Huachicol ¿Justicia... o estrategia política?

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Hay coincidencias que la política convierte en casualidades. Y hay casualidades que, por su acumulación, terminan convirtiéndose en preguntas legítimas. El combate al huachicol, tanto el tradicional como el fiscal, es una obligación ineludible del Estado mexicano. El robo de hidrocarburos y el contrabando de combustibles han significado durante años pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas, el fortalecimiento de organizaciones criminales y una corrupción que alcanzó ductos, aduanas, empresas, funcionarios y operadores privados. Nadie con un mínimo sentido de responsabilidad democrática puede oponerse a que esos delitos se investiguen y, en su caso, se castiguen.

En Chihuahua también lo estamos viendo. Los recientes cateos en Ciudad Juárez, los aseguramientos de combustible, maquinaria e inmuebles en la zona de El Sauzal muestran que el fenómeno no es ajeno a la frontera norte, todo indica que las autoridades están desmantelando estructuras relacionadas con el mercado ilegal de hidrocarburos, y eso merece respaldo si las investigaciones se realizan con apego a la ley. Hasta ahí, difícilmente habría discusión.

Se trata de un caso relevante porque confirma que la frontera norte continúa siendo una zona estratégica para las organizaciones dedicadas al mercado ilegal de combustibles, al mismo tiempo, diversas investigaciones federales han puesto bajo la lupa redes de huachicol fiscal que presuntamente utilizaron cruces fronterizos, empresas importadoras, agentes aduanales y complejos esquemas de comercio exterior para introducir combustible evitando el pago de impuestos.

Aunque hasta ahora no existe información pública que vincule directamente el caso de Juárez con la investigación nacional por huachicol fiscal, ambos expedientes muestran las dos caras de un mismo fenómeno: la extracción, almacenamiento y distribución ilegal, por un lado, y el contrabando sofisticado mediante estructuras empresariales por el otro.

Antes de este caso, en 2025 surgieron denuncias públicas sobre una presunta red de corrupción dentro de la Aduana de Ciudad Juárez que habría facilitado operaciones de importación irregular de combustibles, entre los elementos conocidos públicamente destacaron: señalamientos de presuntas irregularidades en los procesos de importación, acusaciones cruzadas entre funcionarios y exfuncionarios aduanales, investigaciones internas y federales, participación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), SAT y FGR.

Aunque hasta ahora no se han hecho públicas sentencias condenatorias derivadas de ese caso, sí generó investigaciones de alto nivel y colocó nuevamente a Ciudad Juárez dentro del mapa nacional del combate al huachicol fiscal.

Pero el problema comienza cuando el combate legítimo al delito se cruza con la política, y en México, lamentablemente, esa línea cada vez parece más delgada. El caso de Ernesto Ruffo Appel no involucra a un empresario desconocido ni a un exfuncionario de segundo nivel.

Estamos hablando del primer gobernador de oposición democráticamente electo en la historia moderna del país. De uno de los llamados "Bárbaros del Norte", de una figura emblemática del PAN y de la transición democrática mexicana, es decir de un ícono de la democracia nacional que incluso trasciende a los partidos políticos, definitivamente no es un personaje cualquiera, por eso su procesamiento nunca será leído únicamente como un expediente penal.

Será, inevitablemente, un hecho político, más aún cuando el propio desarrollo del caso abre interrogantes difíciles de ignorar, porque de acuerdo con la información pública, las primeras solicitudes de orden de aprehensión fueron rechazadas por jueces federales de carrera, tiempo después, una jueza incorporada bajo el nuevo esquema derivado de la reforma judicial autorizó las órdenes de captura, incluyendo ahora a Ernesto Ruffo Appel.

¿Demuestra eso una persecución política? En términos estrictamente jurídicos no, pero mediática y políticamente sí deja muchas dudas esa actuación. Por supuesto que tampoco puede decirse que sea un dato irrelevante.

Puede haber explicaciones perfectamente jurídicas: nuevas pruebas, una teoría del caso distinta o una valoración diferente de los elementos presentados por la Fiscalía. Todas son posibilidades reales. Sin embargo, la política no vive únicamente de explicaciones jurídicas, y también caben las explicaciones políticas, en estos momentos de fuertes crisis reputacionales para Morena y la 4T por los casos de Rocha Moya, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Adán Augusto López y otros más, lo de Ruffo es oxígeno puro.

Y la percepción que inevitablemente se instala es que, donde antes dos jueces consideraron insuficientes los elementos para restringir la libertad de una persona, posteriormente otro juzgado sí encontró razones para hacerlo. En cualquier democracia madura, un cambio así obliga a extremar la transparencia y la motivación de las resoluciones.

Porque la justicia no sólo debe ser imparcial, debe parecerlo. Ahora bien, el contexto tampoco puede ignorarse, México se encuentra ya en la ruta hacia una elección que volverá a colocar en disputa entidades estratégicas para la oposición, particularmente en el norte del país, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, en las que no gobierna y que ansía con todas sus fuerzas.

Son estados donde Morena ha encontrado mayores resistencias electorales que en buena parte del resto del país, es precisamente en ese contexto cuando una de las figuras históricas más representativas del panismo norteño termina enfrentando un proceso penal de enorme impacto mediático. Demasiadas casualidades