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19 de junio de 2026

Cuba aprueba grupo de reformas para liberalizar la economía

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“La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios”, manifestó el mandatario comunista, Miguel Díaz-Canel. Negó que sea por presión de EE. UU.

Personas caminan en una calle en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) de Cuba, aprobó el jueves 18 de junio de 2026 un paquete de reformas que buscan liberalizar y descentralizar la economía de la isla, que padece su peor crisis en décadas por motivos internos y externos.

El primer ministro, Manuel Marrero, explicó al final de la reunión que se creará un grupo de trabajo para gestionar el impacto de las reformas en el ordenamiento jurídico del país.

Al realizar la presentación de las propuestas ante los diputados Marrero se refirió a “medidas de impacto estratégico” que “no son rígidas” y no se conciben como una renuncia a la construcción del socialismo, sino que son “condición indispensable para su preservación”.

El paquete contempla la entrada de “nuevos actores” en el sector turístico bajo “nuevas modalidades”, el fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el rol del sector privado.

Asimismo prevé la creación de procedimientos para la quiebra, liquidación y reestructuración de empresas, así como la posibilidad de convertir empresas estatales en sociedades mercantiles por acciones o participaciones.

Al respecto, el Jefe de Gobierno explicó que el Estado definiría su participación accionaria en cada sector de la economía y mantendría una posición mayoritaria en aquellos considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

Las reformas también incluyen cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor “autonomía” a empresas estatales y municipios.

Además proyecta autorizar una mayor participación del capital privado en la actividad financiera, incluyendo la posible creación de una banca privada bajo la supervisión del Banco Central y sujeta a las mismas regulaciones del sistema bancario estatal.

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