Justicia descartó opciones más baratas para alimentación en el Cacco

El Ministerio de Justicia descartó dos opciones más baratas para atender las necesidades de alimentación del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco) y se decantó por construir de "urgencia" la cocina que al inicio calificaron de "innecesaria".

Este martes quedó en firme un contrato por $10.026.045 para construir y equipar el espacio.

Un informe técnico de la Dirección General de Adaptación Social (DGAS) planteó las otras dos alternativas: mejorar las cocinas existentes del CAI Jorge Arturo Montero Castro, con un costo estimado de $9.186.418, y establecer una planta de procesamiento de alimentos, por $5.270.894,22.

El Ministerio también analizó concesionar el servicio de alimentación. Para atender la demanda plena, esa opción habría costado alrededor de $18.615.000 al año.

La primera fue descartada por la distancia entre las cocinas y el CACCO y la segunda por la logística que requería.

Esta alternativa contemplaba rehabilitar la cocina antigua del CAI Jorge Arturo Mora (JAMC), que presenta un deterioro estructural severo, instalaciones sanitarias y eléctricas obsoletas, filtraciones y ventilación deficiente. Además, su dependencia operativa podría provocar interrupciones recurrentes del servicio.

La propuesta también incluía intervenir la cocina de Terrazas y la cocina para funcionarios del JAMC. La primera opera al límite de su capacidad instalada y no tiene margen técnico para aumentar la producción. Una falla o cualquier otra eventualidad podría afectar simultáneamente a unas 10.000 personas de ambos centros.

La cocina para funcionarios se diseñó para preparar unas 600 porciones por tiempo de comida, pero actualmente atiende entre 750 y 800. El informe señala que esa carga evidencia una sobreexplotación de las instalaciones.

El informe estableció que dicha opción requería traslados frecuentes por vías estrechas, que necesitarían ampliación y recarpeteo. El traslado de la comida tardaría entre 6 y 12 minutos entre diferentes puntos, lo que afectaría la frescura y temperatura de los alimentos.

También generarían dependencia del transporte —con riesgo de interrupciones por fallas mecánicas— y aumentarían el gasto en combustible y contenedores térmicos.

El informe descartó esta opción como solución definitiva porque distribuiría la inversión entre varias instalaciones sin resolver los problemas estructurales ni los traslados diarios. La recomendó únicamente como apoyo o medida de transición.

"Si bien permite aprovechar infraestructura existente y generar capacidad adicional en el corto plazo, las limitaciones de espacio, capacidad instalada, distribución de los procesos, logística de traslado y dependencia de varias instalaciones reducen su sostenibilidad en el mediano y largo plazo", indica el informe.

La DGAS también valoró instalar una planta de procesamiento, con base en visitas técnicas a modelos como la planta Cero Ocio, en El Salvador, y la planta del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Esta opción permitiría separar claramente los flujos de carnes y vegetales mediante un proceso lineal, con lo que reduciría el riesgo de contaminación cruzada. También podría mejorar la eficiencia operativa, reducir mermas y desperdicios, y facilitar el control de inventarios mediante la estandarización del menú institucional.

Además, permitiría fortalecer la formación técnica del personal y aprovechar los residuos orgánicos mediante el compostaje.