesarios para sostener el crecimiento.
Para el periodo 2026-2029, ProInversión cuenta con una cartera de proyectos por adjudicar estimada en US$27.880 millones, que incluye infraestructura de transporte, saneamiento y abastecimiento de agua, según las cifras recogidas por el estudio.
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El ministro de Economía presentó en la Conferencia Industrial una prórroga para deudas con ARCA, el freno a los embargos y un esquema de financiamiento vehicular. Además, propuso a las provincias eliminar el impuesto a los sellos y descartó devaluar.
La ministra de Ciencias, Claudia Benavides, denunció presuntas irregularidades en la cartera, correspondientes al periodo entre noviembre de 2024 y julio de 2026. Se trata de hallazgos preliminares por más de $9.800 millones. Según la jefe de cartera, entre las situaciones identificadas hay supuestas inconsistencias en los soportes de ejecución de actividades, certificación de servicios, costos sin justificación y eventos sin evidencia suficiente de su realización. “La plata de la ciencia es de los niños que sueñan con ser científicos, de las investigadoras, de las universidades, del futuro de este país. Y es sagrada. Revisamos cómo se estaban utilizando esos recursos en la administración anterior y lo que encontramos no es ciencia”, dijo Benavides. La ministra señaló varias supuestas irregularidades. “32.300 almuerzos sin una sola lista de quién lo recibió, servicios certificados como recibidos antes de que ocurrieran, fechas que no cuadran, precios inflados sin explicación, eventos de hasta más de 4.000 personas sin prueba alguna y donde no existía ni siquiera la capacidad para instalar estas infraestructuras”, agregó. También mencionó la realización de varios eventos en pleno periodo de campaña electoral. “Múltiples eventos en plena ley de garantías, que solo se encargaron de operaciones logísticas. La plata de la ciencia no se usó para ciencia”. Tras sus denuncias, Benavides se refirió a que los hallazgos en la cartera son “preliminares” e invitó a las autoridades competentes a tomar determinaciones al respecto: “Las autoridades dirán quién responde. Pero que quede claro, se acabó la ciencia de papel, se acabó usar la apropiación social del conocimiento como disculpa para una novena navideña, se acabó la caja menor con la plata de la investigación”. Adicionalmente, la jefe de cartera anunció medidas de prevención que tomó el Ministerio y dijo que el tema fue puesto a disposición de los entes de control. “Ya congelamos los pagos. No se firma ni una adición más. Y desde hoy todos estos hechos que suman más de $9.800 millones entre noviembre de 2024 y julio de 2026 está en manos de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría. Si alguien se aprovechó de la Ciencia de Colombia, le digo con claridad: su tiempo se acabó y responderá ante la ley”, concluyó. No es la primera denuncia por presuntos manejos irregulares que se presenta contra el Ministerio de Ciencias durante el Gobierno Petro. A finales de septiembre, se conoció que Yosib Mendiel Vergel Amaya, quien según sus redes sociales ejerció como articulador de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Ministerio de Ciencia, habría presentado un título falso para acreditar su formación profesional. Según denunció la senadora Jennifer Pedraza, el contratista habría mostrado un diploma y un acta de grado que lo acreditaban como comunicador social de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, con fecha de 2013. Sin embargo, la institución educativa confirmó que Vergel Amaya no se ha graduado de ese programa. Le puede interesar: Así funciona el “Banco de Talentos” con el que Abelardo nombró a su ministra de Ciencias En el documento entregado por la institución se lee que habría terminado materias en el segundo semestre de 2012 y que estaría cursando trabajo de grado. No obstante, para el cargo que ocupaba se le exigía contar con título profesional. Vergel sabía de los requisitos para poder acceder al cargo, por lo que en enero de 2022 habría autenticado ante la Notaría Segunda del Círculo de Ocaña un supuesto diploma, así como una supuesta acta de grado. Ahora corresponderá a las autoridades determinar el origen de los documentos presentados, si son falsos y si hubo alguna irregularidad en los procesos de contratación del MinCiencias. Según el historial de contratación de Vergel, durante el gobierno Petro el hombre habría tenido nueve contratos públicos por cerca de $400 millones. Solamente entre 2025 y 2026, el contratista habría recibido más de $200 millones mediante órdenes de prestación de servicios relacionadas con la oficina de comunicaciones de MinCiencias. En julio pasado, durante la administración de la ministra Yesenia Olaya, además, habría firmado un nuevo contrato con la entidad por modalidad de contratación directa. Pedraza cuestiona precisamente que esa nueva contratación se hubiera producido pese a que, según su denuncia, las directivas del Ministerio ya habrían sido advertidas sobre las inconsistencias en los documentos académicos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas frecuentes Se detectaron cobros de más de 32.300 almuerzos sin registro de beneficiarios, certificaciones de servicios previas a su realización, precios inflados y eventos masivos sin evidencia de ejecución ni capacidad logística. ¿Qué entes de control investigan las denuncias en el Ministerio de Ciencia? Tanto los hallazgos financieros por $9.800 millones como las denuncias por contratación directa con presunta documentación falsa fueron puestos a disposición de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría.