Con miles de trofeos de caza inmovilizados, expedientes sin resolución desde hace más de un año y contenedores detenidos en depósitos fiscales, operadores del turismo cinegético y exportadores de productos derivados de fauna silvestre denunciaron que las demoras administrativas en la Dirección de Fauna, dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, mantienen paralizada buena parte de la actividad y ya provocaron pérdidas superiores a los US$80 millones, según un relevamiento de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionismo (Catcyc). La situación afecta a cazadores y cotos de La Pampa, entre otras provincias.
Según publicó el diario La Nación, el problema comenzó a profundizarse entre febrero y marzo de 2025, cuando comenzó a aplicarse con mayor rigor un conjunto de resoluciones que, sostienen, resultan de “imposible cumplimiento” tanto para los operadores privados como para la propia administración pública.
Desde el Ministerio de la Producción de La Pampa, ante una consulta de Diario Textual, confirmaron los inconvenientes. “Nosotros venimos hace tiempo pidiendo la regularización; se avanzó, pero ahora siguen con demoras”, dijo una fuente oficial. En tanto, cazadores también confirmaron las demoras. “Afecta a la mayoría de los extranjeros que cazaron legalmente y quieren llevarse los trofeos a sus países”, contaron.
El impacto alcanza a cotos de caza, criaderos, exportadores y operadores vinculados al turismo cinegético, una actividad, dijeron, que genera divisas y empleo en distintas provincias como La Pampa, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, San Luis y Buenos Aires. Muchos extranjeros vienen para cazar en esas provincias.
Federico Cosentino, exportador de trofeos de caza y de derivados de ciervo, aseguró que la actividad atraviesa una situación inédita por la demora en la emisión de los certificados nacionales necesarios para concretar las exportaciones.
“En la actualidad, tengo el contenido de dos contenedores en un depósito fiscal que generan unos $10 millones por mes de costos por no tener los documentos que Nación debería certificarme”, afirmó a La Nación. El empresario explicó que la operatoria comienza con permisos y controles provinciales, donde cada jurisdicción administra sus propios recursos faunísticos, emite las guías de tránsito y autoriza el movimiento de los ejemplares o subproductos. Sin embargo, sostuvo que el trámite termina dependiendo de una certificación nacional sin la cual ninguna exportación puede concretarse. “Lo que falta claramente es una certificación de Fauna que es digital y la da el mismo organismo; sin esto no se puede exportar”, dijo.
Según detalló, los trofeos pertenecen principalmente a cazadores extranjeros que realizaron la actividad de manera legal en distintos cotos habilitados y posteriormente buscan regresar a sus países con esos ejemplares. Para ello deben intervenir organismos como Aduana, Senasa y Fauna, además de cumplirse los requisitos establecidos por cada provincia. Cosentino señaló que el problema no reside en la documentación provincial sino en la instancia nacional: “Hace un año que tengo trofeos declarados que todavía no salen los certificados y en Ambiente no me dan motivos”.
A su entender, las demoras comenzaron luego de la investigación judicial que involucró al entonces operador Jorge Noya. Según relató, luego de ese caso se modificó el circuito interno de aprobación de los expedientes y se retiró la facultad de firma a los técnicos que anteriormente autorizaban los certificados: “Le quitaron las firmas a los técnicos que comenzaron a pasar por el subsecretario. Desde marzo de 2025 comenzaron a frenarse todos los expedientes y certificados. Hoy es Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente, quien debe firmar los certificados”.
El exportador sostuvo que esa situación derivó en un fuerte cuello de botella administrativo. Según indicó, muchos expedientes permanecen meses sin resolución y, cuando vencen los plazos administrativos, deben volver a iniciarse desde cero. “En ese ida y vuelta, donde no contestan los correos o piden subsanar documentación que ya está presentada, pasan 90 días, el expediente se archiva y hay que empezar nuevamente”, señaló.
Además, aseguró que existen criaderos que llevan hasta dos años esperando su inscripción definitiva y que, mientras tanto, no pueden comercializar animales ni desarrollar normalmente su actividad. La preocupación de los operadores fue plasmada por la Catcyc, que sostiene que desde febrero y marzo de 2025 “la exportación de trofeos en la Argentina se volvió una tarea inasequible”, debido a la aplicación de normas que considera de “inviable cumplimiento” para el sector y para las propias autoridades encargadas de controlar la actividad.
Según el relevamiento, la situación derivó en un importante atraso administrativo. La cámara contabilizó 2756 expedientes pendientes de resolución vinculados con solicitudes de certificados de exportación, 150 trámites demorados correspondientes a inscripciones de cotos de caza y criaderos, además de 3000 trofeos que permanecen sin poder exportarse a la espera de una respuesta oficial.
Estimó que esa parálisis ya provocó pérdidas cercanas a US$80 millones para toda la actividad, una cifra que contempla no solo operaciones comerciales frustradas sino también costos logísticos, pérdida de clientes y el deterioro de la imagen del país como destino de turismo cinegético. “La prensa internacional especializada menciona a la Argentina como un país donde no se cumple con lo acordado, o tarda en cumplir los tiempos no aceptables, por lo que el mercado ha dejado de elegir al país como destino”, advirtió Catcyc.
La cámara agregó que esa situación significó la pérdida de inversiones privadas y de clientes construidos durante años de promoción internacional: “Hemos perdido inversión, clientes e imagen”.
En ese contexto, cuestionó el esquema normativo vigente, integrado por las resoluciones 437/2006, 231/2019 y 170/2021, y sostuvo que su aplicación actual generó un procedimiento excesivamente complejo, una “catástrofe”.
“Solicitamos encarecidamente permitirnos participar en la modificación de estas normas por algo razonable en cumplimiento, tanto para operadores como para las autoridades, sin perder trazabilidad”, expresó la cámara.
