Los productores de frijol de las regiones Chorotega y Brunca están vendiendo su cosecha a precios que no cubren los costos de producción, una situación que dificulta mantener la actividad.
Así lo advirtió la Defensoría de los Habitantes tras una investigación que evidenció que, en la Región Chorotega, producir un quintal de frijol cuesta ₡42.571, mientras que los agricultores reciben en promedio ₡34 mil por su venta.
En la Región Brunca, el costo asciende a ₡46.510 por quintal y el precio recibido ronda los ₡40 mil.
Los hallazgos también revelan que más del 70% de los productores reporta ingresos mensuales inferiores a ₡250 mil y que un 40,9% percibe menos de ₡100 mil al mes.
Según la Defensoría, estas condiciones limitan la capacidad de los agricultores para reinvertir en sus cultivos y dificultan la permanencia de una actividad clave para la alimentación de los costarricenses.
La investigación concluye que la producción nacional de frijol se sostiene principalmente gracias al esfuerzo de pequeños agricultores que enfrentan condiciones económicas adversas y cuentan con márgenes cada vez más reducidos para continuar en la actividad.
Otro de los hallazgos que genera preocupación es el progresivo envejecimiento de los productores. La edad promedio de quienes cultivan frijol supera los 50 años e incluso se identificaron agricultores de hasta 93 años.
Para la Defensoría, esta situación refleja la ausencia de relevo generacional y aumenta el riesgo de que una actividad estratégica para la seguridad alimentaria nacional pierda cada vez más productores.
La entidad advirtió que la falta de nuevas generaciones interesadas en incorporarse a la actividad podría agravar los problemas de producción en los próximos años y aumentar la dependencia del país de mercados externos para abastecerse de este grano básico.
A los problemas de rentabilidad y relevo generacional se suma la creciente dependencia del país de las importaciones de frijol.
Actualmente, cerca del 97% del frijol importado por Costa Rica proviene de tres países: Estados Unidos, que concentra el 64% de las importaciones; Nicaragua, con un 30%; y Brasil, con un 3%.
La Defensoría considera que esta concentración podría volver más vulnerable al país ante cambios en los precios internacionales, fenómenos climáticos extremos o restricciones comerciales que afecten el abastecimiento.
Según el informe, cualquier alteración significativa en esos mercados podría impactar la disponibilidad y el costo de un producto que forma parte de la dieta cotidiana de miles de familias costarricenses.
La investigación también detectó dificultades para acceder a crédito, asistencia técnica y otros programas de apoyo productivo.
De acuerdo con la Defensoría, muchos agricultores desconocen las opciones de financiamiento existentes o no cumplen con los requisitos exigidos para obtener estos recursos, lo que limita sus posibilidades de crecimiento y modernización.