El camino hacia la recolonización de Cuba

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La ofensiva de Washington contra Cuba responde a una lógica de absorción de parte de la elite que controla la isla, con la sociedad cubana sin voz ni v

Fachada del conglomerado Gaesa, sancionado por Estados Unidos junto a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de Cuba en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño. Foto: EFE/ Felipe Borrego

A 124 años de la fundación de la República de Cuba, bajo un esquema de soberanía incompleta, Estados Unidos vuelve a imponer sus términos en la experiencia histórica de la isla. Lo que se ha anunciado en las últimas semanas, algo que en Miami se celebra como una liberación y en La Habana se denuncia como una agresión, se parece al rudo tanteo de una fusión empresarial.

El consorcio militar Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa) –holding creado en los años 90 bajo control del Ejército y hoy extendido al turismo, las importaciones, las telecomunicaciones y las zonas francas– es, en la práctica, el núcleo económico del Estado cubano. Por eso las sanciones más recientes de Washington lo han tenido por objetivo. Estas apuntan también a 11 funcionarios del gobierno cubano y a la familia del presidente Miguel Díaz-Canel, y a ellas se suma la imputación de Raúl Castro por la Fiscalía Federal del sur de Florida, acusado por el derribo, hace 30 años, de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate. Se trata de cargos cuya instrumentalización política es evidente, con un efecto coercitivo muy real sobre La Habana, sobre todo después de la captura de Nicolás Maduro en la propia residencia presidencial.

Sin embargo, esa batería de medidas no busca tanto la aniquilación de esa elite –que no es pequeña ni fácilmente reemplazable– como la absorción o integración de al menos una parte de ella en un esquema de inversiones y créditos provenientes de Estados Unidos, con un fuerte peso del capital cubano- estadounidense. Lo sugieren las herméticas e inconclusas conversaciones entre ambos gobiernos: en ellas, la parte cubana ha mostrado interés en inversiones directas, de capital 100% privado, en puertos, minería, turismo, energía y banca. La presión punitiva y la negociación son, en ese sentido, dos caras del mismo proceso.

La embestida sobre las áreas que controla Gaesa, unida a la paralización energética del país, ha ido produciendo un desgajamiento sucesivo de empresas asociadas al conglomerado. Luego de la minera canadiense Sherritt, han anunciado su salida las cadenas hoteleras Iberostar, Meliá y Blue Diamond, así como las multinacionales Visa y Mastercard, con lo cual más de la mitad del emporio turístico de Gaviota, uno de los tentáculos de Gaesa, queda inmovilizada. El turismo, principal fuente de ingresos de la economía cubana, que en 2025 ya había caído 55%, podría descender en más de 70% al final de este año.

La neutralización del turismo y de las remesas completa el cerco petrolero contra una economía cada vez más dependiente e improductiva. Estados Unidos está ejerciendo, de facto, desde hace cinco meses, un control energético sobre Cuba. Tras la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, Washington ha logrado impedir el ingreso regular de petróleo a la isla proveniente de México o Rusia. A su vez, Estados Unidos habilitó una suerte de canal energético paralelo: la autorización de ciertas exportaciones de petróleo y gas a Cuba exclusivamente para empresas y personas privadas, bajo la llamada Excepción de Licencia SCP, que excluye expresamente cualquier transacción que involucre al gobierno cubano o sus instituciones. Es decir, el gobierno de Donald Trump diseñó una estrategia que bypassea al Estado cubano y alimenta directamente al sector privado. En la práctica, Estados Unidos podría así convertirse en el principal obstructor y en abastecedor de la poca energía que llega a la agotada población cubana. También es, de hecho, el principal vendedor de medicinas y alimentos, y sobrepasa con ventaja las dotaciones de ayuda humanitaria que llegan desde China, Rusia, España, México, Brasil, Colombia o Uruguay.

Raúl Castro tiene 95 años y desde que se completó la sucesión que dejó en la Presidencia a Miguel Díaz-Canel, no ocupa cargos formales en el Estado, el gobierno o el partido. Su sucesor es un político nacido después de la Revolución de 1959 que se estrenó en el poder junto con la nueva Constitución de 2019. Sin embargo, esa sucesión nunca ha sido plenamente creíble ni dentro ni fuera de la isla.

La tensión se vincula a la ideología conservadora del poder cubano. La sucesión se produjo, pero la mayor capacidad de decisión quedó concentrada en una nueva elite militar, empresarial y burocrática que emergió de dos instituciones controladas durante décadas por Raúl Castro: el Partido Comunista y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Esa reproducción cupular se vio reforzada por el discurso continuista –“somos continuidad”, repetía orgullosamente Díaz-Canel– del propio sucesor.

La ideología oficial cubana no solo preservó intacto el relato de la vigencia de la Revolución, sino que lo ha reforzado hasta el hartazgo en los últimos años. Por encima de una realidad que se cae a pedazos, se tejió una trama simbólica que intentaba revivir a Fidel Castro y presentar a su hermano Raúl como un político distinto del que fue en funciones. Sus intentos de reforma entre 2011 y 2013 y su normalización diplomática con Barack Obama entre 2014 y 2016 se vieron ensombrecidos por aquella narrativa continuista.