Avanza la articulación institucional para la organización de los XXIII Juegos Deportivos Nacionales y VII Paranacionales Córdoba-Sucre 2027

El mes de septiembre fue el primero en cinco años en el que España no recibió ni una molécula de gas procedente de Rusia, el que hasta ahora era el tercer suministrador más importante del país. La decisión corresponde exclusivamente a la política empresarial de las compañías gasistas, ya que la prohibición europea de comprar gas ruso no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero, cuando será Estados Unidos quien tenga el control del suministro energético español. Ante el vacío de suministro que dejó Rusia el mes pasado, Washington ocupó su parte del pastel y los exportadores estadounidenses se encargaron del 48,2% del total de las entradas de gas natural en España, según cifras de Enagás, casi 20 puntos porcentuales más que en los 12 meses anteriores. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, las importaciones procedentes de Rusia representaron el 14,2% del total, por detrás de Estados Unidos (35,2%) y Argelia (30%). La desaparición de Rusia del suministro español es extremadamente rara, más aún cuando Europa se enfrenta a un importante problema de abastecimiento energético de cara al invierno. Un vacío mensual como este no ocurría desde septiembre de 2021, y solo se ha registrado en dos ocasiones desde que Moscú pasó a ser un vendedor regular de gas a España en 2018. En todo caso, fuentes del sector explican que no se trataría de una cuestión regulatoria, sino de que las compañías compradoras pueden haber decidido revender sus cargamentos a terceros países –sin que lleguen a pasar por España– o haber recibido ya todos sus pedidos correspondientes a 2026. Naturgy es el mayor importador conocido en España de gas extraído en Rusia y tiene un compromiso de compra de 3.000 millones de metros cúbicos de gas al año, aunque otras tantas compañías internacionales se dedican a adquirir ese combustible y traerlo a la península, donde se consume o se reexporta a terceros países. "Es posible que estas compañías hayan decidido revender sus cargamentos y a otros países europeos o asiáticos, dependiendo de la diferencia de precio que haya entre el gas europeo y el asiático, y el coste de transportarlo", valora Dániel Stemler, periodista especializado en gas natural en el sur de Europa de Energy Intelligence. El sector energético español ya llevaba desde el mes de julio reduciendo gradualmente sus importaciones de gas desde la terminal Yamal LNG, ubicada en el norte de Rusia y que surte combustible mediante barcos a Europa central y occidental. Esta reducción paulatina, valoran fuentes del sector, podría responder también a que las empresas estarían adaptándose poco a poco a ese futuro mercado de 2027 en el que no podrán comprar ni una molécula a Rusia como represalia por la invasión de Ucrania. A cambio, España registró entre enero y junio un pico de importación de gas ruso que situó al país como el mayor comprador del continente, arrebatando el primer puesto a Francia. Los expertos llevan meses advirtiendo de que esa justificada ruptura con Rusia no debe suponer que Estados Unidos ocupe su puesto, ya que ese cambio volvería a dejar a la Unión Europea expuesta a la volatilidad de precios e incluso a una posible situación de chantaje diplomático, como ya ocurrió con Moscú. Una de las metas de la Comisión Europea tras la crisis energética de 2022 ha sido diversificar el abastecimiento para minimizar esa exposición, pero en el primer semestre del año solo cuatro países (Noruega, Estados Unidos, Rusia y Argelia) representaron casi el 90% de las compras de gas del bloque. Un estudio publicado el pasado mes de enero y realizado por tres centros de estudios europeos ya alertó de que el mercado del gas europeo iba camino de volver a caer en el mismo error que cometió durante la década pasada, dando demasiado protagonismo a Estados Unidos. Calcularon que en 2019 este país suministró el 18,8% del gas natural licuado (GNL), el que se transporta por barco, que compró el Espacio Económico Europeo (EEE, que incluye la Unión Europea más Islandia, Noruega y Liechtenstein). Ese porcentaje se disparó desde entonces año tras año y, al cierre de 2025, Estados Unidos representó el 61,4% de todas las importaciones. "Todo el mundo ve que la Administración Trump está chantajeando descaradamente a Europa con Groenlandia. No hay razón para suponer que no querrían explotar la vulnerabilidad de Europa a las importaciones energéticas", advirtió entonces Raffaele Piria, investigador principal del Ecologic Institute e impulsor de la investigación. Lo que sí parece que surtirá efecto es la ruptura total con el suministro ruso. Isaac Levi es investigador del Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA, por sus siglas en inglés) y lleva desde 2022 estimando los ingresos que reciben las compañías rusas con la venta de combustible a Occidente. Explica que la UE ha adquirido casi la mitad (el 48%) de las exportaciones de GNL de Rusia desde diciembre de 2022, de manera que ha sido un comprador clave –el más importante– y que recolocar esa cantidad de gas en otras regiones hundirá su precio, afectando duramente a los ingresos de las compañías rusas y a la recaudación que recibe el Kremlin en forma de impuestos. "Sustituir a los compradores europeos resultará difícil y supondrá rutas mucho más largas y mayores costes de transporte. Además, esto da a China ventaja en materia de precios: al tener menos compradores entre los que elegir, Rusia se ve presionada a ofrecer importantes descuentos, como lo demuestran los cargamentos del proyecto Arctic LNG 2 [uno de sus puertos de licuefacción y exportación de gas] que se vendieron a China a precios entre un 30% y un 40% inferiores a los del mercado", afirma a infoLibre.

A menos de tres semanas de las elecciones legislativas en Estados Unidos y con las encuestas apuntando a un escenario complicado para los republicanos, a Donald Trump parece que le han entrado las prisas para intentar revertir la situación. El principal problema que señalan los ciudadanos es el alto coste de la vida y el presidente estadounidense no ha podido contener una inflación que ya alcanza el 3,7%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. Los deberes no están hechos y ahora busca soluciones rápidas para un problema complejo. Perder el control de las cámaras supondría un gran revés para él, pues su capacidad de actuación se vería drásticamente reducida. Washington anunció el pasado viernes un acuerdo con Putin para permitir la comercialización de diésel ruso en el mercado estadounidense e internacional, con un suministro inicial de 300.000 toneladas en octubre y otras 500.000 en noviembre. Dos días después, Trump comunicó una supuesta tregua energética entre Rusia y Ucrania para detener los ataques contra las infraestructuras de ambos países. El objetivo inmediato de Trump es contener los precios de los combustibles y mejorar así las perspectivas republicanas de cara a las legislativas. Con este acercamiento a Moscú también busca desviar la atención hacia la guerra en Ucrania y alejarla de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron el cierre del estrecho de Ormuz y agravaron todavía más las tensiones en el mercado energético. La tregua anunciada por Trump, sin embargo, no parece haber tenido ningún efecto real en el terreno. Los bombardeos rusos sobre instalaciones energéticas ucranianas han continuado, lo que ha llevado a Kiev a dar por terminado el cese de ataques. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció el jueves que retomaría la ofensiva contra las refinerías rusas y sus fuerzas ya han alcanzado al menos una instalación en Riazán, provocando un incendio. A estas tensiones se suma la denuncia de Ucrania de que SpaceX, la empresa de Elon Musk, ha restringido el uso militar de Starlink, un sistema de comunicaciones por satélite fundamental para sus operaciones con drones. Musk asegura que las restricciones dependen del Gobierno y el Ejército estadounidense, aunque no se ha demostrado que Trump ordenara aplicarlas como medida de presión. Las decisiones de Washington coinciden con una estrategia aparentemente contraria a la que lleva a cabo la Unión Europea. El pasado lunes, los ministros de Exteriores de los Veintisiete aprobaron el mayor conjunto de nuevas sanciones individuales contra Rusia desde el inicio de la invasión. Las medidas afectan a 1.569 personas y entidades vinculadas al complejo militar-industrial ruso, entre ellas 826 empresas y 743 directivos. Pese al posible distanciamiento entre Washington y Bruselas, Europa había accedido apenas una semana antes a liberar reservas estratégicas de combustible tras las presiones de Trump, que llegó a amenazar con prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel si los países europeos no contribuían a aliviar la escasez mundial. El 2 de octubre, el G7 acordó movilizar 100 millones de barriles de petróleo y derivados, bajo la coordinación de la Agencia Internacional de la Energí, una decisión que refleja los esfuerzos europeos por mantener la cooperación con EEUU, pese a las crecientes diferencias entre ambos aliados. El acuerdo sobre el diésel ruso ha encontrado resistencias incluso dentro del Partido Republicano. Una docena de senadores, la mitad de ellos de esta formación, han pedido a Trump que dé marcha atrás en una decisión que consideran un respaldo económico a Moscú. En una carta enviada a la Casa Blanca, los legisladores califican el pacto de “regalo a nuestro adversario” y advierten de que puede perjudicar a Ucrania y a los intereses estadounidenses. Las críticas llegan en un momento delicado para los conservadores. Los sondeos apuntan a una ventaja demócrata para recuperar la Cámara de Representantes y a una disputa cada vez más ajustada por el Senado, donde los demócratas necesitan arrebatar cuatro escaños a los republicanos para hacerse con la mayoría. Una tarea complicada, ya que buena parte de sus oportunidades de victoria se encuentran en estados tradicionalmente conservadores, pero que las encuestas empiezan a ver posible. Alana Moceri, profesora de Relaciones Internacionales de IE University, explica que Trump busca contener unos precios energéticos que tienen un impacto directo sobre el electorado. “Es algo muy visible. Todo el mundo conduce a sus trabajos y está muy pendiente de sus coches”, señala. La experta recuerda la importancia del diésel para sectores como el transporte y la agricultura, tradicionalmente próximos a los republicanos. Una interpretación que comparte Mariano Aguirre, investigador senior no residente del CIDOB e investigador asociado de Chatham House. A su juicio, Trump busca transmitir a estos colectivos que “el presidente piensa en ellos”, aunque el combustible continúe caro. Sin embargo, el alcance real de las medidas podría ser limitado, pues la capacidad exportadora rusa se ha visto afectada por los ataques ucranianos contra sus refinerías. Aguirre recuerda que sus exportaciones de diésel han caído de unos 850.000 a 190.000 barriles diarios, por lo que Moscú también se enfrenta al riesgo de desabastecer su mercado interno. Considera probable que Putin tenga dificultades para cumplir los volúmenes anunciados y eso haría que Trump no consiguiese reducir significativamente los precios antes de las elecciones. Pero el componente electoral no explica por completo el acercamiento. Anna López, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa, identifica tres objetivos: frenar el encarecimiento del coste de la vida, presentarse como el dirigente capaz de negociar directamente con Putin el final de la guerra y priorizar los intereses estadounidenses frente a sus aliados. “Trump está tratando la guerra como una negociación transaccional, no como una cuestión de seguridad colectiva”, resume. Aguirre va más allá y sitúa estas decisiones dentro de una visión internacional en la que Estados Unidos, China y Rusia negocian sus respectivas áreas de influencia, relegando a Europa a un papel secundario. Aunque el acuerdo no consiga abaratar sustancialmente los combustibles, sus consecuencias políticas y económicas para Rusia pueden ser considerables. Washington ha autorizado determinadas operaciones con diésel ruso hasta abril de 2027, abriendo nuevas vías comerciales mientras Moscú mantiene su ofensiva. Para López, el acercamiento de Trump supone un doble beneficio para Putin. “Rusia consigue ingresos, pero también algo políticamente muy importante, y es que EEUU vuelva a tratarla como un socio comercial con el que se pueden cerrar acuerdos”, explica. En esta misma línea, José Manuel Corrales, profesor de Economía, Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad Europea, considera que la decisión estadounidense envía un mensaje a la comunidad internacional al demostrar que el aislamiento del Kremlin no es absoluto y que las sanciones occidentales pueden negociarse. Al otro lado del frente, las concesiones estadounidenses dejan a Ucrania en una posición especialmente delicada ante la proximidad del invierno. Rusia continúa bombardeando sus infraestructuras eléctricas mientras Kiev depende de la ayuda occidental para mantener su defensa antiaérea y reparar las instalaciones dañadas. A ello se suma el riesgo de que la flexibilización de las sanciones estadounidenses proporcione nuevos ingresos al Kremlin para financiar la ofensiva rusa. A la vulnerabilidad militar y energética se añade la diplomática. Según López, la decisión de Trump debilita la idea de que la invasión de Ucrania tiene costes internacionales y puede reforzar la posición negociadora de Putin. La politóloga advierte de que Kiev se enfrenta así a una doble vulnerabilidad, marcada por los ataques rusos contra su red energética y la creciente incertidumbre sobre el respaldo de Washington, del que depende para sostener parte de sus capacidades defensivas. Corrales añade que la normalización de las exportaciones de diésel ruso puede reducir los incentivos de Moscú para negociar el final de la guerra. La divergencia entre Washington y Bruselas coloca a la Unión Europea ante un desafío estratégico. Mientras Estados Unidos flexibiliza las restricciones al comercio energético ruso, los Veintisiete insisten en mantener la presión económica sobre Moscú. López considera que las medidas europeas siguen siendo relevantes, porque dificultan el acceso de Rusia a tecnología y componentes militares, pero advierte de que su eficacia puede verse limitada si otros actores facilitan nuevas fuentes de financiación a Moscú. “La cuestión es si Occidente seguirá actuando como una coalición o si Putin podrá aprovechar sus divisiones para negociar desde una posición más favorable”, apunta. Para Corrales, esta contradicción evidencia una diferencia de prioridades entre los aliados. Mientras Washington busca aliviar sus problemas económicos inmediatos, Europa se juega su propia arquitectura de seguridad. El experto defiende reforzar la vigilancia sobre las vías utilizadas para eludir las sanciones, incluida la flota fantasma rusa, y reducir la dependencia energética europea. Pero mantener las sanciones no basta para garantizar el respaldo a Ucrania. Moceri insiste en que Europa tendrá que asumir una proporción creciente del esfuerzo, no solo mediante financiación, sino también con coordinación política y capacidades militares. Al mismo tiempo, considera imprescindible intentar mantener a Estados Unidos implicado, aunque la imprevisibilidad de Trump dificulte cualquier estrategia conjunta. Aguirre cree que la respuesta europea tampoco puede limitarse a incrementar el gasto militar. Propone impulsar una ofensiva diplomática propia que incluya interlocución con Ucrania, Rusia y otras potencias con capacidad de mediación. A su juicio, la UE necesita demostrar voluntad política para actuar sin depender permanentemente de las decisiones de Washington.