Veinticinco estados gobernados por demócratas demandaron este lunes al gobierno federal de Estados Unidos al considerar que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump excede sus facultades legales.
La administración Trump anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10% y el 12,5% sobre importaciones procedentes de 60 socios comerciales, tras una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes provenientes de países que recurren al trabajo forzado.
"No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados" impuestos por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), argumentó la coalición de estados en la demanda.
Los aranceles fueron establecidos tras investigaciones de la USTR, realizadas al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Washington sostiene que muchos de sus socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, no aplican los mismos estándares que Estados Unidos para combatir el trabajo forzado.
Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reconfigurado la política comercial estadounidense con la imposición de aranceles tanto a aliados como a adversarios. El mandatario sostiene que los socios comerciales se han aprovechado durante años de la mayor economía del mundo y defiende estas medidas como una herramienta para negociar nuevos acuerdos comerciales.
La primera ronda de aranceles fue anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos en febrero. Posteriormente, la administración impuso un gravamen global del 10%, que expiró el 24 de julio y fue sustituido por los nuevos aranceles establecidos bajo la Sección 301.
En la demanda, los estados afirman que las investigaciones realizadas bajo esa norma fueron "un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones". El documento incluye una cronología de declaraciones de funcionarios de la administración y sostiene que las pesquisas fueron apresuradas y prejuiciosas desde el inicio.
"Los Estados Demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede utilizar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su ilegal esquema arancelario", concluye la demanda.
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